La Cámara Federal de Bahía Blanca apartó de la causa que investiga delitos de lesa humanidad de la Armada y Prefectura en el sur bonaerense al abogado Eduardo Tentoni, juez ad hoc durante casi un lustro, quien había sido recusado por falta de imparcialidad por los fiscales Abel Córdoba y Félix Crous. El tribunal fundó su decisión en una inusual “aclaración” en la que Tentoni agradeció la “amplia y generosa colaboración” de la fuerza armada que Córdoba acababa de denunciar por reticente, y en su aval a tareas de inteligencia amateur sobre víctimas del terrorismo de Estado realizadas en dependencias del Ministerio Público nada menos que por el secretario de Derechos Humanos del juzgado federal, Mario Fernández Moreno. Los camaristas Pablo Candisano Mera y Angel Argañaraz calificaron como “una falta de respeto” el “indebido escrutinio e individualización de personas” realizado por Fernández Moreno y su incorporación al expediente por parte de Tentoni, admitieron como “legítimas preocupaciones e inquietudes” las planteadas por fiscales y luego por querellantes, apartaron de la investigación al abogado y designaron en su lugar al juez federal subrogante Santiago Martínez.

En marzo pasado, de comisión en Buenos Aires para rastrear información sobre los agentes civiles que actuaron durante el terrorismo de Estado al servicio de la Armada (que se resiste a encontrar sus legajos), Tentoni se reunió con el entonces jefe de la fuerza, almirante Carlos Paz, y mantuvo dos “almuerzos de trabajo” con el director de Inteligencia, comodoro Manuel Guillermo Tomé. Córdoba le reclamó sin suerte que informara sobre el contenido de esas reuniones. Al recusarlo explicó que la negativa no sólo ponía en duda su imparcialidad y era “lesiva para las víctimas”, que antes de ser secuestradas fueron blancos de la “inteligencia naval”, sino que comprometía “los aspectos más delicados del sistema democrático”, que veda a los militares las tareas de inteligencia en el marco interno. Los camaristas no cuestionaron las reuniones del juez con los marinos, sino la resolución que firmó días después. Córdoba había denunciado públicamente la reticencia de la Armada a aportar información. En un hecho inédito desde la reapertura de causas por crímenes de la dictadura, el entonces secretario general de la Armada, contraalmirante Luis María González Day (pasado a retiro en octubre por modificar el destino de la Fragata Libertad), difundió un comunicado para intentar desmentir al fiscal. Fue entonces cuando Tentoni, sin que nadie formalmente se lo pidiera, escribió ocho carillas llenas de elogios al almirante Paz por su “amplia y generosa colaboración” y hasta agradeció que no le hubieran negado durante un allanamiento el acceso al galpón de la base de Puerto Belgrano donde guardaban varios Ford Falcon que conservan como trofeos desde los años ’70.

“El cruce mediático” entre fiscal y marino “derivó en que hiciera una aclaración”, oscureció Tentoni al intentar justificarse. Los camaristas llamaron la atención sobre el concepto y dedicaron varios párrafos a diferenciar las obligaciones de fiscales y jueces. Quien acusa tiene “necesidad de exponerse mediáticamente” porque su misión es “defender la legalidad y los intereses de la sociedad” y en las sociedades modernas los medios son “una herramienta fundamental para canalizar y difundir problemáticas”. Los jueces, en cambio, “deben aparecer frente a los justiciables y a la sociedad en una posición distanciada de los conflictos en pugna cuya resolución se les confía”. Tienen un “deber de discreción reforzada” ante controversias de partes y “deben adiestrarse en el ejercicio de la autocontención”. No sólo deben ser mesurados al opinar, también al realizar “actos con fuerte contenido simbólico”. Que un juez agradezca públicamente la supuesta colaboración de una fuerza a la que en teoría investiga constituye una advertencia objetiva que permite dudar de su imparcialidad y justifica su apartamiento, concluyó la Cámara.

El segundo acto que selló la suerte de Tentoni fue una derivación del insólito fisgoneo documentado por Fernández Moreno, hijo del ex camarista Augusto Fernández, que se jubiló este año tras excarcelar a 36 represores y que el 8N paseó por Bahía Blanca con el ceño fruncido y una bandera argentina para reclamar “¡¡Basta de Kdenas!!”. A partir de una recusación del teniente coronel abogado Mauricio Gutiérrez para intentar apartar a Córdoba, el juez ad hoc se dedicó durante tres meses a husmear vida, obra y relaciones del fiscal para concluir que el planteo era extemporáneo. En el contexto de esa parodia de juicio, que luego la Cámara declaró nula, un correveidile le avisó a Fernández Moreno que “mientras era atendido en mesa de entradas” de fiscalía “observó a una mujer” que pidió hablar con Córdoba, dio su nombre y apuntó que la atendió la jefa de despacho, datos que el secretario volcó a un acta y Tentoni a la causa. Córdoba denunció la conducta “lesiva de la privacidad” de las personas, agravada porque la mujer es una sobreviviente de la dictadura. Recordó que la comunidad jurídica impone a los jueces el cuidado de las víctimas y repudió el “proceder patético avalado por el juez”.

Los camaristas que hasta abril convivieron con el padre de Fernández Moreno tuvieron la gentileza de no nombrarlo y de cuidar las palabras, pero alertaron de su “indebido escrutinio e individualización de personas”. “La mesa de entradas de la fiscalía es equiparable al estudio de un abogado y, salvo orden judicial, no puede practicarse el recuento o identificación de personas que se hallen allí”, aclararon. A partir de la máxima de que “lo útil no se vicia por lo inútil”, sostuvieron que “el juez ad hoc no debió haber mantenido el acta cuestionada en el expediente” pues su obligación era “la destrucción física de aquello que no debe servir para nada”. Concluyeron que el episodio “contribuye” a dudar sobre la imparcialidad de Tentoni y que lo “prudente” es su apartamiento “por las molestias y difíciles situaciones que puede traer su permanencia”. Al servicial Fernández Moreno nadie le pidió explicaciones por la gestión que sólo interesaba al ex abogado del Cuerpo Quinto que ahora defiende a camaradas y al cierre de esta edición continuaba al frente de la denominada Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal bahiense.