Ayer por la noche el juez de instrucción Mariano Bergés procedía a allanar la sede central del Banco Río, el séptimo de una lista que se inició el viernes e incluyó a Citibank, Boston, Sudameris, Galicia y Scotia. Asimismo, el titular del juzgado 4 prohibió la salida del país a los presidentes de esas entidades, gerentes o directores generales y síndicos. La medida involucra, en total, a una veintena de altos ejecutivos. La investigación se realiza bajo la sospecha de presunta administración fraudulenta en perjuicio de ahorristas y depositantes.
La causa se inició a raíz de un amparo que, en realidad, encerraba una denuncia y había sido presentada ante la Cámara por un docente jubilado, cuyos ahorros (poco más de 10 mil dólares) habían quedado congelados por el “corralito” en el Banco Sudameris. El sorteo determinó que la denuncia recayera en el juzgado de Bergés quien observó que su contenido era casi idéntico al de otra, ingresada al juzgado de instrucción 5, también a su cargo en virtud de una subrogancia. La radicada en el juzgado 5 implicaba al Banco Galicia. A esas dos primeras, siguió una lluvia de presentaciones similares que apuntaron los cañones, precisamente, al resto de los siete bancos investigados.
Fue al Sudameris al que le tocó, el viernes, el primer turno en la sucesión de allanamientos. El banco, que tiene como controlante a la Banca IntesaBci, de origen italiano, y accionista minoritario al grupo Werthein se encuentra en proceso de venta al Banco Itaú, que deberá definir la operación en los primeros días de marzo. El operativo judicial continuó el lunes con los bancos Galicia, Boston, Scotia y Citi. De acuerdo a lo que trascendió de los propios empleados del Citibank, fue necesario que el juez Bergés en persona se presentara para exigir la entrega de la totalidad de la documentación exigida, que se encuentra ya en proceso de estudio. Para ello Bergés habría solicitado el auxilio del cuerpo de contadores de la Gendarmería Nacional. Es sabido que los juzgados, y más aún los juzgados de instrucción, carecen de la infraestructura y el personal indispensables para llevar adelante por sí solos una tarea de semejante envergadura.
El tradicional hermetismo de Bergés, refractario a la publicidad, convencido de cuál es su función en la magistratura y conductor de un puñado de colaboradores disciplinados, impidió el acceso a los detalles de la causa, así como a cuáles serán sus próximos pasos. No pudo evitar, no obstante, que trascendiera que funcionarios del Banco Central encargados del control de las entidades financieras habían desfilado por su despacho en calidad de testigos, un trasiego que incluyó a integrantes de los grandes estudios jurídicos que suelen ocuparse de los asuntos penales de las entidades financieras. Las fuentes consultadas coinciden en opinar que la fulminante acción de Bergés produce un giro copernicano en el modo de intervención de la Justicia en torno al conflicto entablado entre los ahorristas, los depositantes y los bancos.
Hasta ahora, las resoluciones judiciales –entre ellas las de la Corte Suprema– se habían limitado a validar o invalidar las disposiciones oficiales que inmovilizaron el dinero de buena parte de los argentinos. A diferencia de eso, la búsqueda de Bergés, por el contrario, elude al Estado y pone a los bancos en el centro de la escena y estaría destinada a determinar si en verdad los bancos cuentan con los fondos que dijeron tener y no devolver en acatamiento a las directivas oficiales o, caso contrario, si el dinero de ahorristas y depositantes ha sido fraudulentamente administrado por las entidades financieras.
La prohibición de salida del país cayó como un balde de agua fría sobre la flor y nata de sistema bancario: Eduardo Escasany (Galicia), Carlos González Taboada (Sudameris), Manuel Sacerdote (Boston), Peter Browman (nuevo presidente del Citibank tras el prudente alejamiento de Carlos Fedrigotti), William Sutton (Scotia) y Ana Patricia Botín (Río). Los presidentes y directores ejecutivos no están solos en este corralitojudicial que los fuerza a permanecer dentro de las fronteras. Los acompañan sus principales ejecutivos y los síndicos. De todos modos, de manera oficiosa el juzgado puso énfasis en señalar que la medida es rutinaria y tiene un carácter netamente preventivo.