Desde la presidencia del cardenal Jorge Bergoglio en la Conferencia Episcopal, la jerarquía de la Iglesia Católica adoptó un modo de relacionamiento con el poder que combina los espacios y canales institucionales con una paciente y meticulosa estrategia de pasillo en los meandros del poder, mientras al mismo tiempo emite mensajes a la sociedad buscando adhesiones y tratando de crear condiciones políticas para hacer avanzar sus posiciones. Con la llegada del arzobispo José María Arancedo a la presidencia de la Conferencia, esa estrategia no se ha modificado sustancialmente. Apenas cambió la figura y el estilo de quien debe conducir las acciones. Arancedo es menos ríspido, más dialogal y más cordial que Bergoglio. Pero tiene los mismos objetivos y usa idénticos mecanismos. Es más abierto al diálogo, al intercambio, pero eso no significa que sus posiciones y las del cuerpo que preside sean diferentes a las que sostuvo Bergoglio en su momento. Un buen ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con la participación eclesiástica en lo referido a la iniciativa de reforma del Código Civil.

No hay mayores novedades –y por lo tanto tampoco sorpresas– respecto de las posiciones fundamentales de la jerarquía católica expresadas ni en el documento que difundió la Comisión Permanente del Episcopado ni en lo presentado por Arancedo en la audiencia pública de la Comisión del Congreso que trata el asunto. En ambos textos quedan resumidas las resistencias de la jerarquía eclesiástica respecto de las propuestas de reforma relacionadas con los temas de la familia, el matrimonio, la concepción y la procreación artificial, entre otros. En todos los casos, los obispos reafirman la posición doctrinaria católica respecto de estas cuestiones y se oponen a que el código reformado introduzca, para el conjunto de la sociedad argentina, normas que contradigan la perspectiva del catolicismo institucional. El razonamiento es similar en todas las argumentaciones: que la iniciativa “se opone a los criterios evangélicos” y también a “valores sociales fundamentales”, de acuerdo con la interpretación de los obispos.

La presentación de Arancedo en el Congreso siguió los mismos lineamientos ya presentados antes a las autoridades de la Corte Suprema. Pero no sólo vale destacar lo que se dice y se cuestiona sino tener en cuenta también lo que se omite. En ningún caso los obispos –que argumentan formalmente en bien de la igualdad y la diversidad religiosa– objetan que la reforma prevista siga considerando a la Iglesia Católica como una persona jurídica de carácter público, asimilada al Estado –algo de por sí anacrónico, como bien lo explicó Fortunato Mallimaci en su nota “La Iglesia Católica no es una institución estatal”, publicada en Página/12 el 24 de agosto– y generando una evidente desigualdad respecto de otros cultos y tradiciones religiosas. Situación que ha sido reiteradamente denunciada, entre otros organismos, por la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Se argumentará que la Iglesia Católica forma parte de la “argentinidad”, que es incluso anterior al Estado argentino y que el catolicismo es “fundante” del ser nacional. Ninguna razón de peso suficiente para justificar en una norma una desigualdad que viola derechos.

Pero quizá más curioso resulta todavía que los documentos episcopales hayan ignorado un pronunciamiento que igualmente proviene de un ámbito eclesiástico católico, aunque no lleva la firma de los obispos. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) también se presentó ante la Comisión Bicameral, en este caso para reclamar que algunas reformas que se pretenden introducir violan derechos adquiridos por los pueblos originarios y legitimados también por la Constitución de 1994. Se señala en el documento de Endepa que si bien se reconoce formalmente la propiedad comunitaria de la tierra para los indígenas, otras reformas conspiran contra este derecho y, por otra parte, no se considera el derecho de consulta previa e informada de los pueblos en todo lo que pueda afectarlos. De esto, curiosamente, nada dicen los obispos, ni lo incorporaron al texto oficial, aunque Endepa depende institucionalmente de la Conferencia Episcopal.

Otro tema para analizar es si los obispos católicos pueden hablar, como dicen, en nombre de los católicos argentinos. Nadie puede negarles su condición de representantes de la Iglesia Católica. Otra cosa sería pensar que lo que dicen responde al pensamiento y a la práctica de quienes hoy en la Argentina se siguen considerando católicos, pero están lejos de sentirse parte de la institucionalidad católica, aunque la jerarquía los siga contabilizando como tropa propia. ¿Alguien podría decir que lo planteado por la jerarquía responde al sentir mayoritario de estos católicos respecto de las reformas que se quieren producir en el código? ¿O que los católicos se avienen al concepto de matrimonio y familia que el Episcopado defiende?

Además de las presentaciones ante la Bicameral y la Corte, los obispos comenzaron a mover sus influencias en otros niveles. Por una parte se multiplicaron los contactos informales con legisladores que pueden estar cercanos a las posiciones de la jerarquía eclesiástica. Esta estrategia tiene por escenario Buenos Aires, pero especialmente las provincias. Allí, los obispos tienen más influencia e inciden de manera directa sobre gobernadores y dirigentes políticos a través de un trato cercano y directo. Por eso el documento eclesiástico incluyó un pedido a los legisladores para que “sean fieles a la herencia y las tradiciones patrias”, entre las que sin duda incluyen el sustrato cultural católico, y para que “escuchen la voz de su conciencia” aun por encima de sus pertenencias partidarias. También apuntarán a las filas de la oposición, a sabiendas de que para ciertos opositores todo lo que pueda contradecir al oficialismo es agua para su molino. Y si tiene bendición episcopal, mucho mejor.

No habría que perder de vista que si algunos cambios se concretan en un sentido que no es el deseado por la jerarquía católica, lo que ahora se plantea como diálogo pueda transformarse en beligerancia. Y los mismos obispos que en este momento hablan de “contribuir a tener una mejor legislación para todos” a través de una “actitud propositiva”, desempolven otro discurso más cercano a la denuncia por persecución contra la Iglesia.