Como todos los años, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hará un discurso de apertura del “año judicial”. Esta vez tiene la particularidad de que será en medio del debate sobre lo que Cristina Kirchner llama “democratización de la justicia” y, casualidad o no, tendrá lugar justo un día antes del encuentro convocado para el 27 y 28 de este mes por jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales que, nucleados bajo el anhelo de “una justicia legítima”, han salido a diferenciarse del histórico discurso corporativo e intenta proponer reformas que desafían la tradición y hasta los valores de la familia tribunalicia. Lorenzetti, aseguran en su despacho, va a concentrarse en hablar de los 150 años que cumple la Corte. No se sabe, de todos modos, qué dirá en el medio.

Los autoconvocados judiciales ya están puliendo para su reunión de dos días un temario que incluye cuestiones como la independencia (no sólo del poder político sino económico y judicial mismo), el manejo del presupuesto interno, cómo implementar el pago de Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial, la participación ciudadana vía el juicio por jurados y la reforma procesal. Son todos asuntos recurrentes en los acuerdos de la propia Corte, que incluso aparecieron en el de ayer. Algunos, como la eximición del pago de impuestos, dividen aguas entre los propios supremos.

Desde que preside la Corte, hace seis años, Lorenzetti ha intentado mostrar una imagen del Poder Judicial unido, difícil de sostener al día de hoy, cuando ya se ha instalado un debate en la agenda pública. Hubo dos hitos en los últimos meses que lo alimentaron: uno fue la absolución de los acusados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, que derivó en planteos sobre la necesidad de participación de la ciudadanía en los quehaceres judiciales; otro fue disparado por un comunicado de la Asociación de Magistrados y la Junta de Cortes, fogoneado por algunos integrantes supremos, que denunciaba presiones políticas al Poder Judicial en medio de la pulseada del Gobierno con la Cámara Civil y Comercial por la ley de medios. Ahí fue que un numeroso grupo de jueces y representantes del ministerio público y de la defensa sacaron una solicitada diciendo que no se sentían reflejados en ese mensaje, que era presentado como el pensamiento único de toda la Justicia.

Lorenzetti, informaron en la Corte ante la consulta de Página/12, no tiene la intención de participar en el debate convocado por el grupo que plantea la “justicia legítima”. El tribunal, de todos modos, discute de manera informal en qué podría consistir la democratización del Poder Judicial, y volvió a hacerlo ayer en el primer acuerdo del año.

Con aire socarrón, un juez dijo: “No estamos informados” sobre qué proyectos evalúa el Poder Ejecutivo. Los jueces de la Corte coinciden, al parecer, en la idea de que no es óptimo el funcionamiento del Poder Judicial y que están dispuestos a transformarlo.

Cerca de Lorenzetti, por ejemplo, aseguran que hace meses el tribunal trabaja en una reforma del Reglamento para la Justicia Nacional, que incluiría un sistema de concursos para todos los cargos en el Poder Judicial (desde el pinche hasta el secretario), o sea, la eliminación de los nombramientos a dedo, por parentescos, amistades e intercambio de favores. Sin embargo, hasta ahora esa modificación no ha prosperado ni se conoce oficialmente el proyecto. Los supremos, al parecer, comparten dudas sobre la implementación del juicio por jurados (en qué tipo de causas se aplicaría, con qué presupuesto se solventaría, cómo se eligen los jurados entre la ciudadanía, si se les paga, cómo se los mantiene alejados de influencias, entre otras tantas cuestiones); rechazan en bloque la idea de elección popular de jueces así como las pruebas para revalidar el cargo; y creen que hay que modificar el sistema de selección de magistrados (que lleva adelante el Consejo de la Magistratura).

Hay un tema en el que los supremos están divididos y es la discusión sobre si los integrantes del Poder Judicial deben pagar Impuesto a las Ganancias como cualquier hijo de vecino o seguir eximidos. Lorenzetti y Raúl Zaffaroni han dicho públicamente que creen que todos deben pagar, pero algunos de sus colegas siguen planteando objeciones: ya sea con el argumento de que consideran que sus salarios son “intangibles”; o porque temen una rebelión en todo el Poder Judicial donde todo el mundo está exento y el gremio apoya; y es muy grande la presión de las asociaciones que, por ejemplo, pedirían aumentos que los compensen. Es un debate interminable, que lleva años en la Corte, que podría ser la que implemente la deducción a través de su dirección administrativa, pero no lo hace.

En el encuentro de jueces, fiscales, defensores y académicos que se hará a fin de mes en la Biblioteca Nacional se analizará cómo implementar el Impuesto a las Ganancias (si lo debe hacer la Corte o el Congreso dictar una ley). Será uno de los grandes temas, pero el debate que propone este grupo creciente es mucho más amplio, y apunta a una modificación de fondo en la “Justicia”, incluso cultural, que rompa con su carácter burocrático y verticalista. Con reuniones frecuentes, una mesa chica está diseñando el temario, que ya tiene entre sus ejes la redefinición de la independencia judicial (no sólo relacionada con el poder político sino respecto de las corporaciones económicas, las asociaciones judiciales y las mismas autoridades del Poder Judicial); el impulso de un sistema de ingreso por concursos para todos los cargos (estaría emparentado con lo que analiza la Corte) como forma de democratizar el ingreso a tribunales; el replanteo del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, lo que incluye la posibilidad de ampliar la posibilidad de elegir y ser elegido consejero (hoy restringida a las asociaciones); y distintos caminos para lograr la participación de la ciudadanía en la Justicia, como el juicio por jurados. Quienes están en plena organización, prometen autocrítica.