Dos palabrejas tan simples como “tomar nota” pueden ser una banalidad o un síntoma. El miércoles último, durante un debate en la OEA sobre Paraguay, esas palabras fueron un síntoma de que Unasur, con un papel protagónico de la Argentina y Brasil, pasó a ser un bloque político en acción. No toleró que la actual situación paraguaya fuera presentada como “normal”. El bloque se mantuvo activo y sólo dos días después, el viernes, logró una declaración de consenso a favor de Ecuador por el caso Assange.

Todo comenzó cuando se realizó una sesión extraordinaria sobre Paraguay en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El chileno José Miguel Insulza, secretario general, dijo que en Paraguay observa “una situación que desde el punto de vista político es de plena normalidad” y que, por eso, “existen buenas condiciones para iniciar un diálogo político sobre la posibilidad de superar esta fuerte división que ha provocado la destitución del presidente Fernando Lugo”. Uno de los datos del informe de Insulza era que Lugo no había sufrido restricciones a su libertad personal.

Después de tres horas de debate sobre Paraguay y tras constatar el desacuerdo, Insulza pidió “tomar nota” de lo que habían dicho los delegados de cada país.

Pablo Bustamante, en representación de la Argentina, dijo que se oponía a la idea de Insulza y que, en cambio, sólo quedaran reflejadas las intervenciones en el acta de sesiones.

“Tomar nota significa reflejar en acta”, replicó Insulza. “No pretendí que se dé un acuerdo, sino simplemente que se tome nota.”

Roy Chaderton Matos, embajador de Venezuela, apoyó al argentino. “Tomar nota es una decisión”, dijo.

José Hernández García, de México, pidió apoyar a Insulza y su iniciativa de enviar una misión preelectoral que facilitara el diálogo político.

“Una misión de la OEA sería la acción apropiada para fortalecer el diálogo en el país”, dijo la representante norteamericana, Carmen Lomellín.

En cambio, el delegado de Brasil cuestionó el informe preliminar de Insulza.

Uruguay hizo lo mismo: recordó que en Paraguay, para la Unión Suramericana de Naciones, se produjo una ruptura del orden constitucional.

Perú siguió igual posición. También Ecuador.

Tras las expresiones “tomar nota” y “normalidad” se esconde el fondo del debate americano, que refleja la existencia de dos posiciones encontradas.

Por un lado la postura de Unasur, que quiere dejar registrada su conclusión sobre que la destitución de Lugo fue una interrupción del orden constitucional. El bloque llegó a esa interpretación luego de cuestionar, por ejemplo, que el presidente no tuvo derecho a defensa y que todo el proceso de juicio político insumió menos de 48 horas. El de Fernando Collor de Mello en Brasil superó los seis meses.

Por otro lado está la posición paraguaya, que funciona en sintonía con Washington y con algunos de los mejores amigos de los Estados Unidos en el continente. Es el caso de México, que además, desde que gobiernan los conservadores del PAN, suele diferenciarse de los sudamericanos. En todo momento, desde la destitución relámpago de Lugo, el gobierno de Federico Franco intentó demostrar que en Paraguay reina la calma. En parte se apoyó en la falta de resistencia popular ante el desplazamiento de Lugo. Tanto Lugo como Franco evitaron los choques directos en la calle. El nuevo gobierno parece concentrado, más bien, en aprovechar los meses que faltan hasta las elecciones de abril para consolidar el proceso de desplazamiento de pequeños agricultores en beneficio de plantaciones de soja cada vez más extensas. Los partidarios de Lugo, entretanto, construyen una alternativa política en la que el ex presidente puede acompañar a un candidato presidencial desde una postulación para el Senado. Rota la alianza con el sector liberal de Franco, que había sido electo vicepresidente en la fórmula de Lugo, las fuerzas de éste no se las ven fáciles para remontar la cuesta y ganar un apoyo popular que las instale otra vez en el gobierno.

Hay dos hechos consumados. Un hecho es la propia destitución de Lugo, que como se sabe no tuvo vuelta atrás. El otro hecho es que habrá elecciones en abril. Era la fecha original de recambio de autoridades en Asunción y no se produjo modificación alguna.

Ante los dos hechos consumados, tanto para Unasur como para el bloque de países más próximo a Washington la discusión sobre las formas de tratar el caso paraguayo se parece a una disputa para dirimir qué precedente queda establecido en los distintos niveles regionales: del Mercosur, de Sudamérica, de América latina y de América entera. La última dimensión es la que, a falta de otros organismos, se tramita de manera multilateral en la OEA.

La cuestión paraguaya tiene otro trasfondo continental: Venezuela. Durante seis años, después de un acuerdo de los presidentes de Mercosur para la incorporación de Venezuela como miembro pleno, la bolilla negra la puso de hecho el Senado paraguayo, que no trató la ratificación del miembro que se sumaría al bloque integrado desde 1991 por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La suspensión temporaria de Paraguay en sus derechos en el Mercosur estuvo acompañada de la incorporación de Venezuela, el 31 de julio último.

En la semana que pasó, el Senado paraguayo votó lo que José Dirceu, el ex ministro y mano derecha de Lula, calificó en su blog de “chiste de la semana”. Se trata del rechazo a la entrada de Venezuela al Mercosur. Pero Dirceu reparó en que no todo es chiste. El texto que niega la ratificación habla de impedir la entrada del gobierno de Hugo Chávez por su presunto carácter “dictatorial y autoritario”. En el futuro, debería entenderse, si cambia el gobierno de Venezuela, el Senado paraguayo podría revisar su actitud.

Assange

La discusión sobre Paraguay antecedió a la polémica en la OEA sobre qué hacer con Julian Assange, aunque en el organismo interamericano el punto se planteó de otro modo. Ecuador y los países de Unasur hicieron hincapié en el costado amenazante de la declaración original británica de la que podía inferirse, por una referencia a una ley de 1987, que el Reino Unido podía violar el territorio de la embajada de Ecuador donde está asilado el creador de Wikileaks.

Al principio, los Estados Unidos, Canadá y Honduras se mostraron reticentes a tratar el caso Assange, pendiente de asilo territorial absoluto, y no sólo asilo diplomático como hasta ahora, a favor de Ecuador. Con el correr de los días, la presión de las naciones de Unasur creció y, tal como informó ayer este diario, al final hubo una resolución de consenso. Si bien la OEA omitió un nombre propio, el del Reino Unido aludió al tema al expresar su solidaridad con Ecuador ante la chance de que fuese violada su representación diplomática. Y para que no quedasen dudas, exhortó a Londres y Quito a entablar un diálogo sobre la cuestión.

En la OEA una resolución por consenso significa un texto aprobado también por Washington. En este mundo, cuando hay bloques de por medio, hasta las grandes potencias terminan negociando.

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