“Tenía convulsiones y sus ojos se perdían... una mujer le apretaba el pecho para que no se desangre”, relató en voz baja un testigo que presenció el asesinato de Carlos “Petete” Almirón a manos de la Policía Federal. A dos meses de la masacre de Plaza de Mayo, escenario montado por el gobierno aliancista en retirada, hay ocho policías encarcelados, incluido el ex jefe de la Federal Rubén Santos. El ex presidente Fernando de la Rúa y tres de sus funcionarios siguen imputados y pueden ser convocados a indagatoria en cualquier momento. El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov tiene un pedido de detención. Están identificados los presuntos responsables de dos homicidios, pero los investigadores aún buscan pruebas de los otros tres, entre los que se encuentra el caso de Almirón. Los militantes de los organismos de derechos humanos querellantes en la causa destacaron ante Página/12 el coraje cívico de mucha gente que se acercó para ofrecer su testimonio. Pero hace falta más información (ver aparte), por eso en cada nueva marcha de protesta salen a preguntarles a los manifestantes si aquella convulsa tarde del 20 de diciembre vieron algo que ayude a esclarecer los cinco asesinatos.
El testigo, un empleado de 23 años, había llegado a Constitución procedente de La Plata para manifestar su bronca. “En Avenida de Mayo y 9 de Julio empezó una gran represión por parte del personal policial, algunos con cascos, palos y pecheras y otros con uniforme de comisaría, con armas largas tipo Itaka. Corrió una gran cantidad de disparos de arma de fuego durante un rato hasta que se subieron a un carro y se replegaron porque la gente les tiraba piedras. Quedaron dos personas tiradas en el piso”, describió el testigo. Al acercarse a uno de ellos comprobó que de su pecho salía “gran cantidad de sangre”, y recuerda que “tenía unos 25 años, era delgado, de cara alargada y llevaba barba candado”. Era Fernando “Petete” Almirón, un estudiante de 23 años que repartía su tiempo entre el trabajo con su padre, las clases del CBC de Avellaneda para la carrera de Sociología y su actividad social: trabajaba en un centro de desocupados en Lanús y colaboraba con la Correpi.
Cuando llegó la ambulancia el testigo pensó que Almirón estaba muerto. En realidad, ingresó con vida al Hospital Argerich pero sólo aguantó hasta las 23.30. A pocos metros de allí vio a otra persona tirada sobre el asfalto. “Tendría más de cincuenta, llevaba traje y le salía sangre de la cabeza”, relató. Es posible que haya sido Alberto Márquez.
Cuando le preguntaron si vio el momento en que la policía disparó contra Almirón, el testigo dijo que sintió “una gran cantidad de disparos, dos de los cuales impactaron en las personas mencionadas”, pero agregó que “se veía poco porque todo el ambiente era una gran nube de gas” y que no puede reconocer a quienes dispararon porque “tenían cascos”. Antes de finalizar su declaración, el testigo quiso dejar constancia de un hecho que lo sorprendió. A los cinco o diez minutos, tras tomar un poco de aire volvió al lugar. “Había una persona limpiando las manchas de sangre y no me pareció correcto dado que allí se había cometido un crimen”, comentó.
En el caso de Alberto Márquez, asesinado también durante la represión del 20, los testigos pudieron identificar a los policías que dispararon, entre ellos el comisario inspector Orlando Oliverio. No ocurre lo mismo en los casos de Almirón, Gastón Riva y Diego Lamagna. Por eso los investigadores tienen que utilizar otros métodos para llegar a los autores materiales de esas muertes.
Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron a la jueza María Servini de Cubría la detención de un grupo de policías que estarían vinculados con la muerte de Gustavo Benedetto, en Chacabuco y Belgrano. La magistrada está concentrada en resolver la situación procesal del ex jefede la Policía Federal Rubén Santos, que permanece detenido, y todavía no avanzó con ese y otros pedidos de la fiscalía tales como la detención de Mathov y las indagatorias de De la Rúa y Mestre. Sin embargo, sus colaboradores aseguran que seguirá adelante en la determinación de las responsabilidades de los funcionarios políticos.