“Hay presiones para evitar el enjuiciamiento”, revela el diputado Ricardo Falú (PJ-Tucumán), que preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. En una entrevista con Página/12, el legislador identifica el origen de las “presiones” que está recibiendo la comisión parlamentaria que analiza la actuación del supremo Julio Nazareno. Según Falú, provienen de “algunos periodistas que han mostrado y han tenido una posición más cercana a defender a la Corte que a actuar con más independencia profesional” y de “algunos constitucionalistas que en su quehacer profesional están cercanos a la Corte”.
Como titular de la Comisión de Juicio Político, Falú se encargó de conducir el proceso contra todos los miembros de la Corte que el año pasado terminó en fracaso por la deserción de su propia bancada. Marcado por aquel revés, anticipa los previsiones que se tomarán esta vez, para evitar errores. “Hemos consensuado con todos los bloques avanzar caso por caso, juez por juez, separadamente en el tiempo, en forma secuencial. Para evitar la crítica de que se trata de un enjuiciamiento colectivo y para clarificar a la sociedad y evitar confusiones. Y para que la sociedad conozca en cada caso cuál es el contenido de la acusación.”
Con rapidez para anticiparse a discusiones futuras, Falú explica que las causas por las que se juzgará a Nazareno “son distintas a las de 2002”. No es un comentario menor, porque –como admite después– esa diferencia permitirá “evitar la célebre pregunta de por qué la mayoría justicialista votó de una manera el año pasado y ahora votaría en otro sentido”.
–¿En qué se diferencian estas causas de las que fracasaron el año pasado?
–Hay dos aspectos para aclarar. Las denuncias que se han declarado admisibles y las que vamos a poner en consideración en la Comisión de Juicio Político el próximo jueves son distintas de las tratadas en la Cámara el año pasado. El caso Margariños, que hemos abierto el jueves contra el juez Nazareno, había tenido entrada una semana antes del discurso presidencial, que fue el miércoles. Esto es para aventar algunas voces que dicen que dicen que fue abierto por el discurso presidencial.
–Pero es obvio que se abrieron un día después del discurso de Kir-
chner.
–Se abrieron este jueves, pero ya estaba en la orden del día desde el día martes. O sea que el tratamiento de ese caso ya estaba planteado desde antes del discurso presidencial. La comisión que yo presido va a citar por causas distintas a las del 2002, para evitar cualquier controversia o polémica sobre la cosa juzgada. Y para evitar la célebre pregunta de por qué la mayoría justicialista votó de una manera el año pasado y ahora votaría en otro sentido. Y es porque son causas objetivamente distintas.
–¿Por qué si inicialmente tenían pensado iniciar un juicio político contra Fayt ahora cambiaron la prioridad y avanzaron sobre Nazareno?
–Ambas causas están en trámite. Con Nazareno hay consenso político. El caso Fayt, en cambio, está a estudio para su dictamen final, pero no hay consenso, ni homogeneidad, con el criterio a adoptar. Por eso se está trabajando con la causa Nazareno, que fue unánime, donde votaron a favor de la admisibilidad el socialismo, el ARI, el Frepaso, los radicales, todos los sectores del peronismo, e inclusive dos diputados del menemismo, Tanoni, de Salta, y Cettour, de Entre Ríos, que están en el bloque azul y blanco y votaron la admisibilidad.
–¿Piensan iniciar alguna causa por los dichos públicos de Nazareno?
–Las declaraciones del doctor Nazareno del día martes fueron motivo de dos pedidos de juicio político de los diputados Di Cola, de Córdoba, y Obeid, de Santa Fe. El jueves los voy a poner en el orden del día para que se trate la admisibilidad. Y vamos a incluir los casos Meller, Macri y Salomoni, donde hay una admonición a los jueces de primera instancia. Hay cuatro nuevas causas contra Nazareno para agregarle al caso Margariños, por lo cual el próximo jueves habría cinco causas abiertas.
–¿Se podría aplicar en el caso la suspensión preventiva, si actúa la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado?
–Con la relatividad que tiene el pronóstico, la cuestión podría estar tratándose en el recinto de Diputados a fines de julio. La discusión sobre si se puede aplicar o no la suspensión preventiva corresponde a la Cámara de Diputados pero no al Senado. El Senado ya la aplicó como doctrina parlamentaria en el caso de Oyarbide.
–¿La Comisión de Juicio Político está recibiendo presiones?
–Hay presiones en favor de enjuiciar. Pero también hay presiones para evitar el enjuiciamiento. Por ejemplo, algunas periodistas que el año pasado han mostrado y han tenido una posición más cercana a defender a la Corte que a actuar con más independencia profesional. Y también algunos constitucionalistas, que en su quehacer profesional están cercanos a la Corte. Como aquel dicho que dice “entre bueyes no hay cornadas”, bajo un matiz intelectual esconden una defensa corporativa de sus privilegios.