La mayoría de los argentinos creen que los robos que se produjeron hace diez días en Bariloche, Rosario y distintas ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires fueron organizados, no espontáneos. Apenas un 20 por ciento sostiene que esos robos fueron realizados por necesidad. Aunque casi la mitad de los consultados dicen que no saben quiénes fueron los organizadores, Hugo Moyano aparece como el más sospechado. Una de cada cuatro personas lo señala. Pero, además, el resto de los que aparecen en la lista de quienes podrían haber impulsado los hechos son todos dirigentes opositores, principalmente del peronismo. Lo que se verifica con claridad es una amplísima mayoría que sostiene que los que participaron de los hechos deben ser juzgados y encarcelados.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada en todo el país por el Centro de Estudios de Opinión Pública, que conduce Roberto Bacman. El estudio estuvo específicamente referido a los saqueos. En total fueron entrevistadas mil personas de Capital Federal, dos cordones del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán, Salta, San Juan y otras 20 ciudades e incluso zonas rurales del territorio nacional. El procesamiento de los datos terminó ayer y se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.

El punto de partida parece ser el diagnóstico. “La gran mayoría de los argentinos –señala Bacman– considera que la actual situación social y económica no se asemeja a la vivida en 2001, cuando la crisis era de extrema gravedad y se produjeron grandes saqueos a supermercados, con epicentro en el Gran Buenos Aires. Si bien alrededor de tres de cada diez argentinos perciben cierta similitud, concluir que ambos hechos pueden ser emparentados entre sí es exagerado y tendencioso.”

Del total de los encuestados, hay un 20 por ciento que dice que no se puede pronunciar respecto de si los saqueos fueron organizados o espontáneos. Pero del resto, la abrumadora mayoría señala que fueron organizados, es decir que hubo dirigentes políticos y sindicales que convocaron y acaudillaron, luego apoyándose en sectores más marginales. Apenas dos de cada diez personas piensan que los robos fueron motivados por desesperación o necesidad ante la falta de alimentos. “El diagnóstico de que los saqueos fueron organizados lo tienen principalmente los hombres, los más jóvenes y los residentes en el área metropolitana. En el interior creen un poco más en la hipótesis del hambre”, redondea el titular del CEOP.

“Al indagar acerca de quiénes fueron los responsables de esa organización –explica Bacmann–, las opiniones no son homogéneas, expresando gran dispersión. Sin embargo, Moyano es el más señalado. Igualmente cabe destacar que casi todas las respuestas apuntan a figuras del denominado peronismo disidente. Y no se puede desconocer que hay un 42 por ciento que no supieron responder a la pregunta sobre el responsable de la organización de los saqueos.”

“La afinidad de opiniones vuelve a manifestarse fuertemente a la hora de evaluar qué acciones tomar frente a los participantes de los incidentes: un rotundo 73 por ciento sostiene la necesidad de que se haga justicia, dado que se trata de un hecho delictivo. Este valor –insiste Bacmann– refuerza la opinión de que no fueron acciones emprendidas desde la necesidad sino que fueron acciones vandálicas que deben ser sancionadas”.

Hay un dato curioso que surge cuando se pregunta si los sucesos ocurridos pudieron poner en peligro la democracia, si se hubieran extendido y proliferado. Hay un 46 por ciento que dice que sí, mostrando la gravedad de lo ocurrido. Pero el 43 por ciento que dice que no estuvo en peligro la democracia, puede ser interpretado como que considera que el sistema democrático es fuerte, puede superar hechos como éstos y tiene una fortaleza que proviene de los 29 años transcurridos desde la última dictadura militar.

Habrá que ver cómo continúa el trabajo judicial en las próximas semanas. En Bariloche, en Campana, Rosario y San Fernando hay causas judiciales en marcha, con detenidos y, sobre todo, con numerosas horas de filmación que deberían permitir la identificación de los que participaron. En algunos casos también están en el expediente las patentes de los vehículos usados en la medida, aunque hay un dato llamativo en el caso de San Fernando: en la causa judicial constan las patentes de dos colectivos escolares que se utilizaron. Las dos patentes resultaron falsas.

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