La Justicia mexicana está lista para decidir sobre la extradición del argentino Ricardo Miguel Cavallo a España. Desde hace casi tres años el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) intenta dilatar su viaje a Madrid, donde el juez Baltasar Garzón quiere juzgarlo por genocidio, torturas y terrorismo. El caso está ahora en la Corte Suprema, cuya resolución sería inminente.
La defensa de Cavallo diversificó sus argumentos ante los tribunales mexicanos. Por un lado, apeló la decisión del juez Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien afirmó que era procedente su extradición, aunque excluyó las torturas porque México ratificó la convención sobre ese delito después de que Cavallo cometiera sus crímenes. Por otro lado, impugnó el tratado de extradición entre México y España con el pretexto de que la firma no fue confirmada por el presidente. Como este último planteo implica un cuestionamiento constitucional, fue a parar directamente a la Corte Suprema. Las agrupaciones de derechos humanos de México solicitaron que el máximo tribunal, para no seguir postergando el tema, tome todo el caso y decida de una vez por todas si Cavallo será juzgado en Madrid. Varias organizaciones no gubernamentales, que forman el grupo de seguimiento del caso, están juntando firmas para que el tribunal confirme, como lo hicieron el juez y la Cancillería mexicana, que el represor debe ser llevado ante Garzón.
La impugnación del convenio de extradición entre México y España no tendría mucho futuro porque el tratado ya fue reconocido por los tribunales de ambos países. La discusión central pasa, en realidad, por si la Justicia mexicana hace lugar a los planteos sobre la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y torturas y el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo. Las versiones que circulan en los tribunales y medios de prensa mexicanos son diversas y anticipan una decisión dividida entre los once jueces de la Corte.
Los organismos de derechos humanos especulan con que la extradición no será concedida por torturas. Pero también existe un problema en torno del genocidio. Es que distintas agrupaciones mexicanas y el mismo gobierno, a través del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, abrieron investigaciones sobre los crímenes cometidos en el país en 1968, durante la llamada masacre de Tlatelolco, en la que se reprimió una manifestación estudiantil. El caso de Cavallo, por lo tanto, sentará un precedente interno y por eso el tema cobró importancia en México. Podría ocurrir que la Corte permita que Cavallo vaya a Madrid para ser juzgado sólo por el delito de terrorismo.
Cavallo, alias “Sérpico” o “Marcelo” fue detenido en México el 24 de agosto de 2000 luego de que el diario Reforma revelara que el director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de su país tenía un oscuro pasado como miembro del grupo de tareas que operaba en la ESMA durante la última dictadura argentina. El represor fue procesado por Garzón por su responsabilidad en 264 desapariciones (16 de ellas de mujeres embarazadas) y 110 secuestros. En el escrito, el magistrado señaló que Cavallo fue “uno de los pocos oficiales que pasó por todas las áreas represivas de la ESMA” y que por ende tuvo una “posición prevalente en cada una de las acciones allí cometidas”.
“La Corte Suprema de México tiene ahora una oportunidad histórica. Sus miembros pueden completar el trabajo que quedó inconcluso con Pinochet. Son depositarios de la esperanza de millones de personas que creen que otro mundo es posible. Es difícil resolver un caso como el de Cavallo sin que la sangre te salpique la corbata. Parafraseando al fiscal de Nüremberg, para decidir que Cavallo debe quedar en libertad, que no merece ser castigado, los jueces de la Corte Suprema tendrían que afirmar que no hubo una Escuela de Mecánica de la Armada, que allí nunca se torturó,quemó ni asesinó, ni hubo vuelos de la muerte. Que los treinta mil seres humanos que Cavallo y sus colegas hicieron desaparecer nunca existieron”, afirmó en un artículo el fiscal español Carlos Castresana, impulsor de los juicios a los militares argentinos en España.