La decisión de la Corte Suprema de rechazar el per saltum y ratificar la vigencia de la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín terminó con el vértigo jurídico y político que había ocupado gran parte de la agenda del último mes del año. Con el foco puesto nuevamente en la Cámara Civil y Comercial, el gobierno nacional ya tiene preparado el escrito para pedirle que habilite la feria judicial y comience a analizar en enero la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Conscientes de que la solicitud difícilmente prospere, en el oficialismo prevén aumentar la presión pública como forma de acelerar una definición, teniendo en cuenta que la Sala I de esa Cámara actuó sistemáticamente en contra del Gobierno, ya sea dilatando un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo o prolongando la medida cautelar.

“El plazo de la Cámara va a ser el que resista, si el tema se instala y está en agenda va a ser muy difícil que pueda seguir dilatando la cuestión”, aseguró a Página/12 un importante funcionario del gobierno nacional. El miércoles por la mañana, primer día de la feria, el Poder Ejecutivo llevará el escrito pidiendo habilitar la feria y amparándose en la sentencia de la Corte Suprema de la semana pasada donde instó a la Cámara a que “se expida dentro de la mayor brevedad posible”. Sin embargo, distintos funcionarios kirchneristas remarcaron que la fórmula utilizada por el máximo tribunal dista mucho de la “habilitación de días y horas” impuesta al juez de primera instancia, Horacio Alfonso. “La Corte lo que hizo fue pinchar la pelota, como hace siempre”, se quejó un legislador kirchnerista que encabeza uno de los múltiples frentes abiertos a partir de la judicialización de la ley de medios.

En el oficialismo tienen sobrados elementos para presuponer un resultado negativo al pedido de celeridad. Quienes quedaron de guardia durante la feria en la Cámara Civil y Comercial son precisamente los magistrados Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina. Los dos primeros integran la Sala I, que actuó varias veces en contra del Estado en la causa Clarín, y la última es esposa de Julio César Rivera, abogado de la empresa Cablevisión, pieza fundamental del grupo económico. En este contexto, la apuesta del Gobierno es volver a poner en evidencia la falta de imparcialidad de los magistrados, en una nueva decisión que favorecería al multimedio. La última integrante de la Sala I, María Susana Najurieta, se reincorporará el 27 de enero. “Esta es la Cámara turista, que se va de viaje a Miami y que ahora se toma vacaciones. Que se queden y laburen”, se exaltó un importante referente del oficialismo.

Trabajando sobre la hipótesis más probable, en el Ministerio de Justicia que encabeza Julio Alak sacan cuentas y empiezan a contar los plazos a partir del viernes 1º de febrero. “Calculamos que tiene que haber sentencia para mayo”, responden fuentes del ministerio que calificaron como “un escándalo” que los jueces se excedieran de los 60 días hábiles fijados por el Código Procesal Civil y Comercial.

“Los jueces quedan cada vez más expuestos. Están demorando hasta llegar a la época de las elecciones. El Código dice no más de 60 días, pero si se demoran más de ese tiempo no les pasa nada”, se enfurece una espada legislativa del Frente para la Victoria, con una mirada más pesimista.

Por lo pronto, sumado a la presión política y considerando que el Congreso comenzará sus sesiones ordinarias el 1º de marzo, el oficialismo prevé incorporar al Congreso en esta discusión. El debate abierto por la presidenta Cristina Fernández sobre la “democratización del Poder Judicial” disparó el trabajo en varios despachos del oficialismo, incluidos los de Diana Conti y Marcelo Fuentes, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales de Diputados y Senadores, respectivamente. “Esto es un fermento crítico de una vaca sagrada que es el control difuso de constitucionalidad. Es un tema para la reforma de la Constitución”, advirtió Fuentes en diálogo con este diario.

En la Casa Rosada cuentan con encuestas de opinión donde –aseguran– la mayoría de la sociedad ve al Poder Judicial como el principal responsable de la inseguridad y, a su vez, a este tema como uno de los principales problema del país. Precisamente, ésa es la línea sobre la que viene machacando Cristina Fernández en sus últimos discursos.

Otro caso judicial que se sumará a los cuestionamientos kirchneristas es el de la recuperación del predio de La Rural, denominado ya como “Clarín 2”. En el Gobierno advierten que la jueza subrogante Silvina Bracamonte no ocupa el cargo de acuerdo con la ley de subrogancias y que pese a haber fallado a favor del Gobierno, habilitó que la causa tramite en el fuero Civil y Comercial cuando debería hacerlo en el Contencioso Administrativo. Una vez más, será la misma Sala I del fuero Civil y Comercial la que tendrá en sus manos una causa urticante para el kirchnerismo.

La estrategia oficial se define en una mesa de coordinación integrada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y la Afsca de Martín Sabbatella, junto a sus respectivos equipos jurídicos y con la supervisión de la Presidenta. En este contexto, enero se anticipa como un mes menos agitado que los anteriores, pero la tensión, insisten, seguirá in crescendo.