La Corte Suprema de Justicia, conformada por nueve conjueces, resolvió que la banca del tercer senador por la Ciudad de Buenos Aires le corresponde a quien fue candidato por el Frente por un Nuevo País, Gustavo Beliz. Como el actual ministro de Justicia renunció a su eventual cargo como legislador, su lugar lo ocupará la segunda de su lista, María Laura Leguizamón. El tribunal, por cinco votos contra cuatro, contradijo el reclamo del fallecido Alfredo Bravo, quien había obtenido más votos que su opositor, pero en dos listas diferentes. El Partido Socialista y la dirigente del ARI, Elisa Carrió, aseguraron que existieron “presiones” para que uno de los magistrados modificara su voto. El abogado de Bravo, Juan Ramos Padilla, anunció que presentará una denuncia para que se investigue este hecho.
La decisión del tribunal se basó en que la Constitución dice que en la elección de senadores corresponden “dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos”. Es decir que se refiere a partidos y no a candidatos y que, para que dos fuerzas sumen sus votos, se debe formalizar un acuerdo en los términos que exige la ley. “No se ha demostrado que la alianza Alternativa por una República de Iguales (ARI) y el Partido Nuevo Milenio (los dos que llevaban a Bravo en sus listas) hubieran celebrado una confederación o alianza transitoria que permitiera adicionar los votos obtenidos por cada uno de ellos”, aseguraron los jueces Guillermo Pablo Galli, Antonio Pacilio, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Mirta Tyden de Skanata y Alejandro Tazza, todos presidentes de Cámaras Federales del país.
El conflicto entre Bravo y Beliz se desató después de las elecciones del 14 de octubre de 2001 en las que el dirigente socialista se impuso a Beliz por 2.511 votos. El ministro de Justicia impugnó el resultado con el argumento que ahora respaldó la Corte: que Bravo lo había superado al presentarse a través de dos listas separadas –el ARI y el partido de Juan Carlos Dante Gullo– sin haber formalizado una alianza. La pelea llegó hasta el máximo tribunal después de que la jueza María Servini de Cubría le diera la razón a Bravo y la Cámara Electoral a Beliz. Los ministros de la Corte se excusaron de participar en el caso y el tema quedó en manos de los conjueces.
Antes de las elecciones legislativas, Bravo había impugnado que el Partido Nuevo Milenio lo llevara en su boleta y esto, para la mayoría de los magistrados, fue un indicio de que la alianza en realidad no existía. En cambio, el abogado de Bravo, Ramos Padilla afirma que en realidad fue la Justicia quien “obligó” a Bravo a ir con Gullo y ahora castiga a quienes lo votaron. Este planteo se basa en que la Justicia Electoral -Servini de Cubría– ratificó en ese momento la presentación de Bravo en ambas listas.
El fallo de la minoría, firmado por Eduardo Vocos Conesa, Juan Poclava La Fuente, Enrique García Vitor y Ricardo Emilio Planes, hizo hincapié en que se debía preservar la “soberanía popular” y aclaró que la Cámara Electoral debió impugnar la alianza de hecho entre Bravo y Gullo antes de las elecciones y que, al no hacerlo, la convalidó. Los magistrados describieron “las situaciones inexplicables y contradictorias que se pueden dar si no se admite que los votos se suman”. Se preguntaron, por ejemplo, cuál hubiera sido la solución en el caso de que los dos primeros lugares hubiesen sido ocupados por los partidos que llevaban los mismos candidatos.
El Partido Socialista, Ramos Padilla y Carrió resaltaron un agregado que hizo el juez Vocos Conesa en el que, además de afirmar que “Bravo fue moral y jurídicamente el senador electo”, señaló que su opinión integraba el “voto de la mayoría (rectius: minoría)”. Esta afirmación fue interpretada como una denuncia sobre presiones de último momento para quese cambiaran los votos. Ramos Padilla también impugnará a la jueza Tyden de Skanata porque entiende que en su escrito asegura que su decisión fue influenciada por el fallecimiento de Bravo.