La jueza Elena Liberatori le ordenó al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que reincorpore de inmediato a los seis docentes y al portero a los que había separado de la escuela de Monte Castro. Como relataron las maestras a este diario, la medida se tomó como parte de un “presumario”, sin informarles de qué los acusaban ni de su derecho a un abogado o a no declarar en su contra. Los docentes describieron que los interrogatorios se dieron en un clima de intimidación sobre su futuro laboral. En el fallo –al que tuvo acceso Página/12–, Liberatori analizó la resolución que dictó Bullrich, donde se encontró con “la falta de una fundamentación adecuada, plagada de adjetivos para centrar la cuestión en una gravedad que aún está por verse, dado que aún no se ha realizado el sumario”. Su Señoría no dejó de resaltar “el método ilegal” de los interrogatorios en el ministerio. Hoy los docentes darán una conferencia de prensa y reingresarán a la escuela.

El 20 de marzo, en pleno conflicto docente por el cierre de cursos que impulsaba la gestión PRO, se hizo una dramatización en la escuela de Monte Castro en la que representaron a Bullrich y a Mauricio Macri. Un video filmado por un padre llegó al Ministerio de Educación y luego arribó a los noticieros de una forma que, hasta ahora, ningún funcionario macrista explicó. Con el argumento de la gravedad de que se difundieran los hechos, Bullrich dictó una resolución en la que separó a la directora, la vicedirectora y la secretaria de la escuela por “haber participado de algún modo” en la actividad. O haberse negado a delatar a los participantes. También separó a dos maestras, al bibliotecario y al portero por faltar a “la moral y las buenas costumbres”. Dos gremios docentes hicieron un paro de 24 horas y diversos actos, pero Bullrich no dio marcha atrás y no recibió a los docentes.

En diálogo con este diario, los afectados por la medida relataron el domingo pasado cómo los interrogaron en el Ministerio de Educación. “Acá se dice la verdad”, “usted se va cuando yo diga”, “por no dar nombres, va a tener consecuencias”, “dígame si eran masculinos o femeninos”, “si se tiene que quedar diez horas, se va a quedar”, son algunas de las frases que los docentes recordaron de sus interrogadores, los abogados del ministerio Claudia Escribal y Juan Manuel Arretino.

Contradicciones

El titular de una de las CTA, Hugo Yasky, presentó un pedido de amparo, patrocinado por el defensor general Mario Kestelboim y el defensor adjunto Andrés Gallardo. Le pidió a la jueza que suspenda la resolución por la que Bullrich reubicó a los seis docentes en forma preventiva hasta que se resuelva el sumario. En el escrito, advirtieron la contradicción de la medida de Bullrich, que inició un sumario para investigar lo ocurrido y, a la vez, separó a los docentes. Entre la “prueba” recolectada por los macristas, el pedido de amparo menciona la “declaración de los propios imputados en un estado ‘presumarial’ lo que, según se les dijo, les imponía la obligación de declarar en su contra”. También advirtieron que no se les permitió ofrecer otra prueba en su defensa y que no se tuvo en cuenta las autorizaciones por escrito de los padres para que sus hijos participaran de la dramatización.

A partir de la lectura de la resolución de Bullrich, indicaron que “carece de elemental sustento más que de afirmaciones desprovistas de prueba y análisis técnico básico y plagadas de subjetividades inconducentes”. Entre ellas, señalaron:

- “Toda la imputación se construye en base a un video que no puede verse ni oírse bien, en el que no se distinguen con claridad quiénes son los participantes, ni se sabe si fue editado, adulterado o recortado”.

- “Se les tomó declaración a los imputados sin que estuviera un abogado y en una situación de amenaza y amedrentamiento” sobre su trabajo.

- Advirtieron que a Bullrich, quien toma la decisión, es a quien –en su perspectiva– “ridiculizan” en la teatralización. “Tal vez hubiera resultado más decoroso que el ministro se abstuviera de intervenir.”

- En ningún lugar de la resolución se detalla qué fue lo “contrario a la moral y buenas costumbres”. La resolución no hace “un análisis de hechos y derecho”, sino que se deshace en “una serie de afirmaciones dogmáticas, abstractas, que no refieren a prueba alguna”.

- “A lo largo de toda la argumentación no se hace referencia a la afectación de la educación o al modo en que el comportamiento de los docentes podría entorpecer el proceso educativo de los niños, ni se da cuenta del consentimiento de los padres” en la teatralización.

- También argumentan que no se entiende, si el hecho era tan grave, cómo los dejaron en los cargos entre marzo –cuando hicieron la protesta– y agosto, por cuatro meses. “En contrario sensu, si el hecho de que pudieran permanecer en su cargo todo ese tiempo no afectó el proceso de aprendizaje de los niños, no se advierte cuál es el impedimento para que continúen en sus cargos (...) Parece más bien una medida infundada que expresa sólo un fuerte desacuerdo ideológico”, afirmaron.

Interrogatorios ilegales

En el texto en el que hizo lugar a la medida cautelar, Liberatori hace un análisis minucioso de la resolución de Bullrich: por ejemplo, destaca que cuando el ministro habla de la teatralización como un acto “de neto corte político”, no aporta “ninguna referencia empírica”, por lo que sólo se puede tomar como una calificación. También la idea de una “gravedad institucional” que plantea Bullrich “es tan vaga y tan ambigua que es evidente que no puede configurar el fundamento” de la separación. La jueza siguió buscando, pero no hubo caso: “No encuentro en los considerandos la explicación objetiva de las circunstancias de hecho y de derecho que indujeron a disponer que los docentes sean preventivamente separados”, indicó la magistrada, quien deslizó que Bullrich podía estar “emocionalmente contaminado” por ser el blanco de la dramatización.

“Es muy probable, entonces, que los traslados sean una sanción encubierta y extemporánea dado que el sumario recién comienza”, interpretó Liberatori. El análisis de la magistrada luego se dirigió a una serie de testimonios de cómo fueron interrogados los docentes por los abogados del ministerio, que forman parte de los documentos que presentó Yasky. Liberatori remarcó que “teniendo en cuenta que se trata de un expediente administrativo (...) cabe señalar el método ilegal que se utilizó para identificar a las personas” del video. “Los docentes fueron ‘interrogados’, citados con un pretexto de supuesto asesoramiento, en un clima abiertamente intimidante, sin defensa, sin saber qué se les imputaba”, enumeró la magistrada.

“Es por demás alarmante desde el punto de vista de la democracia que esto esté ocurriendo en el ámbito del Ministerio de Educación porteño, que dé un actuar tan ilegal por parte de funcionarios, supuestamente abogados, de no respeto por los derechos y garantías de las personas”, remarcó la jueza. Liberatori se permite, incluso, un juego de palabras: “Es claro que la decisión cuestionada ya no constituye una sanción encubierta sino totalmente descubierta. Ha quedado todo expuesto a la luz del día”.

Luego de que Liberatori le ordenara a Bullrich la “inmediata reposición” de los docentes hasta que se termine el sumario, hubo festejos en la comunidad educativa de Monte Castro y en el grupo de Facebook que abrieron para que el ministro restituyera a los docentes. Pese a que este diario quiso consultarlos, en el Ministerio de Educación porteño reinó el más absoluto silencio. Ni siquiera confirmaron si apelarán la sentencia, algo muy probable. En cambio, los seis docentes reintegrados darán hoy una conferencia de prensa junto a Yasky y a los defensores Kestelboim y Gallardo. Lo harán bien tempranito, justo antes de volver a sus lugares de trabajo en la escuela de Monte Castro.