Argentina recibió elogios en su examen de derechos humanos ante la ONU. La evaluación del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo internacional tuvo lugar ayer en Ginebra, Suiza, cuando los países observadores emitieron preguntas y recomendaciones. Los aplausos de las delegaciones tuvieron que ver con los pasos dados para investigar los crímenes cometidos durante la última dictadura, en particular los casos de desa-pariciones forzadas. Y también destacaron los esfuerzos contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Aunque aún falta conocer el documento final, para la propia presidenta del Consejo, Laura Dupuy Lasserre, a la Argentina “le ha ido muy bien porque se le han reconocido muchos avances normativos institucionales y programas en políticas sociales que han tenido resultados concretos”. El jefe de la delegación argentina fue el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, quien calificó la presentación como “exitosa”. En la columna del debe ubicaron la necesidad de potenciar las políticas de prevención de la tortura y mejorar las condiciones carcelarias.

Así lo afirmó el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU), en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Argentina se sometió a la revisión de su EPU y escuchó una serie de recomendaciones y reconocimientos positivos por parte de los 58 Estados del Consejo. Entre los reconocimientos, las delegaciones destacaron la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, así como los avances en los derechos a la educación y la salud, las medidas de reducción de la pobreza y la legislación en defensa de las personas con discapacidad. Entre las recomendaciones, destacaron la creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura y la promoción de la formación de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo sugirió también que se investiguen las denuncias de torturas cometidas por funcionarios del Estado, que se preste atención a la situación de masificación de las cárceles argentinas y que se revise el actual sistema penitenciario. Y, además, instó al país a hacer frente a la violencia de género, a facilitar el acceso a la Justicia de sus víctimas y a incrementar los esfuerzos en la lucha contra el tráfico de personas. También aludió a la necesidad de fomentar medidas de protección de los profesionales de la información, a la alta mortalidad materna en casos de abortos y a la necesidad de un mayor número de programas para defender los derechos de pueblos indígenas. Fue la segunda experiencia de Argentina en el EPU, el nuevo mecanismo de evaluación que se realiza cada cuatro años con el objetivo de determinar el cumplimiento de obligaciones y compromisos asumidos por el país en el área. Fresneda estuvo acompañado por el embajador en Suiza, Alberto D’Alotto, y un grupo de expertos.

“Argentina tiene dos experiencias trágicas recientes que dan una responsabilidad nacional e internacional para promover y proteger los derechos humanos”, dijo Fresneda. Y se refirió a “un Estado terrorista que en su momento cometió crímenes de lesa humanidad en la década del ’70 y que hoy enfrenta un inédito proceso de memoria, verdad y justicia, y por otro lado, la tragedia económica, política y social que estalló con la crisis de 2001, donde el Estado estuvo ausente”. En ese sentido, rescató que el gobierno de Cristina Fernández “considera a los derechos humanos como la matriz política y filosófica de sus acciones”. Entre los avances, comentó que en 2010 se lanzó un Plan Nacional de Derechos Humanos, mencionó también las sanciones de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Género, de matrimonio igualitario, así como la reducción en la tasa de pobreza debido a la implementación de una serie de políticas nacionales.