Los docentes expulsados de la escuela Monte Castro por la gestión PRO entraron en un salón repleto de maestros que participaban de un congreso pedagógico. Los aplaudieron de pie. La directora de la escuela –separada de su cargo por una teatralización sobre Mauricio Macri y Esteban Bullrich– improvisó algunas palabras. Pero ellos no esperaban aplausos. Tampoco les interesa ser mártires. Sólo quieren volver a sus trabajos, de los que se los apartó con la prohibición de estar frente a alumnos. En diálogo con Página/12, narraron los interrogatorios en el Ministerio de Educación, en los que no se les informó de qué se los acusaba ni del derecho a tener un abogado presente. Los dos funcionarios del ministerio preguntaban una y otra vez los nombres de los que participaron del acto.

“¿Cuántos masculinos y cuántos femeninos?”, inquirieron.

“Están todas las subversivas acá juntas”, bromeó la directora Liliana García, cuando entraron los otros docentes sancionados. García es docente desde hace 35 años y éste es su segundo año como directora de la escuela Monte Castro. “Es una escuela chica, de chicos integrados, con diferente problemática. Eso me gustó porque soy profesora de sordos”, explica. “Tiene cerca la escuela de sordos, entonces vienen muchos chicos sordos o hipoacúsicos que pueden ir allí”, detalla Rosa Maqueira, la vicedirectora. Ella y sus hermanas estudiaron en esa escuela. “Cada lugar de esa escuela, es un pedacito de mi historia. Fui alumna, maestra y vicedirectora”, cuenta. Antes de ser autoridad de la escuela, daba clases en jardín de infantes a la mañana y en primaria a la tarde.

La obra

La teatralización que provocó la respuesta del gobierno macrista fue el 20 de marzo, en pleno conflicto docente por el cierre de cursos. La directora explica que ese día los padres habían ido a una charla sobre el uso de las netbooks. “Después, coincidió el recreo y ahí se hizo la teatralización. Fue algo muy espontáneo. Se armó porque se venía hablando. También participamos de una movilización con los padres. Se repartieron volantes que hicieron los padres y sus hijos. Hubo una asamblea grande en la plaza Monte Castro”, recordó García, quien advirtió que los alumnos tenían autorización de sus padres para estar allí.

Las represalias empezaron cuando el video salió en un noticiero. No queda claro cómo una grabación que un padre entregó al Ministerio de Educación encontró su camino a la televisión. Después de la difusión, llamaron a la directora por teléfono y le exigieron los nombres de los involucrados. Les respondió que se lo tenían que pedir por escrito. “Aparte, ¿cómo voy a dar los nombres?”, acotó. “A los dos días me llama la supervisora, que estaba mal. La habían llamado a ella y le habían gritado”, relató García, a la que le pidieron por escrito dos veces que identificara a los actores. Su decisión de no delatar es central, dado que en la resolución en la que la separan la causa es “omitir pronunciarse en contra” de las críticas a las políticas educativas de la gestión PRO.

Masculino y femenino

“Ante una denuncia, se cita a la persona a la procuración, no tiene obligación de declarar y va con un abogado”, detalla el titular de UTE-Ctera, Eduardo López. Debe intervenir primero la Junta Disciplinaria –que en este caso votó por mayoría no iniciar un sumario– y luego los cita la procuración porteña, con todas las garantías constitucionales. Los docentes señalaron que nada de esto se cumplió en este caso y, por eso, hay un amparo presentado que está en manos del juez Fernando Lima.

El 2 de julio, por la tarde, llegó un fax a la escuela en la que se citaba a la directora y su vice, además de a la supervisora del distrito (que no fue separada de su cargo, porque dijo que no estaba de acuerdo con la obra). El texto hablaba de un “asesoramiento técnico jurídico”, para el que debían concurrir al día siguiente al ministerio. “No sabíamos para qué nos citaban. Fuimos solas y sin abogado”, se agarró la cabeza García.

A la primera que hicieron pasar fue a Maqueira, después de una espera de dos horas. Los interrogadores fueron dos abogados del Ministerio de Educación que conduce Esteban Bullrich. Sus nombres: Marcela Claudia Escribal y Juan Manuel Arretino.

La vicedirectora señaló que, apenas ingresó a la oficina donde estaban, sintió que entraba a una película policial. “Acá se dice la verdad”, la interrumpió el abogado, casi al comienzo. “Le digo que no sé por qué dudaba de lo que les contaba. En cuanto le dije que no había estado ese día, empezaron a tratar de que dijera los nombres. Hacían de policía bueno y malo. El abogado escribía en una computadora. Me hacen ver el video y me preguntan: ‘Reconoce a los que ve’. ‘Sí, pero no le voy a dar los nombres’, le contesto. ‘Bueno, pero por lo menos dígame cuántos masculinos y cuántos femeninos’.” Luego de varias negativas, el abogado se fue y volvió con una amenaza: “Mi supervisor me acaba de decir que por no dar los nombres va a tener consecuencias”.

“Les pido permiso para ir al baño. Y veo que atrás mío viene la abogada. Cuando salgo, veo que está esperándome y me acompaña cuando entro. Me sentí que estaba en la policía”, relató la vicedirectora. “Fue una situación de mucha tensión. Ellos insistían todo el tiempo con los nombres. Al final, les digo: ‘No le voy a decir los nombres. ¿Quiere que firme? No tengo más para decir’. Entonces, se pone muy serio el abogado y me dice: ‘Momentito, esto se termina cuando diga yo’.”

Mientras tanto, la directora estaba afuera “sentadita, esperando, sin que me diera ni un vaso de agua. Escuchaba que levantaban la voz adentro”.

Luego le tocó el turno a ella. “Le preguntaban constantemente por lo mismo: quienes habían participado, si había libreto, si lo ensayaron. Les dije que no. Insistían con que habían criticado a las autoridades. Yo les decía que son políticos y los van a criticar. ‘Pero esto es algo político’, me decían. ‘No, no es político partidario. No había banderías. Estábamos contando que estaban cerrando grados’.”

Caza de brujas

El viernes 13 de julio citaron al séptimo piso del ministerio a la secretaria Sonia Mugerli, a las dos maestras Celeste Salgán Ruiz y Carolina Hernández, al bibliotecario Guillermo Di Fini y al portero. Los interrogatorios allí pasaron de buscar los nombres a hacerles admitir que tuvieron algún tipo de participación.

La secretaria Sonia Mugerli es docente desde hace 21 años y llegó a la escuela Monte Castro en 2009. A diferencia de las otras autoridades, ocupaba su cargo en forma interina y necesitaba concursar, algo que los dos abogados del ministerio usaron para presionarla. “Cuando me preguntan los datos míos, le digo que era interina. La abogada me dice: ‘Ah, ¿y vos pretendés ascender o concursar este año, no?’. En ese momento, eso me asustó”, relató ella, que se puso mal al recordar el momento. Le ofrecieron agua y café para que se repusiera. Rechazó todo y siguió: “Me empiezo a sentir mal. Les digo que basta, que me quiero retirar, que no puedo más, que siento que me están juzgando y no había hecho nada malo. Se da vuelta el abogado: ‘No, no, no. Usted de acá no se va, porque no se puede ir. Usted es agente del Gobierno de la Ciudad’”.

Como la vieron quebrarse, le insistieron más que a los demás. Le mostraron el video dos veces y la presionaban para que dijera a quién veía allí y si era gente que trabajaba en la escuela. Terminó repitiendo: “No sé. No contesto. No me acuerdo”. La abogada le imprimió el acta y le dijo: “Pensalo bien. Acordate que tenés 43 años y toda la carrera por delante”.

“Cuando sale Sonia, lloraba y balbuceaba. Yo no tengo confianza con ella, pero igual le dije: ‘Por favor, no te vayas sola. Te quedás, que te llevo hasta tu casa’. La vi destruida emocionalmente. Ni siquiera le entendí cómo me decía”, relató Néstor Dávila, que es portero de la escuela desde hace más de once años.

Dos de los citados habían ido con abogados que comenzaron a discutir con los del ministerio. “Por única vez, el director autoriza a que estén los letrados, pero no pueden intervenir”, les informó el abogado de la gestión PRO. Más discusiones. “Ustedes si se tienen que quedar diez horas, se van a quedar”, les insistía el funcionario macrista. “En un momento les pregunto: ‘¿Estoy detenido?’. Me dicen: ‘¿Usted me está faltando el respeto?’”, recuerda el portero.

–Nos trataron como a delincuentes –dice la vice.

–Peor. Porque los delincuentes tienen derechos que nosotras no tuvimos –se suma la directora.

Después

Un mes más tarde, los llamaron al ministerio de nuevo, sin explicarles el motivo. Cuando llegaron, les dijeron que las iban a separar del cargo. “Para nosotras fue muy duro. Los maestros de la tarde y los chicos nos vieron juntar nuestras pertenencias”, señaló la directora. “Fue irnos como ladrones. Como que fuéramos peligrosos para los chicos”, recordó la secretaria. El que tuvo que explicarle a los alumnos lo que estaba ocurriendo fue el bibliotecario Guillermo Di Fini. A poco de empezar a hablar con este diario, se quebró y no pudo seguir.

Más tarde, algo repuesto, dijo: “El día que las sacaron, no vino nadie del ministerio a dar la cara. Yo fui el que les expliqué a las nenas y a los nenes, a las maestras y a los padres, que estaban indignados. Me pasé toda la mañana conteniendo a los alumnos, que lloraban”, recordó. “Hoy la escuela está sin autoridades”, afirmó la directora. Y el portero indicó: “Al otro día, los alumnos me preguntan: ‘¿Qué hacemos?’, con angustia. No supe qué contestarles. Estos días se están portando re bien. Se la pasan haciendo cartelitos a las maestras y pegándolos”. Algunos los dejaron en la puerta del Ministerio de Educación. Decían: “Que vuelvan las seños”.