Con el voto del Frente para la Victoria, de sus aliados y algunos opositores, el Senado aprobó la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica y envió el proyecto para su tratamiento en Diputados, donde el oficialismo planea convertirlo en ley la próxima semana. En un debate duro pero sin sorpresas, que incluyó acusaciones al vicepresidente Amado Boudou, se declaró de “utilidad pública y sujeta a expropiación” la Compañía de Valores Sudamericana, que pasará a la órbita de la Casa de Moneda. El vicepresidente resistió sin responder los cuestionamientos opositores, mientras que los senadores Miguel Pichetto, Aníbal Fernández y Marcelo Fuentes encabezaron la defensa de la iniciativa y del titular de la Cámara. El acompañamiento de los opositores Luis Juez, Juan Carlos Romero y Sonia Escudero sirvió para consolidar un amplio margen a favor de la expropiación, que alcanzó 44 votos positivos y 20 en contra.

El proyecto consta de nueve artículos, en los que se establece la expropiación en los términos que fija la Constitución Nacional, con la cotización del Tribunal de Tasación de la Nación. El texto establece que se mantendrán las fuentes de trabajo y se tendrá en cuenta la deuda que CVS mantiene con el Estado nacional, el principal acreedor de la compañía. Según el detallado informe que realizó Aníbal Fernández, la ex Ciccone le debe 250 millones de pesos a la AFIP. “La cantidad de deudas que tiene la empresa con el Estado es enorme. La vocación del Gobierno es recuperar algo que nunca debió haber dejado de estar a cargo del Estado para evitar que en cualquier lugar del país se sigan haciendo negocios, o curros, como quieran llamarlo, con lo que les pertenece a todos los argentinos”, sentenció con su estilo desenfadado el ex jefe de Gabinete.

Como miembro informante, Fernández describió el proceso de “desguace” al que fue sometida la Casa de la Moneda y del que responsabilizó a los gobiernos de Fernando de la Rúa, de Eduardo Duhalde y a la gestión de Martín Redrado al frente del Banco Central, en connivencia con gerentes de la empresa Boldt, principal competidora de la ex Ciccone. En un ejercicio de autocrítica personal, se reconoció firmante del decreto 777 de Duhalde, que le quitó a la Casa de Moneda la exclusividad en la producción de papel moneda. “Pero el colmo se produce en 2009, cuando Boldt gana la licitación para imprimir los padrones electorales y como no podía cumplir con los plazos, ¿a quién subcontrata? A la Casa de la Moneda. ¿No es buenísimo?”, se preguntó el senador kirchnerista.

Poco después, el cordobés Luis Juez recordó ese tramo de la exposición de Fernández en clave de crítica humorística. “¿Ahora descubrieron que Boldt llegaba siempre antes a las licitaciones? ¡Muchachos, saben cómo corre ese negro!”, exclamó Juez en referencia a Usaín Bolt, el velocista que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Si bien adhirió a las críticas de la UCR, Juez se manifestó coherente con el proyecto de expropiación que había presentado en abril y señaló que “no hay ningún motivo para que los fiscales y jueces de la República no puedan llegar al fondo de la cuestión”. No lo entendieron así sus tres compañeros de bloque del Frente Amplio Progresista, Rubén Giustiniani, Jaime Linares y Norma Morandini.

Los cuestionamientos más encendidos vinieron de la UCR, que prefirió desentenderse del proyecto de expropiación presentado hace cuatro meses por su jefe de bloque de Diputados, Ricardo Gil Lavedra. “Lo que hoy deberíamos discutir es el rol del Estado, pero el de esta última década en la que gobierna el oficialismo”, arrancó Ernesto Sanz, que lanzó una serie de interrogantes vinculados con la contratación de CVS por el Estado y su composición accionaria. “En este caso, en el de Ciccone, la verdad está muy lejos, en los tribunales está lejos, en el Congreso está lejos, porque las preguntas no tienen respuestas. La UCR no va en contra de una expropiación, va en contra de la ausencia de verdad”, remató.

Fueron senadoras con habitual bajo perfil quienes cargaron personalmente contra Boudou. “Usted puede ayudar proveyendo los nombres de las personas que quiso beneficiar”, dijo la aliada radical Blanca Monllau, en referencia a los supuestos vínculos entre el director de CVS, Alejandro Vandenbroele, y el vicepresidente. La peronista chubutense Graciela Di Perna aseguró que el proyecto “se utiliza para apagar un incendio de corrupción y sacar de la tapas de los medios algo que involucra a altos funcionarios de gobierno”. Completó la saga de cuestionamientos la radical cobista Laura Montero: “Tantas son las dudas que me quedan que pensaba: ¿si llegáramos a un empate, el presidente del Senado, estando en estas condiciones, se sentiría habilitado para desempatar en el recinto?”. Miguel Pichetto le preguntó si el ex vicepresidente Julio Cobos “lo hubiera hecho mejor”, ironizando sobre el voto “no positivo”. “Seguramente”, retrucó la radical.

En el oficialismo cerraron filas en defensa del vice. El senador Fuentes denunció una “puesta en escena” para atacarlo y le reclamó “autonomía” a la oposición para que la agenda política “no se la dicten a través de un multimedio”. En el mismo sentido, Walter Barrionuevo sostuvo que el Grupo Clarín “eligió como blanco de sus ataques” a Boudou porque no le perdonan “ser mentor intelectual y ejecutor material de la recuperación por parte del Estado del sistema previsional argentino”.

Para cerrar, Pichetto cuestionó la construcción del prestigio de algunos jueces que actúan imprudentemente –en referencia a Daniel Rafecas– y señaló que en países como Francia el presidente y el vicepresidente tienen “inmunidad” durante su mandato “para que no ocurra lo que le sucedió al vicepresidente, quien fue víctima del desprestigio y sufrió el peso del soporte mediático y de la acción dirigida a lesionar su imagen para que pierda legitimidad”.

Con el resultado de ayer, el oficialismo ratificó su mayoría en la Cámara alta. A sus 33 miembros, les sumó los votos de algunos aliados como el neuquino Horacio Lores, los correntinos José Roldán y Josefina Meabe, el porteño Samuel Cabanchik y los sabattellistas fueguinos Osvaldo López y María Rosa Díaz. Además acompañaron los peronistas pampeanos Carlos Verna y María Higonet. Por último, se sumaron tres senadores que suelen representar posiciones claramente antagónicas al kirchnerismo: Romero, Escudero y Juez. Así se cristalizó el proceso de desintegración que vive el peronismo disidente, que se repartió entre las ausencias de Carlos Reutemann, Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, el apoyo de Romero y Escudero y el encendido rechazo de la puntana Liliana Negre de Alonso. “Es la primera vez que me aparto de mi bloque para votar. Me siento cansada de los innumerables avasallamientos al Congreso. No creo que la ley sea para tapar supuestos hechos delictivos. En todo este tiempo, si el juez Lijo no secuestró toda la documentación deberíamos hacerle juicio político por mal desempeño”, señaló Negre de Alonso, quien se mostró indignada por errores de forma del oficialismo.

Tras más de siete horas, el oficialismo sorteó un tema difícil que se repetirá en Diputados, ya sin la presencia de Amado Boudou.