Yo no quiero ser como Atila, pero tampoco vine acá solamente para estar en la presidencia y pasar el tiempo sin hacer nada”, explicó Néstor Kirchner a sus colaboradores más cercanos el miércoles, cuando cargó contra Julio Nazareno. Atila era el rey de los hunos. Por donde pasaba, no crecía más el pasto. Kirchner no tiene ni de lejos el poder de Atila. Por tanto, su deseo de no ser destructivo se suma a una realidad aún más fuerte: no puede serlo. Lo que hizo en la segunda semana de gobierno es más simple de lo que parece. Se trata de un presidente que busca ensanchar su base de apoyo mientras resuelve parte de las tareas institucionales que aparecían en el centro de los reclamos populares de diciembre del 2001 y gana poder para una de las grandes batallas de estos días, el desarme de la trama de poder que responde a Luis Barrionuevo.
En las primeras marchas tras la caída de Fernando de la Rúa, cada cacerola guisaba un plato diferente. En muchas se cocinaba el hartazgo. En otras, la bronca por los ahorros congelados. Pero muy pronto apareció la renovación de la Corte Suprema de Justicia como un modo de sintetizar la búsqueda de transparencia. Este pedido resultó, incluso, más unificador y concreto que otros. El “Que se vayan todos” era heterogéneo y combinaba desde la ilusión de algunos de vivir una situación prerrevolucionaria hasta la de otros de cargarse en un día, con un solo pase de magia, a los viejos partidos. El reclamo de cambiar la Corte sonaba más concreto. Y posible.
El ballottage no realizado impidió a la sociedad estrenar un mecanismo de alianzas y a Kirchner disfrutar un triunfo aplastante. Pero dejó marcado un mandato. Ahora, el Presidente está obligado a trabajar todos los días por ampliar el consenso. Y ese trabajo cotidiano debe responder al gran espacio de centro y centroizquierda, peronista y no peronista, que lo hubiera votado el 18 de mayo si no hubiera sido por la fuga de Carlos Menem.
En el caso de la Corte, además, jugó el instinto de supervivencia del santacruceño. Como político, y más allá de que decir esto en público suene antipático en tiempos de sospecha, Kirchner no se opone al toma y daca de una negociación clásica. La política es siempre conseguir y ceder. Pero la perspectiva que planteaba la continuidad de Julio Nazareno & Asociados al frente de la Corte no era el toma y daca abierto sino lo que un italiano llamaría sottogoverno. El gobierno en las sombras. Los acuerdos por debajo de la mesa. Los pactos relacionados con el estilo de la mafia.
“Entrar en el toma y daca con la Corte no sólo sería un desastre para la transparencia de la Argentina”, dijo a Página/12 un alto funcionario que pidió reserva de su nombre. “Sería una catástrofe para el propio Kirchner. Le permitiría un juego parejo si conservase este nivel de aprobación de la gente. Lo dejaría en manos de la mayoría menemista de la Corte si el Gobierno atravesara períodos de desgaste. Y jamás podría salir de los acuerdos permanentes.”
El mensaje del Presidente pidiendo por cadena que el Congreso enjuiciara a Nazareno reprodujo la situación de aquel discurso en el que Kirchner, después de la primera vuelta, calificó la huida de Menem como un intento de los grandes grupos económicos de condicionar al futuro gobierno.
Como aquella vez, las posturas ante la decisión de profundizar el juicio fueron dos.
Una, en sintonía con el discurso y a la espera de que el impulso se mantenga.
Otra, de crítica por lo que la iniciativa tiene de remoción de un poder establecido.
La segunda postura exhibe contradicciones de argumentación.
Como arranque, exige al Presidente que procure consensos. Lo contrario, sostiene, sería caer en un autoritarismo de señor feudal. Luego critica algunas medidas concretas, como el descabezamiento de las cúpulas militares o la carga contra Nazareno. En el primer caso, porque se habría tratado de una medida exagerada, relacionada además con la santa vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el segundo, dice la argumentación, porque ataca el principio de división de poderes.
La sensación es que la única manera tolerada de buscar consenso consiste en dejar las cosas como están, sin abrir nuevos frentes ni en las Fuerzas Armadas ni en la Justicia, y menos en la discusión de tarifas y condiciones con las empresas de servicios.
Sin embargo, lo que carece de consenso social es la existencia de una cúpula militar dedicada al fragote light, de una Justicia comandada por los funcionarios del Estado menos creíbles de la Argentina y de grandes empresas que quieren actuar como si el país viviera aún en el espejismo del uno a uno.
Elegir esos temas para la política de los primeros tiempos supone, desde el Gobierno, un punto de encuentro con el reclamo social. Lo mismo sucede con un costado importante del juicio político a la Corte. El Congreso puede tomarlo como un desafío presidencial a su autoridad o una gigantesca presión política. Pero también puede utilizar el juicio a Nazareno como un salvavidas para ganar respeto social y dejar, por un momento, la lógica del toma y daca en su costado mafioso y no en su lado político.
En la discusión parlamentaria ya está apareciendo un punto muy discutido los últimos días: si al influir sobre el Congreso para pedir el juicio a Nazareno, Kirchner vulneró dos veces la división de poderes.
La violación del equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial fue una constante de la Argentina, y es natural que hoy se enciendan luces amarillas. A veces lo son de verdad. Y a veces encubren los intereses de la mayoría automática de la Corte (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano) combinados con el peso de los grandes estudios de abogacía y el lobby más conservador de lo que suele llamarse “la familia judicial”.
Irritado contra esta última franja, Kirchner se descargó el viernes contra Julio Strassera, fiscal del juicio de 1985 a los comandantes de la dictadura. Strassera había dicho que la Corte se debe cambiar poco a poco y no por presión política. Kirchner lo criticó recordando que fue “fiscal de la dictadura”. Strassera lo fue, y por eso su papel como fiscal del juicio a las juntas le significó la pérdida hasta de los viejos amigos de la familia judicial, que lo veían como un peligroso subversivo que había traicionado a una corporación más identificada, por ejemplo, en Alberto Rodríguez Varela, el ministro de Justicia y después defensor de Jorge Rafael Videla. En todo caso la mayor debilidad del argumento de Strassera no es el propio Strassera, que cumplió un papel decisivo en la nueva institucionalidad democrática con su acusación del ‘85, sino el hecho de haber descuidado un tema clave: en los países de democracia estable las cortes supremas se renuevan con el tiempo, pero el caso es que en la Argentina eso ocurrió en un solo momento, en 1989, cuando Menem y el Congreso ampliaron los miembros de cinco a nueve e inundaron el tribunal supremo con una mayoría recién fabricada.
Estos días el radicalismo pidió volver de los nueve miembros actuales a los cinco anteriores. La propuesta suena atractiva. ¿Es, en cambio, políticamente renovadora? La demanda social no es achicar la Corte o maquillarla sino cambiarle la cabeza y seguir después, hacia abajo, con el resto del Poder Judicial. El achicamiento a cinco miembros podría funcionar si al mismo tiempo se abriera la chance de designar en la Corte a figuras nuevas, de peso jurídico pero sin lazos con los lobbies conservadores que en la década del ‘90 les dieron forma legal a las privatizaciones salvajes. No sólo la forma de elegir a los nuevos miembros oxigena. También el nombre y apellido de los que terminarán reemplazando aJulio Nazareno y a sus amigos del Club Social y Deportivo Dejate de Joder.