Por Hugo Cañón *

Se deduce del mensaje y demostraciones del señor Presidente, que rechaza con vehemencia todo tipo de impunidad. Puede inferirse –por tanto– que la aplicación de la ley para todos será la regla y que el poder (del dinero, de las armas, del amiguismo político o de cualquier otro factor) no impedirá que exista una justicia justa, al decir de Rigoberta Menchú.
Pero: ¿será?
Como todas las cosas, depende de los hombres, de su coherencia, integridad y consecuencia. Y no bastará una intencionalidad presidencial sino que se requerirá de las calidades personales de aquellos que tendrán a su cargo la ejecución de las políticas de Estado.
Mi conciencia me exige referirme a un comportamiento puntual de un hombre que asumió un cargo dentro del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En octubre de 1989 se firmó el decreto 1002 por el que se indultaba a gran cantidad de personas procesadas; imputadas de crímenes de lesa humanidad. Y destaco lo de procesadas porque no tenían sentencia firme. Por tanto, sus comportamientos estaban siendo analizados por los magistrados del Poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo interfirió con aquel decreto asumiendo un rol judicial que le estaba vedado constitucionalmente.
Conforme a la valoración jurídica pertinente, cuestioné el indulto el 2 de noviembre de 1989, y la Cámara Federal de Bahía Blanca (que quedó habilitada por mi pedido) declaró la inconstitucionalidad del indulto a los procesados involucrados en una causa. Por mi “desobediencia” fui convocado por el procurador general de la Nación. Después de no aceptar “generosos” ofrecimientos para que dejara de intervenir, se inició un sumario en mi contra en la Procuración del Tesoro de la Nación, que culminó con el pedido de cesantía. También pidieron la cesantía del entonces fiscal Aníbal Ibarra que, con posterioridad a mi dictamen, se pronunció en igual sentido.
Pero la acción de presión no terminó allí. Quien era secretario de Justicia, César Arias, y el procurador general de la Nación, Oscar Roger, acordaron dos cosas: “excluirme” de las causas y “reemplazarme” con otro fiscal de Cámara de la Capital Federal, el doctor Norberto Julio Quantín.
Cuando este fiscal presentó sus escritos ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, invocó la resolución ministerial por la que fue designado con el consentimiento del procurador general de la Nación. Añadió que le había impartido instrucciones para hacer efectivo el indulto, por lo cual apoyó el recurso de la defensa de los procesados. A su juicio el poder político procuraba erradicar “las secuelas de los enfrentamientos habidos entre los argentinos desde hace dos décadas”, los cuales “obran como constante factor de perturbación en el espíritu social, que impide alcanzar los objetivos de concordia y unión”.
La Cámara rechazó el reemplazo del fiscal por medios no previstos en las normas procesales y sostuvo que las injerencias extrañas al proceso contrarias a la propia Carta Magna importarían “admitir que un funcionario de otro poder del Estado participe en las decisiones jurisdiccionales”. El Poder Ejecutivo excedía ostensiblemente el marco legal de sus atribuciones. Al considerarlo improcedente los jueces de la Cámara Federal devolvieron su escrito a Quantín, “por no aparecer razón válida para el desplazamiento pretendido del titular de la Fiscalía ante esta Cámara” .
Recuerdo que al ser designado por el poder político de entonces, Quantín viajó a Bahía Blanca y me pidió una entrevista. Después de anunciarme la misión que le encomendaron le manifesté que daba por terminado el encuentro, y que lo único que le iba a decir antes de irse era que, por mi dignidad, yo jamás aceptaría asumir el papel que él estaba cumpliendo en ese momento. Admito que el fiscal Quantín pudo haber revisado el desempeñomencionado pero esto no me consta y, por tanto, no puedo considerar que no volvería a actuar como lo hizo.
Es más: cuando hace muy pocos años relaté este desempeño ante todos los fiscales generales de cámara del país, en una reunión realizada en Villa Carlos Paz, el fiscal Quantín no articuló respuesta alguna, al menos en la reunión de todos los colegas.
La referencia la hice en esa oportunidad porque se debatía el proyecto del barrio porteño de Saavedra, y manifesté que coincidía en que los fiscales debíamos acercarnos al pueblo, atender la necesidad de la gente y atender a las víctimas (como lo hago en la fiscalía a mi cargo), pero siempre y cuando ello no importara “exclusión” de los fiscales a quienes les correspondiera actuar, y nunca aceptando nombramientos “ad hoc” del poder político de turno, como había sucedido en el referido reemplazo que se intentó realizar en 1989.
Desde hace más de 17 años me desempeño como fiscal general. En ese tiempo –con diversos resultados– trabajé intensamente contra la impunidad en todos los terrenos. Respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en cumplimiento del plan criminal instaurado por la dictadura militar, he planteado la inconstitucionalidad de la ley de “Obediencia Debida” y los indultos, en ambos casos con respuestas favorables por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Asimismo, integro la Comisión de Fiscales de Derechos Humanos de la Procuración General y soy miembro permanente de la Comisión por la Memoria.
Ese marco de actuación, mi compromiso y –como dije– el dictado de mi conciencia, me obliga a hacer público este precedente. Finalmente destaco que me ha conmovido el mensaje presidencial ante el Congreso. Quiero creer en el primer mandatario cuando declara adhesión a valores esenciales como lo son la Justicia y la Memoria. En ese camino lo acompañaré especialmente. Espero que el tiempo y los hechos permitan pisar el mismo sendero. Y reitero, para cerrar, el texto de Hermann Hesse con el que abrí mi presentación pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del indulto: “Es traición sacrificar el sentido de la verdad en aras de cualquier otro interés, incluso los de la patria. Cuando en la lucha de intereses y consignas se pone la verdad en peligro de quedar tan desfigurada, desvalorizada y violentada como queda el individuo, entonces nuestra única obligación es oponernos y salvar la verdad, es decir el ansia de verdad y erigirlo en nuestro máximo artículo de fe”.

* Fiscal general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y miembro permanente de la Comisión Provincial por la Memoria.