El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa contra el ex jefe de la Armada Jorge Godoy por el espionaje ilegal a políticos, periodistas y militantes de organizaciones sociales realizado por la Marina. Godoy deberá enfrentar el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público junto con quien fue su segundo, el vicealmirante Benito Rótolo. En el auto de elevación a juicio, el juez marcó que las pruebas reunidas en el expediente permiten concluir que las tareas de inteligencia interna –descubiertas a raíz de una denuncia contra la base aeronaval de Trelew– eran en realidad una práctica “generalizada” en toda la Armada.

La causa se inició hace siete años: en el año 2006, en la base aeronaval Almirante Zar, el cabo Carlos Ariel Alegre recibió presiones y maltratos por parte de sus superiores por negarse a realizar tareas de espionaje. El suboficial acudió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lo acompañó a realizar la denuncia penal y se constituiría luego como querellante.

Se abrió así una investigación. En ese marco, el entonces juez federal Jorge Pfeger allanó la base de Trelew y encontró numerosos documentos, la mayoría de ellos dentro de carpetas, que demostraban las tareas de vigilancia ilegal realizadas al menos entre el 2004 y el 2006. Estas prácticas incluían seguimientos y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, políticos, funcionarios, comunidades indígenas y militantes sociales.

La investigación amplió su foco y comprobó que en este espionaje habían participado distintos integrantes del sistema de Inteligencia naval, como la Dirección de Inteligencia Naval, el Comando de Operaciones Navales y su Central Principal de Inteligencia. Así, la acusación llegó a la cúpula de la Armada y apuntó contra Godoy, que había asumido como jefe de Estado Mayor en 2003 y continuaría en ese cargo hasta el 2011.

Debido a las presentaciones realizadas por el abogado defensor del almirante, que pidió que la pesquisa se tramitara en los tribunales ubicados en Buenos Aires, la causa fue dividida en dos expedientes. El año pasado, en la ciudad de Rawson, ya fue a juicio una primera parte: trece oficiales de la Armada fueron condenados por el espionaje realizado en la base Almirante Zar. Ahora es el turno de los dos antiguos jefes.

Para Rodrigo Borda, abogado del CELS que actuó como querellante en aquel juicio, un dato central de esta elevación es el señalamiento que hace Rafecas en el sentido de que se ha probado que las tareas de Inteligencia ilegales fueron generalizadas. “Esto nos permite enfatizar la idea de que hay que modificar cuestiones estructurales de la Armada, y también advertir sobre las deficiencias que han tenido organismos de control como la (Comisión) Bicameral” de seguimiento sobre los servicios de inteligencia.

En su fallo, Rafecas señaló que tanto Godoy como Rótolo, como jefe y subjefe de la Armada, estuvieron al tanto de las actividades de espionaje ilegales realizadas “por todo el aparato de inteligencia de la Fuerza” desde antes de que asumieran, frente a lo cual “no cumplieron con sus deberes asignados para impedir que dichas tareas de Inteligencia se continuaran realizando”. En este sentido, el juez no hizo lugar a una serie de planteos de los abogados defensores y recordó que a los dos acusados “no se les atribuye el accionar de una oficina de inteligencia (la de la base Almirante Zar) sino el accionar ilegal de todo el aparato de inteligencia de la fuerza”. Para Rafecas, el espionaje fue una práctica “ilegal, habitual, prolongada y retirada en el tiempo”, y además “generalizada”.

El magistrado reseñó como pruebas los envíos de información de la base Almirante Zar a sus superiores, así como los mensajes hallados allí, que dieron cuenta de que en Trelew estaban cumpliendo instrucciones, así como lo detallado por testigos como el cabo denunciante, Alegre, y el ex suboficial Luis Alberto Sánchez, que declaró que esto se realizaba en todas las secciones de Inteligencia de la Armada del país.

El espionaje interno es una práctica expresamente prohibida a los militares por la Ley de Inteligencia Nacional y las que regulan los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Rafecas advirtió, en esta dirección, que “en una estructura vertical como lo es la Armada”, hubiera bastado “una orden directa y concreta” para ponerle fin al espionaje.