El síndico de la quiebra de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica), Martín Stolkiner, declaró ayer ante el juez federal Ariel Lijo que siempre trató con Alejandro Vandenbroele, primero porque encabezó el fondo The Old Fund, que fue el protagonista del levantamiento de la quiebra, y porque luego también Vandenbroele se constituyó en principal ejecutivo de la calcográfica. Stolkiner dice que se reunió con Vandenbroele dos veces y que su función como síndico es que se cumpla con los acreedores, lo que está ocurriendo en forma normal.

Vandenbroele ya ha dicho en forma pública –a través de una solicitada– que el fondo es propiedad de la familia Ciccone y de otros accionistas, a los que no identificó, que hicieron los aportes para levantar la empresa quebrada. Ese fondo, The Old Fund, aportó los aproximadamente 50 millones de pesos que hicieron falta para normalizar la empresa. Y es en este terreno donde tanto el juez de la quiebra, Javier Cosentino, y ahora el síndico afirman que no les compete saber quiénes son los integrantes de The Old Fund, sino que se pague como corresponde a los acreedores y que la empresa funcione como corresponde.

El síndico no aportó elementos importantes para el expediente en el que se investigan básicamente dos puntos: si hubo o no negociaciones incompatibles con la función pública –se evalúa el comportamiento de la AFIP y del entonces ministro de Economía, Amado Boudou– y si hubo o no lavado de dinero.

Stolkiner dijo que no le corresponde opinar sobre los planes de la AFIP, sólo velar que la empresa cumpla con lo acordado. Y lo mismo respecto de los demás acreedores. En este terreno, también Vandenbroele tiene un papel protagónico porque representa a 42 acreedores.

Lijo está esperando los informes sobre movimientos de dinero, para determinar justamente si hubo lavado de dinero, y hoy va a declarar uno de los principales funcionarios de la AFIP, Guillermo Michel, quien seguramente le explicará al magistrado qué planes y sobre la base de qué legislación se le otorgaron las facilidades de pago a la ex Ciccone.

Por lo que se sabe hasta ahora, en Tribunales sostienen que el dictamen firmado por Boudou “fue razonable”: le decía a la AFIP que cumpliera con su responsabilidad de cobrar y que el interés del Gobierno era que no se perdieran los puestos de trabajo ni una empresa estratégica. Pero el juez quiere saber si la AFIP pidió el levantamiento de la quiebra antes de que la ex Ciccone firmara el plan de pagos de su deuda y en ese caso por qué lo hizo.