El ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Ernesto Alemann admitió haber visitado la ESMA en pleno terrorismo de Estado, pero no para ver cómo se humillaba a los supuestos autores de dos atentados en su contra, como declaró el sobreviviente que lo denunció, sino para saber “cómo funcionaba el arma con la que me atacaron”. Además de Alemann, otros cinco represores desfilaron ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 que los juzga por delitos de lesa humanidad. Hoy desde las 10 declararán Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo y Ricardo Lynch Jones.

Alemann sufrió un atentado en 1978 y otro en 1979, que le costó la vida a su chofer. Carlos Lorkipanidse lo vio en la ESMA en 1980, durante su cautiverio. Dijo que lo vio en “La Huevera” y que le mostraron a dos cautivos encapuchados y engrillados “porque el grupo de tareas quería fanfarronear que había capturado a sus atacantes”. “A mí me dijeron que agarraron a todos estos asesinos”, había dicho Alemann en 2002. Dónde, le preguntó un periodista de la agencia DyN. “Fue privadamente... alguno, no recuerdo quién”, balbuceó mientras reinaba la impunidad.

“Se me acusa de imposición de tormentos a Orlando Ruiz”, arrancó ayer. “No lo vi, por lo tanto no lo torturé”, declaró como acusado, con derecho a mentir. “A raíz de un atentado, me invitaron a la ESMA para conocer las armas. Ahí conocí cómo funcionaba el arma con la que me atacaron”, dijo, y aseguró no haber formulado denuncia tras los atentados. “Jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde”, agregó, sin ocultar su particular concepto de la valentía. “Fui secretario de Hacienda durante cinco años y salí más pobre de lo que entré. Que me acusen por delitos de lesa humanidad hiere lo más profundo de mi ser”, se victimizó. Cuando uno de los jueces le preguntó quién lo invitó a la ESMA, dijo no recordarlo. Admitió su relación con Massera, aunque tomó distancia. “Tenía un conflicto porque había criticado los gastos excesivos realizados para el Mundial de Fútbol”, dijo.

“Se me acusa de crímenes que no cometí”, declaró el capitán Eugenio Vilardo, ex subdirector de la oficina de prensa de Cancillería, donde eran obligados a trabajar algunos secuestrados. “Se han violado los principios básicos del derecho”, afirmó, y en varios pasajes de su declaración no ocultó su orgullo de haber estado en la Armada. “Eran tiempos de plomo, donde teníamos que estar armados para combatir la guerrilla hasta con dos granadas en mano”, dijo. “La vida militar implica disciplina y entrega. Las órdenes no son motivo de discusiones, se acatan. Ese es el principio de la vida militar en todo el mundo”, invocó la obediencia debida. “Desconozco la competencia de este tribunal para juzgarme”, concluyó.

El contraalmirante Edgardo Otero negó haber dirigido la ESMA en 1980 y trató de demostrar que entonces ocupaba funciones en YPF. Remarcó que no participó de la “guerra civil o la lucha contra el terrorismo subversivo”. Agregó que “los jueces que me están juzgando cometen un error garrafal, porque desconocen lo que sucedió en esa época y también el funcionamiento de los escalafones militares. Trabajé en la parte logística, no en la parte operativa”. “El objetivo final del terrorismo subversivo era la toma de poder. Su proliferación en todo el país ponía en peligro a la Nación. No admito que el fiscal sostenga que son perseguidos políticos, eran militantes terroristas y subversivos”, afirmó.

Manuel García Tallada, condenado en el primer juicio, se negó a declarar, igual que el suboficial Paulino Oscar Altamira, ex guardia y miembro del GT 3.3. El teniente Jorge Radice, también condenado, dijo que formó parte del área de logística, pero “no participé de la entrega de ningún bebé ni en interrogatorios”. “No cometí ningún tipo de homicidio”, afirmó, y concluyó con un involuntario elogio al Estado: “El Estado argentino es responsable por todo lo que me aconteció y me acontece”.