La Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA), que en las últimas 48 horas giró hacia una postura contraria al acuerdo firmado entre la Argentina e Irán, adelantó ayer que propondrá una reforma del Código Penal por la que se podría juzgar en ausencia a los imputados por crímenes de lesa humanidad. El atentado fue declarado crimen de lesa humanidad por el juez Rodolfo Canicoba Corral en 2006, pero las modificaciones al Código difícilmente puedan aplicarse al caso AMIA porque las leyes no se pueden usar en forma retroactiva, según le explicaron a este diario fuentes de la máxima jerarquía en la Justicia penal. En la propia DAIA admiten que el tema es, como mínimo, controvertido. El represor Alfredo Astiz fue declarado en rebeldía en Francia e Italia y se lo condenó en ausencia en ambos países –donde la legislación lo permite desde hace décadas–, tras un proceso por el asesinato de ciudadanos franceses e italianos. Recién después se pusieron en marcha los juicios en la Argentina y también aquí fue condenado a reclusión perpetua.

Mucho más allá fue el titular de la AMIA, Guillermo Borger, quien advirtió que “avanzar en el acuerdo es abrirle las puertas a un tercer atentado, porque sería someternos totalmente”. Borger no explicó cómo se vincula una cosa con la otra y jugó con la posibilidad de más muertes. El presidente de la DAIA, Julio Schlosser, también reiteró ayer el rechazo de la entidad y sus filiales al acuerdo del Gobierno con Irán en torno del atentado contra la AMIA y consideró que el texto oficial carece de la “claridad que la causa merece”. Con más cautela, agregó: “Sí tenemos en claro la trayectoria de la Presidenta y que el Gobierno es el que más ha hecho por la causa AMIA”, pero “ahora vamos a ver el resultado. Si se interroga a los acusados como en una declaración indagatoria, la Presidenta tendrá razón, si no, tendremos razón nosotros en que nuestro interlocutor no es válido y que lo que no está escrito con palabras claras, Irán no lo va a respetar”.

El Poder Ejecutivo ya puso en marcha una comisión de reforma del Código Penal con el objetivo de revisar “los parches” que se fueron haciendo en las últimas dos décadas. Está encabezada por Raúl Zaffaroni y la integran Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO), la ex diputada socialista María Elena Barbagelata y el ex ministro y ex camarista León Arslanian. La lógica indica que la propuesta de la DAIA debería presentarse ante esa comisión y el texto sería elaborado –según mencionaron ayer los dirigentes de la comunidad judía– por los tres asesores designados: Luis Moreno Ocampo, Daniel Sabsay y Pablo Lanusse. De todas maneras, en materia penal existe consenso en que no se pueden aplicar normas legales en forma retroactiva.

El juicio en ausencia se basa en declarar en rebeldía a los imputados que no se presenten. Se designa un defensor oficial y el proceso se lleva adelante como si el acusado estuviera sentado en el banquillo. En el caso concreto de la AMIA, además del problema de la aplicación retroactiva, habría poco cambio concreto en la situación: los imputados ya están con pedido de captura desde hace años. Justamente lo que busca el Poder Ejecutivo es destrabar ese cuadro actual.

Hasta el momento, hubo un solo caso en que las evidencias fueron sopesadas realmente por un tribunal. Fue cuando el ex embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour resultó detenido en Londres. Ocurrió en 2003, se enviaron las pruebas y el tribunal británico consideró no sólo que las evidencias eran insuficientes para una imputación, sino que indemnizó a Soleimanpour con 20.000 libras. Se conoció ahora que la Argentina tuvo que pagar las costas. El fiscal Alberto Nisman sostiene que desde 2003 a la fecha se reunieron más pruebas.