Los gobernadores sabían que las exigencias del FMI implican un costo altísimo para las economías provinciales. Pero ayer los anuncios de Jorge Remes Lenicov superaron todos los pronósticos, que ya eran bastante pesimistas. El gobierno nacional ofreció un nuevo sistema de coparticipación federal, que consiste en repartir a las provincias el 38 por ciento de la recaudación, mientras que la Nación se quedaría con el 62 por ciento para cubrir sus gastos y financiar el sistema previsional. El Ejecutivo quiso compensar la mala noticia y prometió a los mandatarios que coparticipará el impuesto al Cheque. Los jefes provinciales no quedaron conformes. “Esto es una rebaja con la que no estamos de acuerdo”, destacó el santacruceño Néstor Kirchner. Atrapados entre la conflictividad de sus distritos y la intransigencia del FMI, los gobernadores temen convertirse en las primeras víctimas de una explosión social imprevisible.
El Gobierno, sin embargo, quiso mostrarse optimista y anunció, a través del vocero Eduardo Amadeo, que “pronto vamos a tener un nuevo sistema de coparticipación”. “Hubo acuerdo en el espíritu”, dijo Amadeo, y luego explicó que la oferta del Ejecutivo consiste en que “todos los impuestos se distribuyan en función de la recaudación, a suerte y verdad”. Los gobernadores, por lo visto, no compartieron el entusiasmo oficial. “Aún no hay acuerdo general y se sigue dialogando”, aseguró el salteño Juan Carlos Romero, mientras que el cordobés José Manuel de la Sota se mostró cauto y adelantó que “hará un análisis prolijo de la propuesta porque significaría una disminución de 200 millones de pesos” de los fondos coparticipables que recibe su provincia cada año.
En toda la jornada de ayer, que incluyó una reunión previa en el CFI, un encuentro de una hora con el presidente Eduardo Duhalde, y la reunión posterior con Remes Lenicov, los gobernadores se movieron con bastante prudencia. Decidieron no hacer declaraciones, aunque después de escuchar los argumentos del ministro de Economía se permitieron unas pocas críticas. El más duro fue Kirchner, quien afirmó que “este gobierno no cambió nada respecto al gobierno anterior”. En silencio, varios de sus pares ocultaban sensaciones parecidas. De cualquier forma, los mandatarios encargaron a sus secretarios de Hacienda que continuaran la discusión en el Ministerio de Economía con el secretario de Relación con las Provincias, Juan Carlos Pezoa.
Para las provincias las malas noticias no se limitaban únicamente al recorte en la coparticipación. Además del archivo definitivo del piso de 1364 millones de pesos que se había acordado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Remes Lenicov informó que la Nación dejará de emitir Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). Por una indicación expresa del FMI, el Ejecutivo se propone detener la emisión de bonos. Y el ministro comentó a los gobernadores que el Ejecutivo no aceptará más papeles como forma de pago de los impuestos nacionales. Esta determinación es casi inviable en el estado actual de las carteras provinciales: en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya anunciaron que desde mayo se pagará el 100 por ciento de sus sueldos en patacones.
También se analizó la forma de solucionar el problema de las deudas provinciales, que representan un peso enorme para algunas provincias como Jujuy, Tucumán y Formosa. La ilusión de los gobernadores era que esos débitos, que son en dólares, se pesificaran 1 a 1. El gobierno nacional, en cambio, les propuso que se pesifiquen a 1,40, con una tasa de interés del 4 por ciento anual y una indexación correspondiente a la inflación mensual. “Es una locura, las provincias no pueden hacer frente a eso”, advirtió a Página/12 el jujeño Eduardo Fellner.
El debate continuará hoy a las 10, cuando los gobernadores se vuelvan a encontrar en el CFI “para revisar la posición” de cada uno de los distritos. Mientras tanto, lo único que parece estar firme es el acuerdo en torno al ajuste del gasto político, otra de las demandas del FMI. Para eso, el Gobierno y las provincias constituirán una “comisión deseguimiento para la reforma política” que estará integrada, como parece gustarle a la gestión Duhalde, por organizaciones no gubernamentales.