La inclusión política

Por Oscar González *

“¡Para qué diablos transformar los hogares en infiernos, donde la dueña de casa sea demócrata nacional, la cocinera socialista roja, la mucama socialista independiente... (risas), la lavandera radical antipersonalista... (risas) y la institutriz demócrata progresista! (hilaridad). Señores diputados: rindamos el homenaje que merece la mujer argentina, evitándole que conozca y sufra las pequeñeces y las miserias de nuestras luchas políticas.” Quien esto afirmaba era el diputado conservador Francisco Uriburu en 1932, cuando el Congreso debatía la incorporación del voto femenino impulsado por los bloques socialistas (fue el senador Mario Bravo el que presentó el primer proyecto), apoyados por legisladores de distintos partidos y la tenaz resistencia de otros. Desde entonces hasta hoy, muchas cosas han cambiado, pero en estos días, a propósito de la iniciativa oficialista de sancionar el voto optativo para los jóvenes a partir de los 16 años, los diarios de negocios y legisladores y dirigentes de la oposición han vertido argumentos en los que, al igual que en el discurso del diputado Uriburu, laten la discriminación y el rechazo a los cambios que suelen acompañar la ampliación de derechos.

El domingo pasado, Clarín publicó una nota en cabeza de página con un gran título: “Generación Ni-Ni: casi medio millón de jóvenes que ni estudia ni trabaja”. Y la idea se completaba con la siguiente bajada: “Historias de adolescentes con vidas marcadas por la pobreza, las drogas y los embarazos. Ahora podrían votar”. Hace casi un siglo, en 1922, el diputado Juan José Frugoni presentó un proyecto que limitaba el voto femenino a “las mujeres mayores de veinte años y diplomadas en universidades, liceos, escuelas normales, secundarias y especiales”, lamentándose de que “en cambio, el alcoholista, el vago y el analfabeto tienen el patrimonio del sufragio, con el peligro siempre de convertir las elecciones en bacanales políticas, donde la democracia hace el papel de vulgar ramera”. Las semejanzas son notorias: en ambos casos se alude a una incapacidad intrínseca de elegir, ya sea por razones de género o por penosas condiciones sociales y culturales.

Horacio González, en un texto notable publicado recientemente en Página/12, se pregunta si son las leyes las que producen los cambios sociales o si éstas receptan las mudanzas que ya están en marcha. La cuestión viene a cuento porque una de las razones más acudidas para impugnar el voto a partir de los 16 años es que a esa edad los jóvenes no están en condiciones de discernir, lo que, si se le da crédito a la crónica de Clarín citada al principio, se agravaría en las franjas más pobres. De ahí que varios dirigentes de la oposición arguyan que es preciso un mejoramiento sustancial de los estándares educativos y de las condiciones de vida de los jóvenes para luego concederles el voto. Dicho de este modo, habría que concluir, como lo hizo el diputado Frugoni, que es lamentable que voten los adultos que padecen tales limitaciones, algo que los mensajes de los lectores de La Nación y Clarín dicen sin eufemismos y con un odio de clase que anula el juicio, atribuyéndole “al alcoholista, al vago y al analfabeto” el amplio apoyo de que goza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pero nadie en la oposición parece reparar (o quizá sí) en que la inclusión de estos jóvenes en el derecho a votar abriría un proceso de debate y de participación que complementaría las políticas inclusivas puestas en marcha en los últimos años, especialmente el mejoramiento y modernización de los procesos educativos. Y es eso, al igual que en ocasión del debate de los derechos políticos de las mujeres, lo que desata la reacción conservadora: un universo de nuevos votantes que, aunque en este caso no modificaría sustancialmente el mapa electoral, despierta temor porque la historia enseña que a tan temprana edad la rebeldía y la iconoclasia están a flor de piel y crean un terreno fértil para que se geste la voluntad colectiva de cambio. En el fondo, se considera peligroso el despertar de la conciencia crítica en los adolescentes; basta mirar la composición etaria predominante de los que se rebelan contra las políticas de mercado que laceran Europa, sin olvidar a los imberbes estudiantes chilenos y mexicanos que cuestionan políticas educativas igualmente vinculadas con la depredación financiera. En todas esas rebeliones sociales, en contra de las advertencias de los detractores vernáculos del nuevo proyecto, el despertar de la conciencia crítica y la movilización de los jóvenes son una traba infranqueable para el clientelismo y la manipulación política.

Los partidos y los dirigentes debieran advertir que en el corazón de la crisis de las representaciones partidarias están la indiferencia y el desencanto colectivo, porque la política traicionó todos los mandatos y por muchos años estuvo enajenada, recluida en los despachos y directorios donde se cuecen repartos de poder, lejos de donde los hombres y mujeres sufren las consecuencias de esa apropiación de lo que es público y asunto de todos y todas.

De modo que el proyecto de ampliación del sufragio, a la vez que se inscribe en un proceso en curso de mayor participación ciudadana, es un impulso nacido de la voluntad política de generar el protagonismo de los más jóvenes, de incluirlos en el debate de qué significa comprometerse, eligiendo representantes y proyectos, de cuál es el sentido histórico y presente de la política como herramienta de nobles transformaciones y, sobre todo, de que los cambios progresistas sólo son posibles si la construcción del futuro es una tarea social, colectiva, que reclama el compromiso de todos.

* Secretario de Relaciones Parlamentarias. Las citas del debate sobre el voto femenino fueron extraídas del libro de próxima aparición Los derechos políticos de la mujer, de Silvana Palermo, en edición de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

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Democracia participativa o selectiva

Por Fernando Masucci *

Es común en el seno de nuestra sociedad mirar y poner de ejemplo las democracias de los países a los cuales algunos de nuestros compatriotas indican como democracias plenas o maduras. Por lo general, siempre a modo de ejemplo, se mira lo que ocurre en sociedades del denominado “primer mundo”. En estas democracias, si hay por lo menos un elemento que despierta adhesión es la antigüedad del sistema como tal, en la continuidad del funcionamiento de las instituciones, hecho que ha ido forjando ciudadanía y participación en sus habitantes. La conciencia cívica de las sociedades requiere como condición indispensable la praxis, es decir la participación que en forma continua, sistemática y periódica construye experiencia y, sobre todo, elige a quienes delega la administración de la cosa pública. En ese sentido vaya pues entonces que, desde el inicio mismo de la humanidad, siempre existieron tensiones y peleas sobre cómo se organizaba y por supuesto sobre quién ostentaba y manejaba el poder. En el Estado antiguo, la participación estaba indicada para unos pocos a los que, por tener condiciones de privilegio, se les otorgaba el beneficio de ser y decidir por los demás. Después de grandes luchas arribamos al Estado moderno, y a la democracia como sistema y como forma de vida. Mirando el interior de nuestra corta historia democrática podemos arribar a la conclusión de que la misma sufrió mutilaciones por los distintos quiebres institucionales que provocaron los gobiernos militares.

Por estos días estamos inmersos acaloradamente en el debate sobre si es conveniente o no que se modifique la ley electoral nacional para otorgar derecho político a los jóvenes de 16 años de nuestro país, para que puedan elegir a sus representantes. Debate que, en principio, funciona como un observatorio sobre la mirada de la sociedad y sobre todo de las consecuencias y secuelas de la corta democracia ejercida como consecuencia de los quiebres institucionales. Así como aprendimos que la libertad se perfecciona con más libertad, hoy también debemos aceptar que la democracia se perfecciona con más participación. Participación que, desde luego, no puede ser adjetivada sobre quién tiene o no tiene capacidad para ser un ciudadano. La igualdad de vivir en sociedad nos otorga derechos y también obligaciones. En ese plano hay que tener muy en claro que una cosa son los derechos políticos, otra los derechos civiles y otra las responsabilidades del Derecho penal. Por estas horas, los jóvenes son puestos en laboratorio de estudio sobre sus capacidades físicas, intelectuales y, lo más grave aún, sobre el abordaje con relación a volver a criminalizar a la juventud con la delincuencia. También se ha mencionado que esta participación podría devaluar la calidad de la democracia, como también que los jóvenes podrían ser objetos de manipulaciones poco claras, lo que pondría en riesgo al sistema. En tales argumentaciones, lo que subyace en primer término es que hay todavía quienes se creen con el derecho de poder decir quién o quiénes pueden y deben participar, todo un retroceso en la calidad de la ciudadanía; de tenerse memoria jamás se ofrecería tal tributo a desconocer las luchas populares por alcanzar la igualdad. En segundo término aparecen como excusa las condiciones educativas y económicas que, según dicen, muestran altos porcentajes de jóvenes que no pueden pensar con la responsabilidad que el acto cívico de votar requiere. Desde ese punto, los derechos políticos no admiten diferencias de sexo, religión, ni condición económica, y quienes pretenden exigir deberían ellos demostrar sus condiciones. Es mentirosa la preocupación que dicen tener por la situación de los jóvenes, toda vez que nuestros jóvenes son el reflejo de la sociedad que supimos construir y que siempre fue más cómodo mirar hacia el otro lado. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es acostumbrarnos a lo que no debería existir, a ver cosas y pensar que son naturales y parte de la vida cotidiana. Aquellos que recurren a las estadísticas de las condiciones de los posibles votantes y señalan si pertenecen a hogares bajo la línea de pobreza, si reciben planes sociales, si no leen un texto o no tienen cobertura de salud, etc., etc., sería mejor que bregaran por el fiel cumplimiento de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), que todavía encuentra resistencia en los mismos que hoy se oponen a que los jóvenes puedan participar. Sería oportuno que dejaran de mirar el espejo que sólo percibe su propia imagen y se animaran a ser parte de una comunidad plural y participativa.

El proyecto en cuestión no tiene riesgo y siempre será perfectible. La participación ciudadana se construye, se elabora, se trabaja, sobre todo se la instala. No es malo que, en el lenguaje de los futuros votantes, palabras como política, representación, gobierno, se constituyan con el tiempo en algo común. Siempre las primeras veces dejan cosas que corregir, pero también, en el más amplio sentido, queda cargada la experiencia. La reclamada renovación de la clase política depende absolutamente de tener partidos políticos fuertes, que sólo se oxigenan con mayor participación. La última dictadura militar se encargó sistemáticamente de elaborar un plan en lo económico, político, social y cultural, plan que gracias a la democracia estamos minando día a día. A 36 años de aquella nefasta y triste historia, el mejor homenaje a los jóvenes que participaron y que hoy no están es votar por la participación de la juventud en los procesos de formación de ciudadanía pública. La ampliación de derechos siempre será una conquista y nunca un retroceso. La participación no admite adjetivaciones, admite invitaciones, descarta descalificaciones, promueve igualdades.

* Ex concejal de la ciudad de Córdoba.