La DAIA, la AMIA y las distintas vertientes de familiares de las víctimas del atentado contra la mutual judía se reunirán hoy, a las 12, en la sede de Pasteur 633. El canciller Héctor Timerman expresó su intención de explicarles a todos los términos del acuerdo firmado el domingo entre la Argentina e Irán en Addis Abeba, Etiopía, y por lo tanto fue invitado a participar del encuentro. La AMIA y la DAIA emitieron ayer un comunicado conjunto, en el que sostuvieron que “conformar una Comisión de la Verdad no está contemplado en las leyes argentinas y es una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que llegó la investigación judicial y que motivaron los pedidos de captura a través de Interpol no son la verdad”. Por el lado de los familiares, las posturas no son unánimes. Por un lado, Luis Czyzewski reiteró que el acuerdo le parece “un monumental paso atrás”. Una postura igual de dura mantuvo la agrupación Apemia, que conduce Laura Ginsberg –“es una nueva estafa al reclamo de verdad, juicio y castigo a los culpables”–, mientras que Sergio Burstein, de la agrupación 18J, consideró que se trata de “un paso adelante. Vamos a ir a Teherán, como querellantes, a interrogar a los imputados. Hay que aclarar todavía partes del acuerdo”. El rechazo más categórico vino de Israel, que llamó al embajador argentino en ese país a dar explicaciones. La sorpresa la dio Estados Unidos, que dijo que hay que esperar y ver los resultados (ver aparte).

Las polémicas se plantean en torno del texto de nueve puntos firmado el domingo, pero también en la forma de destrabar la investigación de lo que se llama la conexión internacional del atentado. Desde hace casi 18 años la Justicia argentina acusa a Irán y a siete de sus funcionarios; en tanto que ese país niega tener responsabilidad en el atentado y acusa a la SIDE, la CIA y la Mossad de armar un expediente falso. Fijadas esas posturas, Irán no permitió que sus funcionarios declaren y Argentina se vio limitada a denunciar internacionalmente a Teherán.

La intención de la Presidenta –que conoce al detalle la causa porque integró la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados– y del canciller Timerman fue buscar alguna manera de que los iraníes declaren ante el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Esta será una de las aclaraciones que se le pedirán al canciller: si el interrogatorio en Irán es o no una indagatoria en los términos de la ley argentina. Por lo que se sabe, efectivamente se trataría de una indagatoria.

La cuestión es de envergadura: serían indagados Mohsen Rezai y Alí Akbar Velayati, ambos candidatos presidenciales de cara a los comicios que se harán en Irán en junio y en los que se elegirá al sucesor de Mahmud Ahmadinejad. Según los observadores, Velayati tiene chances y será candidato del ala conservadora, enfrentada a los populistas de Ahmadinejad. Además de los dos postulantes a la presidencia, también sería indagado Ahmad Vahidi, actual ministro de Defensa. Por último, declararía Mohsen Rabbani, ex agregado cultural, ahora profesor universitario, y Ahmad Reza Asgari, hoy un funcionario importante de la Cancillería. Como se ve, se trata de personas de altísimo rango en Irán.

La principal objeción de la AMIA y la DAIA es lo que en el acuerdo figura en los primeros puntos: la llamada Comisión de la Verdad. Se trata de cinco juristas internacionales; ninguno puede ser ni argentino ni iraní; dos a ser designados por cada país y el quinto, que sería el presidente de la Comisión, elegido por consenso.

El comunicado de la AMIA y la DAIA, firmado por sus titulares, Guillermo Borger y Julio Schlosser, considera que esa comisión tiene excesivas facultades y que hay parte de sus funciones que no están del todo claras. Por ejemplo, cuál es su participación exacta en la audiencia en la que declararán los iraníes. En cualquier caso, lo que no quieren las entidades judías es que esa comisión evalúe y realice un informe final en el que diga, desde su punto de vista, qué es cierto y qué no es cierto. Eso –para la AMIA y la DAIA– sólo puede quedar en el terreno de la Justicia argentina, es decir, del fiscal y el juez. Distinto sería el panorama si la comisión se limitara sólo a supervisar las garantías para todas las partes: querellantes, imputados, autoridades judiciales de uno y otro país.

Israel, una parte de los familiares y algunas organizaciones judías no quieren ninguna negociación con Irán. Consideran que es un Estado agresor, ya fue imputado por los atentados y no hay más que hablar. La Casa Rosada –alineada en esta estrategia internacional con Brasil– busca un camino en el que se pueda avanzar y que la causa AMIA no sea un elemento que termine siendo usado para justificar un bombardeo a Irán. A esto apuntó el tweet de la Presidenta referido a que “jamás permitiremos que la tragedia de la AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos”.

Familiares como Czyzewski consideran que la comisión revisará lo actuado por la Justicia argentina y que juristas internacionales no tienen nada que revisar. Apemia reclama una comisión independiente del Estado y que tenga acceso irrestricto a los archivos secretos. Le pide también a Irán que acepte abrir sus archivos. Burstein quiere escuchar las explicaciones de Timerman hoy, pero considera que hay que avanzar. Sofía Guterman, una familiar independiente, dice que los juristas internacionales no pueden determinar la verdad, que eso sólo corresponde a la Justicia. La AMIA y la DAIA se manifestaron más en contra que a favor. Sobre este terreno espinoso tratará de avanzar hoy Timerman con una explicación detallada del acuerdo.

[email protected]