Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

Cada cual atiende su juego. Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López se muestran con un perfil más agresivo y reclaman a la Comisión de Juicio Político todas las actuaciones de los legisladores. En cambio Gustavo Bossert, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi parecen elegir un perfil más conciliador y mediante respectivos oficios brindaron tibias explicaciones sobre sus abstenciones con respecto al tema del denominado corralito financiero. Todo indica que el monolítico frente que los ministros de la Corte Suprema han exhibido durante tanto tiempo comenzó a mostrar sus fisuras. Por su parte, los legisladores también tienen sus internas.
Belluscio explicó a la comisión que se abstuvo en el caso Smith contra el Poder Ejecutivo, como se conoce al caso del corralito, por “no estar de acuerdo con el proyecto de la mayoría”. Tanto Bossert como Petracchi coincidieron en señalar que sus abstenciones se debieron a que “ese día se habían reintegrado a sus funciones luego de la feria judicial de enero”. En la comisión diferenciaban la actitud asumida por estos tres ministros y la contrastaban con la de los integrantes de la mayoría automática. Entre ambas posiciones, pero más cerca del limbo que de la realidad, Carlos Fayt señaló que “es una fantasía” calificar a la Corte de “adicta” al Poder Ejecutivo. No se pudo comprobar si se puso colorado.
Los miembros del tribunal dejaron trascender su malestar por la cantidad de informaciones reclamadas por los legisladores de la comisión. Especialmente por los temas vinculados a la facultad de superestructura de la Corte y al manejo financiero y administrativo del alto tribunal. Sobre este punto los supremos estudian firmar una acordada en la que justificarían no entregar esa información. Precisamente el manejo financiero y administrativo es uno de los puntos más débiles de los jueces.
“Ha llegado una lista con pedido de información que es un verdadero disparate, un despropósito. No queda claro qué quiere hacer la comisión. Parece que los diputados no tienen nada que hacer porque han delegado todas sus funciones en el presidente Eduardo Duhalde”, comentó sarcásticamente a Página/12 un letrado muy cercano al tribunal. La ironía es parte de las chicanas que han comenzado a cruzar los cortesanos y los legisladores.
En este punto algunos diputados no dudaron en inscribir como parte de una movida de la Corte el oficio remitido por el juez federal Norberto Oyarbide. A partir de una causa caratulada como “NN sobre denuncia pública”, el magistrado reclamó el listado de teléfonos particulares y celulares de la totalidad de los miembros de la comisión, sus empleados y hasta los choferes. La denuncia original afirmaba que los legisladores estaban siendo extorsionados por los ministros de la Corte.
A los oficios remitidos desde el Congreso los supremos respondieron con otra batería de escritos en los que reclaman copia de los sumarios por los que se les pide juicio político. Las presentaciones de los más duros estaban firmadas por los abogados Gregorio Badeni, Alberto Bianchi y Eduardo Aguirre Obarrio. Los legisladores accedieron a enviar el material reclamado, pero con la aclaración de que esto se hará “oportunamente”. Es decir luego de que concluya el sumario y se hayan formulado los cargos.
Si bien se preocupan en aclarar que “la voluntad política” de avanzar en el juicio político “está”, los legisladores también tienen sus propias fisuras. La menemista Alejandra Oviedo se preocupó ayer de informar a sus pares que al pedir todos los antecedentes sobre el tema del corralito no pretende obstaculizar el avance de la comisión. Claro que a renglón seguido reclamó la presencia de un taquígrafo en cada uno de las reuniones. La medida fue descartada. Más allá de sus dichos, dos legisladores del bloque peronista admitieron a este diario que “losmenemistas están perdiendo la vergüenza de defender a la Corte”. Los seguidores de Duhalde aparecen como los más medidos a la hora de formular cargos. Sin embargo todos aparecen apremiados por el tiempo. Algunos diputados consideraron que las acusaciones por los temas de la venta ilegal de armas, el atentado a la Embajada de Israel y el caso Moneta no se podrán concluir en los plazos fijados. Por eso repiten que deben elevarse al plenario el caso del corralito y las acusaciones de la comisión de ética y descredito público.
“Tenemos que aprovechar el momento político porque no sabemos cuánto dura Duhalde”, dijo a Página/12 un diputado justicialista de la comisión. Su lectura política contenía su cuota de realismo, por eso concluyó su pintura diciendo “el problema no es quién viene, sino qué viene”.