La primera semana de agosto venció el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas anuales (DD.JJ.) a que están obligados casi 38.000 empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Dado el carácter público del sistema de DD.JJ., en los últimos días abundó información al respecto. Por esta razón, parece oportuno reflexionar acerca de este instrumento y su aporte a la transparencia del Gobierno y, en definitiva, a la consolidación de las instituciones de la democracia.

En primer lugar, se volvieron a verificar los altos niveles de cumplimiento que han caracterizado su funcionamiento. No obstante, transcurridos los plazos legales, quienes estén en mora serán intimados a cumplir. Aquellos que no lo hicieran sufrirán recortes en sus salarios, además de las sanciones administrativas y judiciales correspondientes. La Oficina Anticorrupción (OA) ha puesto en marcha un plan de fortalecimiento del sistema que no sólo supone una incorporación normativa (retención de haberes), sino que intensifica los controles sobre el universo de funcionarios obligados, el cumplimiento en la presentación, la variación patrimonial y los conflictos de intereses.

El sistema de DD.JJ. prevé la presentación por parte de cada funcionario de una declaración jurada al momento de iniciar y de finalizar su función y todos los años mientras dure su gestión. En todos los casos deben informar su situación patrimonial, sus ingresos y todas las actividades adicionales que realiza. También todo lo referido a su cónyuge y/o a familiares a cargo.

Las evaluaciones realizadas por distintos organismos internacionales (ONU, Banco Mundial, OEA, etc.) acerca del sistema de DD.JJ. del Poder Ejecutivo Nacional han sido coincidentes: se trata de un sistema modelo, un instrumento preventivo de gran utilidad, como lo prueban las recurrentes solicitudes que realiza el Poder Judicial para servirse de su información.

Cabe destacar que el conjunto de la información suministrada por los funcionarios se somete a diversos controles formales y de contenido y que también se cruza con otros registros públicos y privados a los fines de corroborar su exactitud o establecer posibles omisiones. Un riguroso examen se aplica a cada una de las presentaciones que corresponden a las autoridades superiores, alrededor de 1800 funcionarios. Asimismo, y con ayuda de un sistema informático, se seleccionan sobre la base de variables significativas (variaciones patrimoniales, funciones relevantes, etc.) universos específicos de empleados y funcionarios a los que se les efectúan los mismos controles que los que se realizan a las autoridades superiores. De este modo, cerca de 4000 casos al año son objeto de una exhaustiva revisión de lo declarado, generándose más de 700 notas con solicitudes de aclaraciones a funcionarios y/o derivaciones al Poder Judicial.

Todo este trabajo está a cargo de la Unidad de Declaraciones Juradas de la OA (UDJ) integrada por personal técnico, capacitado y con vasta experiencia en la materia que se ocupa desde la creación misma de la Oficina de estas tareas. Es el personal de línea el que efectúa la evaluación de todas las DD.JJ., el que establece las solicitudes de aclaraciones o el que promueve el inicio de investigaciones. En esta UDJ no existen los llamados “integrantes políticos”. El ejemplo palmario lo constituye el reemplazo (por fallecimiento ) de quien fuera la autoridad responsable del área sucedido a comienzos de 2011; en su lugar, se designó a personal de planta de la Oficina. De igual modo, son los formularios, instructivos y protocolos de análisis originados con la puesta en marcha del sistema a comienzos de 2000, los mismos que se siguen aplicando en la actualidad. Se trata de una política de Estado coherente que se remonta al origen del sistema.

No existe en el resto del país, en ningún Poder Ejecutivo provincial, ni en los otros poderes nacionales, un sistema tan completo y a disposición de la ciudadanía como el que se aplica en el Poder Ejecutivo Nacional. Sus funcionarios rinden cuentas a los ciudadanos y el Estado, debidamente, los controla.

* Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción.