Los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema pidieron ayer copias certificadas de los primeros 36 cuerpos de la causa por el atentado contra la Embajada de Israel. Por su parte, los cortesanos reclamaron a los diputados que les remitan, en 48 horas, copias de los cerca de 40 sumarios de pedido de juicio político que pesan sobre ellos. En ambos casos las medidas forman parte de las respectivas estrategias. La principal preocupación de los supremos es saber cuáles serán los cargos que formularán los diputados y también cuáles serán las líneas investigativas.
El listado de pedidos de juicio político contra la Corte fue reclamado por escrito por los ministros, Julio Nazareno, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor. Aunque parecería una formalidad, la iniciativa puede esconder una estrategia defensiva: impugnar las acusaciones por causas que en algún momento del pasado fueron desestimadas por los diputados.
Precisamente éste es el punto más débil que muestran algunos legisladores. Fundamentalmente los pertenecientes a la bancada peronista que durante años bloquearon cualquier tipo de investigaciones contra los miembros del máximo tribunal de Justicia. No por nada, algunos legisladores como Eduardo Di Colla y hasta la propia duhaldista Graciela Camaño intentaron limitar las investigaciones al tema “del corralito”. Amén de cualquier estrategia, “el reglamento por el que se regula el funcionamiento de la comisión es una atribución netamente parlamentaria”, admitió a este diario un diputado que integra la comisión. De esta manera descartaba la teoría de la “cosa juzgada”, que suele emplearse en las disputas judiciales pero que no correspondería utilizar en los casos de juicio político.
“Se espera que los diputados de la comisión respondan a este pedido con la misma celeridad con que actuó la Corte cuando se le requirieron fotocopias de expedientes judiciales y resoluciones. Es decir, se espera que la documentación sea enviada en un plazo de 48 horas”, comentaron a DyN fuentes muy cercanas a los ministros de la Corte.
Haber emplazado a los diputados en 48 horas no deja de ser una chicana política. Una respuesta a los legisladores que les reclamaron también que en 48 horas les enviaran el presupuesto del tribunal, el listado completo de funcionarios que integran la estructura, detalle de los viajes al exterior, rendición de viáticos, acordadas por las que se habilitaron cobros de extras salariales y otras resoluciones administrativas.
Para los diputados es una carrera contra reloj. Se trata de concluir con la acusación para el 26 de febrero, plazo autoimpuesto por la comisión. Precisamente Héctor Damiani, uno de los legisladores que está al frente de una de las causas más complejas, Embajada de Israel, consideró ayer que iban a cumplir con los plazos. Para llegar con las fechas deberán trabajar durante todo el fin de semana. Algo parecido les espera a los legisladores que investigan las funciones de superintendencia y apego a la ética. Estos diputados tienen en carpeta una larga lista de citaciones.