No hay reparación histórica que no sea precedida por el daño. La anulación del contrato de venta del predio de Palermo que la Sociedad Rural Argentina utiliza desde hace mucho tiempo –primero de hecho, luego con irregularidades en la tasación y la compra– es un ejemplo que tiene una historia moderna y otra más antigua.

La historia moderna es conocida y recordada por sus características sospechosas, y podríamos decir que es la parte más pública de aquello que se está discutiendo: el traspaso gracioso del predio en 1991. Un acto que forma parte de una extraña secuencia de “reparación histórica al revés”, por la que no se beneficiaron los dañados por la historia, sino aquellos que produjeron los daños. Entre ellos, ministros de Economía surgidos de la matriz cultural de las dictaduras argentinas.

La “compra” por parte de la Sociedad Rural del predio de Palermo a un precio doblemente vergonzoso –por el valor vil que se transó y por la ventaja que sacó de él una corporación a la que le sobra riqueza– fue siempre vista como un chiste inmobiliario y una provocación que llega a su fin con el decreto presidencial 2552.

En defensa de los intereses de la asociación que conduce, al presidente actual de la Sociedad Rural se le ocurrió decir que la decisión del Gobierno de anular la venta de 1991 es una venganza “por la 125”. Con lo que intenta que las cosas se discutan en el campo de la actualidad. Pero la historia de la Sociedad Rural no es, justamente, la historia de una institución dañada por el Estado, sino la de una asociación beneficiada sistemáticamente desde su nacimiento.

Recordemos brevemente ese origen y algunas de sus derivaciones. La Argentina se endeuda por un millón de libras con la casa Baring Brothers en 1824, a cambio –entre otras cosas– de hipotecar tierras fiscales. En abril de 1826, el presidente Rivadavia desaloja de esas tierras a los indios y los criollos que la ocupaban. En mayo sanciona la Ley de Enfiteusis (una cesión discrecional de tierras, sin obligación de ocuparlas), y en julio se funda la Sociedad Rural Argentina, en la que Rivadavia tenía acciones.

Esa primera Sociedad Rural recibe 122 leguas en las zonas más fértiles de la provincia de Buenos Aires y en 1830 ya tiene 8,5 millones de hectáreas repartidas entre 500 estancieros asociados (aproximadamente 15.000 hectáreas cada uno). Las consecuencias económicas para el Estado no fueron buenas. Los estancieros esquivaban el pago del canon, además de alquilar las tierras como si no se tratara de una sociedad productiva sino inmobiliaria. Los patrones económicos de los estancieros en aquellos años se basaban en la apropiación, la especulación y la evasión.

En 1826, el primer presidente de la primera Sociedad Rural fue Narciso Martínez de Hoz. Su hijo, José Toribio, fue el encargado de liquidarla (era una sociedad de acciones) y refundarla en 1866, un año después de que los estancieros lograran la sanción del Código Rural en la provincia de Buenos Aires (de la que José Toribio Martínez de Hoz fue el “contenidista”), un modo de institucionalizar el trabajo servil de los peones de campo.

El predio que la Sociedad Rural Argentina usufructuó de hecho en Palermo fue un espacio desierto durante muchos años. Pero en 1906 asumió la presidencia de la sociedad Manuel Güiraldes (padre del escritor Ricardo Güiraldes), cargo que abandonó en 1908 para convertirse en intendente de la ciudad de Buenos Aires por designación de Figueroa Alcorta. Güiraldes fue el encargado de organizar los festejos del Centenario de 1910, de los que la Sociedad Rural se vio beneficiada con la construcción de sus pabellones históricos. En aquel momento, Sociedad Rural y Estado argentino eran más o menos lo mismo, por lo que se entiende que hoy en día irrite tanto a esta corporación la falta de privilegios que siempre tuvo y que consistió en dominar lo público mediante reuniones íntimas en las que obtenían los favores de la “política”. Viejas y nuevas historias del poder y la soberanía popular.

* Diputado Nacional - Frente para la Victoria.