Un decreto de autolimitación del Presidente, audiencias públicas, presentación de la declaración jurada y consultas a las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno trabaja en un proyecto –basado en un documento elaborado por ONG– para cambiar radicalmente el modo en el que se designa a los jueces de la Corte Suprema: la idea es cambiar el clásico dedazo por criterios racionales y transparentes, que otorguen legitimidad social y prestigio jurídico a los integrantes del máximo tribunal.
“A nosotros nos preocupa que si se produce una vacante, la cobertura se realice a través de métodos cristalinos. Por eso estamos avanzando con diferentes organizaciones de la sociedad civil para generar la normativa apropiada al respecto”, explicó ayer el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, en referencia al documento “Una Corte para la democrcia”, elaborado por Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Unión de Usuarios y Consumidores. “La idea es que el proceso sea público, a la luz del día, porque lo que no queremos es que en la Argentina haya más secretos”, agregó Beliz.
Su viceministro y hombre de confianza, Abel Fleitas, fue designado como coordinador del trabajo, en el que también interviene un abogado en representación de las ONG. Aunque aún está en borrador, Página/12 accedió a los lineamientos generales del plan, que apunta, básicamente, a transparentar los mecanismos de designación de los jueces.
u El primer punto es un decreto del Ejecutivo para autolimitar la facultad constitucional de designar a los integrantes de la Corte. El objetivo es que los nuevos magistrados cuenten con una trayectoria jurídica reconocida, idoneidad moral, independencia de criterio y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Como se trata de conceptos subjetivos y discutibles, el proyecto sostiene que la publicidad en la selección es la única garantía de autocontrol.
u El segundo eje es la búsqueda de equilibrio en la Corte, para avanzar en una representación más balanceada en términos de género, procedencias regionales y especialización jurídica.
u La incompatibilidad con la actividad profesional del candidato es un problema difícil de resolver: es muy probable que los mejores postulantes, con larga experiencia en el derecho, tengan algún tipo de conflicto potencial de intereses. La idea, entonces, es exigir una declaración jurada de sus antecedentes laborales, ex clientes y empresas o estudios de abogados en los que participó, de modo tal que la Oficina Anticorrupción pueda evaluar posibles incompatibilidades. Sólo así se podrá evaluar si, una vez designado, el juez se mantiene independiente en sus fallos.
u La difusión de los nombres de los candidatos es otra de las claves. El plan del Gobierno prevé que, antes de su designación, el Ejecutivo difunda los nombres de tres posibles postulantes junto a sus antecedentes académicos y profesionales. En los siguientes treinta días, los candidatos podrán ser objetados por cualquier ciudadano o por las instituciones de la sociedad civil, que quedarán involucradas en el proceso de selección a través de una ronda de consultas públicas.
u Una vez en el Senado, el pliego debería someterse en una audiencia pública, para que cualquier ciudadano o institución pueda impugnar la candidatura. Después, el postulante participará en una especie de coloquio, también público, en el que los senadores formularán preguntas.
En general, la idea es imprimirle racionalidad y transparencia a los criterios de selección de los jueces de la Corte, que hasta ahora se han elegido de modo discrecional y según las necesidad del Presidente de turno. Cuando amplió de cinco a nueve el número de miembros, Carlos Menemdesignó a un ex socio, Julio Nazareno, y a un amigo, Adolfo Vázquez. El año pasado, apenas tuvo su oportunidad, Eduardo Duhalde siguió el mismo estilo: ubicó a Juan Carlos Maqueda, el operador político favorito de su aliado José Manuel de la Sota.
Al parecer, Néstor Kirchner quiere cambiar aquellos métodos, por lo que dio instrucciones a Beliz para que avance en el proyecto que el Presidente quiere tener en su escritorio antes de que se produzca la próxima vacante. Aunque no se animan a hacer pronósticos, en el Gobierno confían en que el juicio político a Nazareno avanzará rápido luego de una semana en la que la Rosada decidió jugarse abiertamente por una oxigenación en la Corte.
Cerca de Beliz explicaban ayer que, una vez producido el recambio, la Corte podría avanzar en algunas cuestiones que mejoren su funcionamiento. Un ejemplo: por una interpretación demasiado laxa de sus atribuciones, vinculada a su relación de toma y daca con el resto de los poderes, el tribunal ha ampliado sus facultades, a punto tal que hoy se ocupa de un número de casos ridículo: casi 15 mil por año, contra 70 causas que trata la Corte Suprema de Estados Unidos.
Si se reduce el número de casos, la Corte podría avanzar en mecanismos de publicidad de sus reuniones y audiencias, que hasta ahora se mantienen en el más riguroso de los secretos. Otra vez, la idea es lograr un mayor involucramiento de la sociedad en los temas de la Justicia como único método legítimo de control social.
Por eso, según explicaba ayer un importante funcionario del Gobierno, el proyecto en el que trabaja Fleitas tiene un triple objetivo. El primero es mejorar el funcionamiento de la Corte. El segundo, emitir una señal de oxigenación como punto de partida para una reforma más amplia del Poder Judicial. El tercero es el más político: insistir con la política de cambio –que ya vivieron las Fuerzas Armadas y el PAMI– y terminar con el último reservorio de poder menemista.