El gobierno de Mauricio Macri evalúa un impuesto a la nafta en territorio porteño para financiar el subte, llegado el caso de que decida aceptarlo. De momento se trata sólo de un proyecto, que requeriría pasar por la Legislatura para ser concretado. Otras alternativas que se analizan en el macrismo son aumentos de los impuestos de patentes y de los peajes de AUSA para destinar ese dinero al financiamiento del subterráneo, todo esto acompañado de otro incremento considerable de la tarifa del subte, que podría irse a 5,50 pesos. Estas posibilidades dependen de una decisión que Macri todavía no tomó: hacerse cargo del subterráneo. En la gestión PRO evalúan que tarde o temprano tendrán que hacerlo.

El gobierno nacional firmó un acta-acuerdo que Macri suscribió en la que se comprometía a continuar con los subsidios por este año. El jefe de Gobierno optó por no destinar subsidios al pasaje y trasladó el costo a los usuarios: aumentó la tarifa un 127 por ciento, de 1,10 a 2,50 pesos. La disputa por el traspaso comenzó cuando Macri rechazó lo acordado y dijo que la Nación era responsable del subte. Le siguieron denuncias judiciales cruzadas, una ley nacional que transfiere el subte y las líneas de colectivos urbanas y el paro más largo de la historia del subte porteño.

La situación sigue sin resolverse y ninguno de los dos gobiernos incluyó subsidios para el subte a partir de enero de 2013. Metrovías –una empresa del Grupo Roggio– ya anunció que no podrá operar sin subsidios. En el sector señalan que la tarifa se iría, en ese caso, a 5,50 pesos. Incluso sobrevuela la idea de que Metrovías abandone la concesión, aunque por contrato no podrá hacerlo hasta que la tome otro operador.

Tanto la UTA como los metrodelegados alertaron sobre la falta de respuesta de la gestión PRO. Estos últimos pidieron una audiencia en la Legislatura para plantear la responsabilidad del gobierno porteño al no incluir una partida en el presupuesto para el subte, y señalaron posibles alternativas para resolver el conflicto. También advirtieron sobre la posibilidad de que la compañía intente forzar una nueva situación de paro, ya sea dejando de pagar sueldos o con despidos. En tanto anunciaron que avanza en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la denuncia que hicieron contra Macri por intentar quitarles la personería, denunciarlos penalmente y “asfixiarlos económicamente” con una multa millonaria.

La respuesta oficial sobre el subte no ha cambiado en el macrismo. “Hasta tanto haya un acuerdo perfeccionando el traspaso y estableciendo cómo se hacen cargo en Nación de los recursos, y hasta que no lo apruebe la Legislatura, no se va a hacer el traspaso”, le contestó a Página/12 Juan Pablo Piccardo, titular del Sbase, la empresa estatal de subtes.

Otras fuentes de Bolívar 1 indican que él es el más entusiasta a la hora de pensar en aceptar el subte, pero quien no quiere hacerse cargo es Macri. “La instrucción del jefe de Gobierno es no avanzar en nada”, comentan en las segundas líneas del PRO. Algunos funcionarios más realistas intentan convencerlo de que de un subte parado o en conflicto permanente durante un año electoral puede ser muy perjudicial para el PRO. Y, por el contrario, podría servirle el haber mejorado el servicio.

La evaluación interna que hacen en la gestión PRO es que tendrán que hacerse cargo del subte más temprano que tarde. Muy posiblemente, este año. La tarea de pensar una alternativa para aceptar el subte está en manos de Piccardo y del subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich. Entre las opciones que vienen pensando, están:

- El aumento de la tarifa del subte. El principal problema que observan es que si no hay un incremento del boleto de colectivos que acompañe esta suba, volverá a ocurrir lo que pasó este año, cuando Metrovías le reclamó al gobierno porteño 150 millones de pesos por la caída de un 20 por ciento de la facturación, debido al aumento que dispuso Macri. Si el subte se va a 5,50 pesos el viaje, podría ocurrir algo igual o peor.

- Un nuevo impuesto a la nafta. Es una iniciativa que seguramente encontrará resistencia. Implicaría que se encarecerán los combustibles en las estaciones de servicio de la Ciudad, con su posible traslado a los costos del transporte público. Una medida similar tomó José Manuel de la Sota en Córdoba, por lo que en esa provincia la nafta y el gasoil premium aumentaron 40 centavos por litro; la nafta común y super, otros 30 centavos; el gasoil común, 20 centavos y el GNC 15 centavos. Esta medida derivó en protestas, incluidos paros de las estaciones de servicio.

- Aumento de los peajes y del impuesto a patentes. Sería otra forma de recargar el costo del subte sobre los automovilistas. Evalúan que podría haber subas a los peajes de AUSA para financiar la red de subtes. El 95 por ciento de AUSA le pertenece al gobierno porteño, mientras que el otro 5 por ciento es de Sbase. Lo mismo pasaría con el impuesto a patentes.

En el gobierno porteño también analizan qué créditos pueden tomar que no requieran del aval del kirchnerismo.