Los fanáticos de las políticas de Estado –las que no generan discusión en la mayoría de los argentinos– tienen dos a mano. Una es la revisión judicial de los crímenes de lesa humanidad. Otra, la Asignación Universal por Hijo.

La dinámica de la democracia es tan potente que la sociedad suele dar por cumplidas unas expectativas cuando se convierten en políticas normales. Entonces, renueva sus demandas.

Ocurrió con la democracia misma. Tras casi 29 años es motivo de celebración permanente. No está mal para un país que soportó una de las dictaduras del mundo donde la crueldad llegó a niveles de mayor sistematicidad. Pero siempre se agregan novedades. Ya no, por suerte, sobre la existencia misma de la democracia. Sí acerca de su calidad. Una prueba es la discusión sobre el voto a los 16 años y la generalización del derecho a los extranjeros. Fue una prueba el matrimonio igualitario. Lo será la reforma del Código Civil. Y comisiones del Congreso ya tratan la despenalización del aborto.

Un nuevo debate parece estar comenzando sobre la Asignación Universal por Hijo que reciben desde 2009 los hijos de los trabajadores informales, de los de-socupados, de los monotributistas sociales y de las empleadas domésticas.

El punto novedoso no es sólo el aumento, que como informó el viernes este diario es inminente, sino los períodos de actualización de una herramienta que tiene relación directa con la eliminación de la indigencia.

El consultor Artemio López publicó en este diario una columna el 25 de julio último sugiriendo un cambio: “En un contexto de inflación de alimentos como el que se vive, es indispensable lograr una actualización temporal más acotada que la actual, al menos actualizarse dos veces al año junto a las jubilaciones y pensiones y no una sola vez con las asignaciones familiares. Observemos que los 270 pesos actualizados en septiembre de 2011, hoy ya sólo representan 200 y en octubre, antes de ser actualizado su monto, equivaldrán a 190 pesos”.

La asignación pasó de 220 pesos en 2010 a los 270 de 2011. El aumento fue del 22,75 por ciento. Si a esos 270 se les aplicara una cifra superior, por ejemplo un 25 por ciento de aumento, la asignación alcanzaría en 2012 los 337,5 pesos. La cifra del 25 por ciento surge de tomar el mismo porcentaje utilizado la semana pasada para incrementar el salario mínimo, vital y móvil.

Salvo entre racistas y despreciativos que detestan, en verdad, a sus beneficiarios, la AUH tiene apoyo sólido y las críticas no piden su anulación sino lo contrario.

Por ejemplo un dirigente opositor, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, escribió el 6 de junio último en Clarín que las asignaciones para dos hijos debían estar en 630 pesos en lugar de los 540 vigentes. Es decir 315 pesos por hijo y no 270 por cada uno. Podrían actualizarse esos 315 pesos de junio a septiembre pero nunca habría un abismo entre esa propuesta y la política oficial.

El diputado nacional Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, propuso implantar la AUH por ley. También proyectó ampliar su cobertura y cambiar el sistema de actualización, que el site Buenos Aires para Todos sintetiza textualmente así: “El proyecto propone que los montos previstos de las Asignaciones sean iguales al valor de cada una de las asignaciones equivalentes en la Ley 24.714 correspondientes a la menor categoría salarial vigente antes de la sanción de la presente ley y respetando los valores diferenciales estimados para cada zona geográfica”.

Un trabajo publicado en 2010 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) rescató la AUH como herramienta de distribución del ingreso gracias a su cobertura, porque excede el mundo de los hijos de los trabajadores que se insertan en puestos asalariados registrados. La investigación fue realizada por Ana Laura Fernández, Marcos Gallo, Mariana L. González y Marcela Scavini y apareció como documento de trabajo en noviembre de 2010, 13 meses antes de que el orientador del Cenda, Axel Kicillof, asumiera como viceministro de Economía. Kicillof era gerente de Aerolíneas Argentinas y aún carecía de las funciones actuales de coordinación de los intereses estatales en empresas privadas o de formulación de estrategias en los sectores energético o eléctrico.

“Tal como podía preverse a partir de las características del sistema, la AUH tiene un impacto mayor entre los niños de los hogares de menores ingresos”, dice el texto del Cenda. “En efecto, el 70,9 por ciento de los menores que reciben la AUH pertenecen al 20 por ciento de hogares de menores ingresos, mientras que sólo el 30,3 por ciento del total de niños beneficiarios de asignaciones contributivas pertenece a este segmento.”

Al sugerir formas de extensión o profundización de la AUH, el documento del Cenda propone combinarlo “con otras políticas que podrían focalizarse en los hogares que siguen estando en situación de vulnerabilidad, como podrían ser transferencias orientadas a hogares pobres con niños”.

El mes pasado Cristina Fernández de Kirchner extendió la cobertura a las mujeres embarazadas en condiciones de precariedad social o laboral.

En cuanto a su continuidad en el tiempo –puesto que la AUH surge de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social– el documento destaca que la Anses debería recibir un mayor aporte tributario que no se origine en el Impuesto al Valor Agregado, porque el IVA lo pagan también los beneficiarios de la AUH en la compra diaria de alimentos. Otro punto a revisar podría ser “el aumento de las alícuotas de los aportes patronales que fueron recortadas en el marco de la reforma previsional de 1994”. En ese entonces era presidente Carlos Menem y ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.

El documento del Cenda analiza otras variantes dentro del actual esquema impositivo y desliza una propuesta fuera de él, relacionada con el gravamen a las ganancias financieras. Dice: “Los recursos adicionales que requiere la ampliación del régimen de asignaciones familiares deberán provenir necesariamente de los impuestos que gravan al capital, ya sea mediante un incremento de las alícuotas de los aportes patronales o bien mediante una reforma tributaria que acentúe la preponderancia de gravámenes como el Impuesto a las Ganancias y a los bienes personales, además de considerar la implementación de tributos hoy inexistentes, como el impuesto a la renta financiera”.

De modo que el debate sobre cómo ampliar los beneficios de la AUH lleva como mínimo dos años. Si se aumentara la frecuencia, claro, alguien podría decir que el trato no es igual para todos. Tendría razón en la forma, pero estaría equivocado. Es obvio que un Estado no puede tratar igual a los poderosos, a la clase media y a los más pobres e indigentes. Tampoco parece que fuera a desatarse una catástrofe estadística. Sería absurdo pensar, por ejemplo, que si el Gobierno introdujera una actualización más frecuente de la AUH estaría reconociendo que la inflación es mayor a los índices de precios medidos por el Indec. El absurdo es que ya nadie, salvo el propio Indec, se maneja con ese índice cuando toma una decisión. Si los precios aumentaron un 10 por ciento, ni siquiera lo tuvo en cuenta la Presidenta como tope. Lo dejó de lado al aplicar el 25 por ciento al aumento del salario mínimo, vital y móvil.

Es que frecuencia y sintonía fina suenan a palabras de un mismo universo.

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