La comisión bicameral de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial continuó con su agenda de audiencias públicas. Ayer expusieron representantes de organismos de derechos humanos como el CELS, referentes de pueblos originarios, asociaciones de abogados, intelectuales y académicos como el sociólogo Fortunato Mallimaci. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Diego Morales y Carolina Varsky remarcaron la trascendencia y responsabilidad institucional de la reforma y plantearon modificaciones en materia de vivienda, salud mental, acceso al agua, libertad de expresión, además de una cuestión “estructural”, vinculada con la incorporación del desarrollo del derecho internacional en materia de derechos humanos.

La tercera audiencia de la comisión bicameral mostró una baja concurrencia de diputados y senadores, que acompañaron de manera irregular las más de 35 ponencias. La reunión pasó a cuarto intermedio hasta el martes, cuando finalizarán las exposiciones en el Congreso Nacional y comenzarán las visitas al interior del país. Una de las exposiciones más relevantes fue la del CELS, que organizó su postura en tres ejes centrales. Por un lado, planteó la necesidad de incorporar como fuente del derecho interno los avances jurídicos en materia de derechos humanos a nivel internacional. En segundo lugar, solicitó “reinterpretar en clave de derechos humanos” los derechos que aparecen en el Código Civil unificado. Por último, solicitó que se habilite una vía de acción colectiva para grupos sociales vulnerables, ya sea por su situación económica, su nacionalidad o su pertenencia a comunidades indígenas.

Varsky pidió que sea reflejado en el código el resultado de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en los que se demostró una red de complicidad civil con el poder militar. “Debería incorporarse la mención a la existencia de un interés social imperecedero por reparar las consecuencias del accionar represivo y por remediar los efectos que todavía persisten de las injusticias más graves”, señaló el CELS en el texto presentado a la comisión. La titular del área de Litigio y Defensa Legal del CELS resaltó los avances que contiene el código en materia de libertad de expresión, aunque reclamó que se incorpore el “interés público” como excepción a la posibilidad de reclamar una indemnización por acciones que impliquen entrometerse en “la vida privada”. Entre otras cosas, Morales sostuvo que debe garantizarse el derecho al agua y que su regulación debe seguir las definiciones que aparecen en los tratados internacionales.

El vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado volvió a plantearse ayer como tema de debate. Mientras representantes del Colegio de Abogados de la Capital Federal se mostraron alarmados por los avances en materia de familia, adopción y matrimonio, el sociólogo Fortunato Mallimaci recordó que fue la reforma del Código realizada por la dictadura de Juan Carlos Onganía la que otorgó status de persona jurídica de derecho público a la Iglesia y señaló que por primera vez, en democracia, los legisladores tienen la oportunidad de eliminar esos privilegios para recoger la “pluralidad” de la sociedad, con una “propuesta democrática y participativa”.

Siete organizaciones que agrupan a pueblos originarios expusieron ayer sus críticas al nuevo Código, centradas en el reconocimiento de las comunidades como personas jurídicas de derecho público y en la falta de consulta para legislar en materias que afectan sus intereses. “¿Cuál es el interés del Estado, que debe velar por las leyes, en incluirnos en el derecho privado? ¿Será por interés económico, impositivo, extractivo o con fines de expropiación?”, preguntó Angélica Tena, de la agrupación Tormenta Calchaquí.