La presidenta Cristina Fernández rechazó ayer el pedido de recusación al titular de la Afsca, Martín Sabbatella, presentado por el Grupo Clarín para desplazarlo de su cargo. A principios de enero, el multimedio había argumentado que Sabbatella actúa con “enemistad manifiesta” y que además existe una denuncia penal en su contra por los delitos de “incitación a la violencia colectiva y coacción”. El Gobierno replicó que la denuncia penal es posterior a la designación de Sabbatella en el cargo y a su intervención en la adecuación de oficio de Clarín a la ley de medios, por lo que no puede aceptarse como causal de recusación. Por otro lado, la Presidenta sostuvo que las expresiones citadas del titular del organismo “no acreditan la argüida enemistad”, por lo que se rechazó el planteo.

La decisión del Gobierno fue publicada ayer en el Boletín Oficial, con la firma de Cristina Fernández y del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La Presidenta señaló que el Grupo Clarín basó su recusación, prevista en el inciso 5 del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la denuncia penal presentada el 22 de noviembre de 2012 por los delitos de incitación a la violencia colectiva y coacción. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que el expediente para la adecuación de las licencias de Clarín se inició el 24 de julio de 2012, por lo que la recusación fue planteada con posterioridad a esa fecha y también a la designación de Sabbatella como presidente de la Afsca. Por este motivo, dice el decreto presidencial, “corresponde el rechazo in límine de esta causal invocada, por no cumplirse las condiciones que la norma establece”. La denuncia penal citada por Clarín incluía a un grupo de periodistas, a los que pedía se citara a declarar por opiniones expresadas en medios de comunicación como Canal 7. El rechazo generado por esa situación provocó una marcha atrás del grupo, que dijo haber retirado la parte de la denuncia que involucraba a los periodistas.

La segunda causal planteada por el Grupo Clarín al solicitar la recusación fue la de su presunta “enemistad manifiesta” contra ese multimedio. En la presentación, Clarín cita declaraciones de Sabbatella en las que el funcionario remarca la voluntad de Clarín de “evitar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. La Presidenta replicó que las declaraciones no acreditan enemistad en los términos que establece el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial. Sabbatella “manifiesta que sus declaraciones como presidente del Directorio de la Afsca han sido efectuadas en pleno ejercicio de sus obligaciones de funcionario público y en cumplimiento de las mandas que surgen de la ley 26.522, lo que nada tiene que ver con una supuesta enemistad manifiesta con un determinado licenciatario”, agrega el decreto presidencial. “Es absurdo que intenten recusarnos porque queremos que cumplan con la ley todos los grupos empresarios, sin excepciones ni privilegios”, había declarado Sabbatella a principios de enero, al conocerse el pedido de recusación.

Con esta decisión del Poder Ejecutivo, el Grupo Clarín podrá recurrir ahora a la Justicia para intentar apartar a Sabbatella del cargo. O sea que podría obstruir nuevamente la aplicación de la ley en caso de lograr en el Poder Judicial un fallo favorable para desplazar al titular del organismo. No se sabe aún si el grupo explorará esta vía mientras continúe vigente la medida cautelar prorrogada por la Cámara Civil y Comercial. Cada uno de los miembros de la Sala I de ese tribunal ya había sido denunciado por el Poder Ejecutivo por irregularidades en la designación de subrogantes y por aceptar viajes financiados por el multimedio. Hasta el momento no lograron avances considerables las denuncias penales ni los planteos en el Consejo de la Magistratura. Internamente, en el kirchnerismo estimaron poco probable que las iniciativas prosperen antes de la resolución de la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley. Todavía faltan aproximadamente tres meses para que la Cámara integrada por Francisco de las Carreras, María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni falle sobre esta cuestión. Así llegaría finalmente hasta la Corte Suprema de Justicia, ya que ambas partes manifestaron su intención de apelar en caso de un fallo adverso.