La jueza Patricia López Vergara le ordenó al Gobierno de la Ciudad que dé uso a los 210 millones de pesos que el gobierno nacional giró desde principios de año, en concepto de subsidios, para los subtes. La administración macrista deberá utilizarlos para volver a poner en marcha 20 formaciones que fueron sacadas de servicio por falta de mantenimiento. Los fondos son parte del acuerdo que el gobierno porteño y el nacional firmaron para el traspaso de la red, por el cual la Nación se comprometió a mandar 30 millones por mes para hacer obras que mejoren la calidad del servicio.

Este es el segundo fallo con que López Vergara le indica a Mauricio Macri que debe ocuparse de los subtes. A principios de mes ya le había ordenado a la Secretaría de Trabajo porteña que interviniera ante el paro que hizo colapsar al sistema de transportes de la ciudad. En aquel momento, los trabajadores y Metrovías pudieron firmar un acuerdo que permitió levantar la huelga, aunque en base a un paquete que por falta de financiamiento quedó atado con alfileres. Como parte del mismo expediente –que se inició por un pedido de amparo de la legisladora María José Lubertino en favor de los usuarios–, ahora la jueza le dice a la Ciudad que debe dar un segundo paso.

“Despropósito”

El fallo todavía no se expide sobre la cuestión de fondo –es decir sobre el tema del traspaso de la Nación a la Ciudad y a quién corresponde la titularidad de los subtes–, sino que plantea que existe el riesgo de que los subtes vuelvan a paralizarse por conflictos gremiales o jurisdiccionales. “El Estado no puede permanecer impasible ante este peligro en ciernes”, advierte.

Que ante este panorama los subsidios enviados por la Nación no se usen a la jueza le parece un despropósito. “Nos hallamos enfrentados al hecho de que hace siete meses se viene acumulando dinero en la cuenta (del fondo fiduciario) sin que tal cuantiosa suma se aplique a las inversiones de infraestructura de la red de subterráneo”, recuerda.

Luego les ordena a las autoridades porteñas que destraben el uso de los 210 millones, “solicitando su entrega (al Banco Nación) con la urgencia que el caso amerita”.

La magistrada pone específicamente que se deben usar para mantenimiento. Y agrega que “deberá tener prioridad la puesta en funcionamiento de las veinte formaciones retiradas por Metrovías y la infraestructura, a fin de resguardar la seguridad en la prestación del servicio, con miras al cuidado y protección de usuarios, trabajadores y bienes”.

Como cualquier escrito judicial, éste es tedioso. No sólo por el lenguaje del Derecho, sino además porque todo el relato del conflicto (de lo retorcido que se volvió el problema) es en sí mismo agotador. Pero cuando puede la jueza se divierte. Por ejemplo, dice que el esfuerzo puesto en las audiencias y gestiones extraoficiales que se vienen haciendo para tratar de resolver las cosas le recuerdan a una reflexión de Alicia en el País de las Maravillas: “Aquí se necesita correr todo lo que puedas para quedarte en el mismo sitio”.

En otro párrafo avizora que en el caso de que el acuerdo que permitió levantar la huelga se caiga, habrá que pasar por un nuevo paro. “Sería como estar inmerso en esa conocida frase de James Joyce, ‘la historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar’.”

Sin fondo

El uso de los 210 millones quedó congelado cuando Macri, luego del accidente ferroviario en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento, dio marcha atrás con el traspaso de los subtes. Los fondos son parte del acuerdo que el gobierno porteño y el nacional habían firmado para el traspaso de la red, y por el cual la Nación se comprometió a poner 30 millones por mes, hasta fines de este año, para mantener la mitad del subsidio al boleto. El esquema era que la Nación pusiera 30 y la Ciudad otro tanto. Como se recordará, Macri dijo que no tenía presupuesto y aumentó el precio del boleto, llevándolo de un peso con diez centavos a dos pesos con cincuenta, para que los 30 millones de la Ciudad ingresaran como recaudación propia.

El jefe de Gobierno porteño contaba con que el transporte de colectivos lo siguiera en el aumento, pero, como se sabe, esto no ocurrió. Por esto miles de usuarios dejaron de viajar en subte para tomar colectivos. Luego la administración macrista dio marcha atrás con el traspaso, y en ese marco no usa los fondos de la Nación.

La concesionaria Metrovías dejó de recibir así los 30 millones de la Nación y tampoco completa los 30 comprometidos por la Ciudad. Por el contrario, asegura que como la cantidad de pasajeros mermó acentuadamente está recaudando menos que antes del aumento del boleto.

Esta situación llevó al paro de diez días, a principios de agosto, cuando los metrodelegados (la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro) decidieron la medida de fuerza en reclamo de que se realizara la negociación paritaria del año. El paro fue levantado con un acuerdo en el que la empresa se comprometió a otorgar un aumento salarial del 23 por ciento y recategorizaciones. Como el tema del traspaso y del uso de los fondos continúa trabado, los metrodelegados advirtieron que el conflicto puede volver a estallar.

“Si a fin de mes los compañeros ven que el acuerdo no se cumple, inevitablemente vamos a ir a un conflicto”, aseguró ayer Roberto Pianelli, titular de la AGTSyP. El tema más sensible es el de las recategorizaciones, porque mientras que el 23 por ciento de aumento anual es una promesa firmada con la UTA a cumplir cuando disponga de los fondos, el acuerdo por las recategorizaciones negociado con los metrodelegados es de cumplimiento inmediato, en el próximo sueldo. Desde la Asociación Gremial no niegan las dificultades financieras generadas que debe enfrentar la empresa por la disputa entre la Nación y la Ciudad a raíz del traspaso, pero aclaran que la concesionaria tiene su propia responsabilidad ante sus empleados “porque no es un kiosquito”: ha obtenido millonarias ganancias en los últimos diez años y es parte del Grupo Roggio, con inversiones internacionales.

Tener no es poder

El archivo revela que Macri, aun contando con fondos para el subte, no siempre los ha usado. Aunque asegura que se hará cargo del traspaso cuando la Nación le garantice dinero suficiente para que el servicio sea seguro, el jefe de Gobierno porteño acumula denuncias en sentido contrario.

Un informe de los trabajadores de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y un documento del bloque de legisladores de Nuevo Encuentro publicados por Miradas al Sur señalan que subejecutó presupuestos con los que contaba para mantener y mejorar la red. Durante el primer año de gestión, en el 2008, el presupuesto del Sbase fue utilizado en su totalidad (tuvo que pagar obras que habían sido licitadas por su antecesor), pero al año siguiente, de un total de 447 millones destinados al subte utilizó sólo 145, es decir que el 70 por ciento no fue invertido. En el 2010 volvió a no usar la mayor parte del presupuesto destinado a los subtes: tuvo 1325 millones destinados a ese fin, y ejecutó apenas 436. Parte de esos 1325 millones incluye un préstamo de 300 millones de dólares que Macri pidió para los subtes, a una tasa del 12,5 por ciento anual en dólares y pagando comisiones por cerca de seis millones de dólares. Según la Auditoría General de la Ciudad, a dos años de tomado el préstamo de los 1200 millones de pesos sólo fueron invertidos en la red 750. El año pasado levantó la puntería y la Sbase usó el 92 por ciento de sus fondos. De liberar los subsidios depositados por la Nación, el jefe de Gobierno porteño tendrá un control más estricto, ya que deberá informar semanalmente al juzgado qué uso les está dando.