El gobierno de Néstor Kirchner estudia la rescisión del contrato con Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri, con el Banco Galicia como socio minoritario, que en 1997 se adjudicó la privatización del servicio postal, en una de las últimas operaciones que consumó el menemismo. En aquel momento C. A. logró la concesión por 30 años con la promesa de pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares. Sin embargo, en 1999 dejó de abonarlo, pretendiendo además que se computaran como inversiones –que constituían el otro formal compromiso de la adjudicataria– las indemnizaciones pagadas a más de 6000 empleados separados de la empresa mediante planes de retiro voluntario. Adoptando una táctica previsible, la firma optó por pasar a la ofensiva, acusando al Estado de incumplimientos varios, al punto de plantear en diciembre último un reclamo de resarcimiento por más de $ 1070 millones. Lo cierto es que la cancelación del contrato rondó durante los últimos años por los despachos públicos como una decisión altamente probable, pero ni Fernando de la Rúa ni Eduardo Duhalde quisieron confrontar con Franco Macri, a pesar de que la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura (Sigen) se pronunciaron contra los manejos de la empresa. Ahora existe ya decisión política de estamparle un sello final a esta historia, con el mismo temperamento con que se estudia intervenir los entes reguladores de los servicios públicos privatizados y anular, por algún mecanismo aún a precisar, el decreto que en sus últimas horas en la Casa Rosada firmó Duhalde en favor de Aeropuertos Argentina 2000, la no menos conflictiva empresa de Eduardo Eurnekian.
El caso de Correo Argentino muestra a un grupo privado que toma un negocio de manos del Estado, pero no parece dispuesto a correr con los correspondientes riesgos comerciales. Si la explotación no da los rendimientos esperados, probablemente calculados en base a proyecciones mal fundadas, el concesionario se aparta de los compromisos asumidos y presiona para obtener que se modifiquen las condiciones pactadas. Esta táctica le funcionó a Macri mientras se mantuvo Carlos Menem en el gobierno, logrando que el entonces secretario de Comunicaciones, el ucedeísta-cavallista-delasotista Germán Kammerath, convalidara los actos de C. A., a su vez protegido por fallos favorables del juez Adolfo Bagnasco. Posteriormente, la relación con el poder político osciló entre el pleito permanente y la indefinición.
Dentro de la azarosa historia de la privatización postal figuran 126 millones de pesos que los adjudicatarios erogaron en indemnizar a trabajadores en el primer año de la concesión. C. A. computó esas indemnizaciones como inversiones, con el aval en 1998 de Kammerath. El monto en cuestión equivalía a cinco años de inversiones, según el piso de $ 25 millones anuales que la adjudicataria se comprometió a invertir durante el primer decenio, aunque sin que se precisara el contenido concreto, físico de esas inversiones. La actitud de Kammerath le valió una denuncia penal de diputados frepasistas, pero la causa derivó a manos del juez Bagnasco, que sobreseyó por dos veces al acusado. La Cámara Federal anuló una y otra vez los sobreseimientos. En febrero de 2001, Bagnasco convalidó la decisión de Kammerath de admitir el cómputo de indemnizaciones como inversiones.
El 19 de septiembre de 2001 C. A. se presentó en convocatoria de acreedores, como apelando a un “último recurso” para enfrentar un pasivo superior a $ 700 millones, que incluía a ese momento $ 257 millones adeudados al Estado por el canon. De hecho, lo que buscaban Macri y Escasany era forzar una renegociación del contrato, que bajase los $ 103 millones anuales de canon que se habían comprometido a pagar, oferta merced a la cual se alzaron con la concesión. Al parecer, los improvisados empresarios carteros habían proyectado una facturación anual de unos 1000 millones de pesos, pero sólo alcanzaron la mitad de esa cifra. Buscando colocar al contrincante a la defensiva, Correo Argentino planteó que el Estado debía indemnizarla en $ 320 millones (la cifra fue subiendo con el tiempo) por las “asimetrías laborales” presuntamente existentes en el mercado postal, ya que las remuneraciones de sus empleados eran más elevadas que las pagadas por empresas de la competencia, particularmente Oca, desnivel ya existente en 1997 y que no ignoraban. La Sigen, conducida por Rafael Bielsa, actual canciller, cuestionó esa pretensión, como también la de considerar los retiros voluntarios como inversiones.
El mismo día del año 2001 en que esto sucedía se publicó en el Boletín Oficial un decreto por el cual el Gobierno resolvía que la AFIP le pagara a Correo Argentino (a la cual el decreto no identificaba) algo más de $ 29 millones en Bocones por franqueos adeudados. Impositiva efectuó el pago, a pesar de sostener al mismo tiempo que la destinataria del pago le debía $ 257 millones en tributos. Evidentemente, el gobierno aliancista distaba de sostener una posición común frente a Macri.
El 13 de noviembre último, el Congreso nacional aprobó un informe de la AGN –organismo parlamentario– aconsejando rescindir las concesiones a Correo Argentino y a Aeropuertos Argentina 2000 debido a “los reiterados incumplimientos contractuales y la falta de pago del canon”. A ese momento, y según Jefatura de Gabinete, Correo debía por cánones impagos $ 451 millones, mientras que AA2000 adeudaba $ 433 millones.
Ya en agosto de 2001 la Sigen había recomendado al Gobierno dar por caída la concesión de C. A., considerando que la convocatoria de acreedores era causal de rescisión, por establecerlo así el contrato. Pero el gobierno de la Alianza en general, y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, en particular, preferían no confrontar con el Grupo Macri y el Banco Galicia, y tampoco deseaban reasumir el control del servicio postal, ya que abominaban de las “reestatizaciones”.
En diciembre último, la empresa del buzón carmín reclamó del gobierno de Duhalde, en una presentación firmada por Roberto Dromi –su abogado patrocinante en las causas judiciales–, un resarcimiento de $ 1072 millones por diversos incumplimientos presuntos del Estado. A saber, la falta de control sobre los servicios postales clandestinos, las mencionadas asimetrías laborales y los franqueos impagos. La compañía expresó además la pretensión de que el canon dejase de consistir en una suma fija para calcularse como un porcentaje de la facturación, con lo cual convertiría al Estado en partícipe del riesgo empresario, aunque sin derecho a opinión ni voto. Además, Macri quería cinco años más de concesión, que se sumarían a los 30 otorgados, y un aumento en las tarifas de los servicios regulados, fundamentalmente la carta simple (los demás fueron notablemente encarecidos por la empresa).
Todas estas pretensiones quedaron a consideración de una comisión especial, formada por Jefatura de Gabinete, la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Comunicaciones. Pero Alfredo Atanasof dejó el pasado 25 de mayo su cargo sin haberle pasado la lengua a esta estampilla.