La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el procesamiento al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por el supuesto “tráfico de influencias” para conseguir que la Sala III de ese mismo tribunal excarcelara al grupo de ferroviarios acusados en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y así evitar que la investigación llegara hasta él, como finalmente ocurrió. Pedraza está siendo juzgado, junto con la patota de dirigentes, delegados y empleados de la ex línea Roca, por la supuesta instigación del crimen de Ferreyra y las heridas graves ocasionadas a otros tres militantes hace poco más de dos años. El debate comenzó en agosto del año pasado y continuará a mediados de mes.

Con la decisión unánime de los jueces Juan Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y en uno de sus últimos fallos antes de ingresar en el período de feria, el máximo tribunal penal del país dejó firme el procesamiento de Pedraza en la causa que investiga su participación en una maniobra para salir favorecido en el expediente judicial por los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010, cuando una patota de empleados ferroviarios evitó que un grupo de ex empleados tercerizados, acompañados de militantes de partidos de izquierda, realizara un corte de vías en reclamo de mejoras laborales.

El procesamiento por cohecho y tráfico de influencias del dirigente sindical ya había sido ratificado a mediados de noviembre por la Sala VI de la Cámara del Crimen. Entonces, aquellos camaristas consideraron que Pedraza, el contador de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforin; el ex agente de la SIDE Juan José Riquelme; el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid y el prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar –todos también procesados por los mismos delitos– colaboraron posicionados “en lugares estratégicos”, “con sus relaciones y conocimientos preexistentes” en una “maniobra orquestada” para “lograr impunidad”.

Fue Wilma López, la jueza de instrucción que actuó en la investigación del asesinato de Ferreyra y las heridas graves que sufrieron Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre, quien descubrió en el marco de ese trabajo el nacimiento y avance del soborno con el que Pedraza intentaría salvarse de la acusación, objetivo que finalmente no consiguió. Mientras analizaba escuchas telefónicas ordenadas durante los primeros trabajos de esa pesquisa, López descubrió diálogos que evidenciaban la organización del cohecho. El dirigente sindical debía pagar una coima para que el “señor de las teclas” –Ameghino Escobar, responsable del sorteo de jueces en Casación– manipulara el reparto de la causa que lo tenía a él y a la patota de ferroviarios que actualmente afronta el juicio oral en curso como acusados –el secretario administrativo de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos Fernández; el ex responsable de la Comisión de Reclamos, Pablo Díaz; los empleados ferroviarios Daniel González, Claudio Alcorcel, Guillermo Uño, Gabriel Sánchez, Juan Carlos Pérez y Salvador Pipito; el aspirante a un puesto, en aquella época empleado tercerizado Christian Favale– recayera en la Sala III de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell. Con ellos, supuestamente Aráoz de Lamadrid tenía lazos que le permitirían lograr beneficios como la excarcelación de detenidos por el crimen. Así, Pedraza estaría a salvo de que la instrucción llegara a él y, por lo tanto, evitaría su procesamiento, detención y enjuiciamiento.

La investigación que procesó al dirigente ferroviario y a los otros cuatro integrantes de la maniobra no logró probar que el ofrecimiento de dinero haya existido a los jueces. Sin embargo, tras un allanamiento se encontró una suma de dinero en el estudio jurídico de Lamadrid que coincidía con lo mencionado en las escuchas telefónicas.

A fines de la semana pasada, los mismos jueces que confirmaron el procesamiento de Pedraza en la causa por supuesto cohecho y tráfico de influencias también prorrogaron las prisiones preventivas de Favale, Uño, Pipito, González, Díaz, Sánchez y Pérez, quienes deberán esperar en la cárcel el fallo del juicio que evalúa su participación en los hechos del 20 de octubre de 2010, que llegaría a mediados de abril.