Los ex jefes militares acusados de haber participado del plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura están cada vez más cerca del juicio oral. Tal como adelantó Página/12, el juez federal Jorge Urso amplió los procesamientos con prisión preventiva de Cristino Nicolaides, Juan Bautista Sasiaiñ, Reynaldo Bignone, Rubén Franco y Carlos Guillermo Suárez Mason, a quienes acusó por nuevos casos que se suman a los 22 ya probados. Durante su declaración, “Pajarito” Suárez Mason se había permitido expresar que “la pérdida (sic) de menores es un problema común en nuestro medio”.
Tras un período de apelaciones, el fiscal Eduardo Freiler estaría en condiciones de pedir la elevación a juicio. Mientras tanto, los represores imputados en esta causa siguen realizando planteos ante la Corte para obtener su excarcelación. Los otros seis acusados, Jorge Videla, Emilio Massera, Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Febres y Antonio Vañek, ya tienen confirmados sus procesamientos, y a excepción de Febres y Acosta todos gozan del arresto domiciliario.
Urso firmó la resolución de unas doscientas carillas en esta causa, iniciada en 1996 por las Abuelas de Plaza de Mayo, radicada en el Juzgado Federal 7, y lo hizo como juez subrogante porque actualmente su titularidad está vacante. La medida incluyó un aumento en los embargos hasta cubrir 1 millón 500 mil pesos. En esta ampliación de los procesamientos de los ex altos jefes militares fueron analizados los casos de Laura Ruiz Dameri, Paula Eva Logares, María Moyano Artigas, María Gallo Sanz, Claudia Poblete, Mariana Zaffaroni Islas, Hilda Montenegro y Eva Julien Grisonas, entre otros. La medida incluyó 13 nuevos casos para Suárez Mason, ocho para Sasiaiñ, nueve para Bignone, 15 para Franco y 13 para Nicolaides, entre ellos los de los hijos de Yolanda Casco, María Corvalán, Rosa Taranto, María Trotta y Lucía Tartaglia. Cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos anteriores entendió que sólo había pruebas para sustentar 22 de los 38 casos de menores apropiados. A partir de entonces los abogados querellantes se empeñaron en incorporar al expediente mayor cantidad de testimonios que sustenten la existencia de la apropiación sistemática de menores, en su mayoría hijos de desaparecidos, perpetrada por los represores durante la dictadura. En su resolución de ayer, el magistrado realizó un minucioso análisis del funcionamiento de las maternidades clandestinas que funcionaban en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Los Tordos, El Campito, Pozo de Banfield, Automores Orletti y La Cacha, entre otros centros clandestinos.
Cuando le tocó defenderse, Suárez Mason argumentó que “la desaparición de cuarenta menores en un período de tres años es un número bastante inferior a las desapariciones que ocurren en épocas normales”. Para graficar sus dichos se refirió a cifras publicadas por las organizaciones Red Solidaria y Missing Children. De poco le sirvió el esfuerzo porque el juez Urso consideró que “el alto grado militar que ostentaba permite colegir no sólo que Suárez Mason conocía y toleró la situación que imperaba en los centros clandestinos bajo su comando –Pozo de Banfield, La Cacha, El Vesubio, El Olimpo y Automotores Orletti, entre otros–, sino que evidentemente, la misma no podría haber prosperado sin su expreso aval”. Y agregó que “a fin de llevar adelante la práctica sistemática que nos ocupa, el imputado Suárez Mason se valió de sus comandos inferiores a los efectos de asegurar el éxito de la misma, los que deben ser entendidos como sus brazos ejecutores sin los cuales la práctica ilícita pergeñada indudablemente hubiera fracasado”.
Nicolaides y Franco firmaron el denominado Documento Final, que declaró la muerte de todos los desaparecidos, entre quienes se encuentran los menores. “Esta garantía de impunidad, que nos convoca en tanto también se aplicó a los casos de menores desaparecidos, fue el último paso ejecutado por el gobierno militar para convencer a los argentinos y a las autoridades constitucionales por venir, que el accionar de las FuerzasArmadas respecto de la guerra contra la subversión fue justo y que se desarrolló dentro del marco de la legalidad”, escribió Urso. Por su parte, Bignone arguyó en su defensa que “en realidad hubo una práctica sistemática para devolver menores y no para retenerlos”.