Ya desaparecida por completo la temática Malvinas, que hasta hace pocos días ocupó un sitial casi prioritario, el orden de importancia de la Argentina transmitida es el siguiente: polémica por el acuerdo con Irán sobre la investigación del atentado a la AMIA; convenio o control temporario de precios; marcha de las paritarias y –bien por último– la desembocadura en un año electoral probablemente decisivo, en torno de la consolidación o no del modelo vigente. Todo ello, desde ya, sin considerar el enjambre de datos y especulaciones que siguió a la renuncia de quien todavía encabeza la multinacional más antigua y exitosa de todos los tiempos.

Que la tabla mediática de posiciones sea la antedicha dice, mucho, acerca de la distancia que media entre lo coyuntural y lo estructural; no sólo por razones cuantitativas sino, en primer término, por el tratamiento informativo y la trascendencia que se otorga a sus diferentes actores. Empecemos por el primer puesto. Cualquiera fuere la opinión que se tenga sobre el acuerdo judicial con Irán, “polémica”, en política, significa la presencia de protagonistas más o menos parejos en cuanto a volumen institucional. Y que dispongan de cierta solvencia en sus argumentos, aunque esto –relativamente– ya se presta a la subjetividad. Las cúpulas de dos organizaciones de la comunidad judía, DAIA y AMIA, y recién al cabo de varias marchas y contramarchas iniciales, son con exclusividad el núcleo duro que se opone al arreglo. La oposición parlamentaria, para variar, apareció a último momento, cuando se lo impuso la agenda de Clarín y La Nación. La única indagación que se conocía, ignorada por los medios enfrentados al Gobierno, es de la consultora Aresco, de Julio Aurelio. Casi un 70 por ciento de los encuestados está a favor o muy a favor del memorándum de entendimiento suscripto con Irán. El sábado, Perfil publicó otra, de Management & Fit, que da 80 por ciento de rechazo, pero con un 68 por ciento que reconoce no tener conocimiento del proyecto presidencial. Tenemos así un escenario donde nada indica que lo que parece sea lo que es, excepto por las manifestaciones de esa pequeña franja que algunos medios transforman en obsesión antioficialista. Hasta pueden relegarse las flojísimas argumentaciones expuestas, dentro y fuera del Congreso, en oposición al acuerdo. Bastaría resaltar, otra vez, la inexistencia absoluta de alguna propuesta superadora. Nadie presentó nada al respecto. Ni en forma de proyecto, ni de artículo periodístico, ni de oratoria propositiva. Sí hubo el disparate incalificable del presidente de la AMIA, Guillermo Borger, quien advirtió que se le abre la puerta a un tercer atentado. La referencia –se supone, porque no lo explicó– apunta a que cualquier terrorista podrá proceder entre nosotros como Pancho por su casa, debido a la impunidad garantizada. Intentó, tarde, argüir que habló en forma metafórica, aunque tampoco se entiende cuál sería la metáfora. Debería revisar sus conocimientos de retórica o asesorarse mejor. Y también se anotaron diputados de la oposición capaces de exigir la renuncia de Timerman, luego de que un vocero iraní anticipara que uno de los imputados por el ataque no sería interrogado. Al poco rato, literalmente, la Cancillería de Irán desmintió esa afirmación. ¿Habría tenido espacio esta promoción de escándalo si la hubieran intentado en temporada política alta? ¿O si no rigiera la necesidad de acribillar al oficialismo como sea? Está bien: son preguntas contrafácticas de respuesta ciertamente inducida. Pero las avalan demasiados antecedentes acerca del sitio que ocupan materias cuya rimbombancia no tiene cabida si gobiernan debates más profundos, más interesantes. O, sencillamente, más serios.

Lo señalado, en tanto (no) hondura de discusión, alcanza al resto de las tramas. La firma del arreglo con algunas cadenas comerciales a fin de congelar precios, durante 60 días, sigue sin ser atravesada por el señalamiento de quienes los forman en sus primeras etapas. En la semana, de manera obviamente aislada, los dispuestos a no vivir en una cubetera argumental –o en el razonamiento que les conviene a sus intereses– pudieron descubrir o ratificar datos imprescindibles. Uno de ellos es que la Coordinadora de Productores Alimenticios no adhirió al acuerdo de precios. La Copal agrupa a las principales empresas de alimentación, con 34 cámaras que representan a más de dos mil empresas fuertemente concentradas en la producción de carne vacuna, aviar, de cerdo y pescado, leche, frutas, salsas, infusiones, pastas, galletitas, golosinas, bebidas, azúcar, sal, especias y legumbres. Tal lo subrayado en su nota por el colega Javier Lewkowicz, el jueves, en Página/12, el sector produce casi el 5 por ciento del PBI total y el 25 por ciento del manufacturero. Hablamos, entre otros, del poder de Arcor, Molinos, Kraft Food, Nestlé, Pepsi, La Serenísima. En números concordantes, si a través de los que comercian se explica el 35 por ciento de los precios, mediante la industria queda manifestado entre el 35 y el 50 por ciento. La formación de precios restante corresponde al Estado por vía de impuestos, no quedando mucho lugar que digamos para justificar que los precios suben porque sí o por la emisión monetaria. Las subas en la cadena de producción industrial están reguladas por la Secretaría de Comercio Interior. Pero los directivos de la Copal avisaron que dejan a criterio de cada empresa si adhiere a frenar los incrementos, en la medida de “que no se vean afectados sus costos”. Esta es una de las acepciones de la libertad de mercado, claro. Y eso que el organismo de control lo comanda Guillermo Moreno. Siempre es buen ejercicio imaginar lo que sería si no estuviera ese rebenque, al margen de todas las críticas que quieran o deban hacérsele por sus modos. O tal vez sea que es justamente ese tipo de modos el lenguaje que mejor asimilan algunos sectores. Lo que se dice un aserto políticamente muy incorrecto, pero la memoria se porta bien cuando se recuerda cómo nos fue con la corrección política. Según se ocupa de reiterarlo Carlos Heller, uno no conoce a nadie que esté enfermo de fiebre sin que por eso deba privarse de recetarle un analgésico. Pero si de analizar el síntoma se pasa a hurgar en la enfermedad, lo conveniente es mentir eso de que los precios suben porque los precios suben o porque el Estado emite moneda. En fundamental medida, esto explica por qué la pelotera en torno de la inflación suena tan chirle: porque la gran mayoría de las opiniones comunicadas proviene de lobbies cuyo beneficio es que sea así.

Esa pobre discusión inflacionaria arrastra el andar de las negociaciones paritarias, que acaba de proveer un episodio desopilante. La CGT cercana al Gobierno, por boca del metalúrgico Antonio Caló, alertó que “la economía está estancada”. No es el primer indicio de que los sindicalistas afines al kirchnerismo buscan no quedársele pegados en exceso, para evitar ser corridos por izquierda. Lo gracioso es que, ahora, Hugo Moyano aclara que no hay ningún estancamiento, que “la economía anda” y que acusar su retracción es un ardid para tirar abajo los pedidos de incremento salarial. Entonces, como la economía va casi viento en popa de acuerdo con sus propios dichos, Moyano anuncia que prepara una huelga general para fines de marzo o abril. Podría caberle al camionero la excusa de que persigue una más justa distribución de la riqueza, por parte de esa economía propicia, si no fuera porque se acordó de tal cosa cuando sus muchachos quedaron afuera de las repartijas electorales. Antes de eso, apenas hace más de un año (continuamos en Moyano dixit), éste era el Gobierno más progresista que conoció el país después de Perón. Apartado el juego de chicanas, la resultante de base es que en ese país se discute por los montos de aumentos salariales o del mínimo no imponible y ya no por el desempleo ni la estabilidad de las fuentes de trabajo. La calidad de esos puestos laborales, o la situación de quienes sobreviven negreados o en la economía informal, jamás fue preocupación de la CGT ahora opositora. El conjunto de este panorama político-noticioso, salvo por las denuncias de corrupción oficial que día tras día inundan la prensa en la dictadura K, encuentra a la oposición en su persistencia de no tener nada valioso que decir ni proponer. Lo aburrido no es decirlo, sino constatarlo. El miércoles pasado, el diputado Francisco de Narváez –a punto de constituirse en monobloque tras la fuga de 14 de sus 19 parlamentarios– publicó una solicitada a toda página, en Clarín, La Nación y El Cronista, en violenta contra de Cristina y a favor de la felicidad. Con un fraseología de escuela primaria, empardable con composición-tema-la vaca, planteó en título y desarrollo que la opción es “Ella o Vos”. Que ni siquiera se haya animado a establecer un “nosotros” (es decir, un “ellos” como referencia de alternativa política mejor) habla de una ausencia pavorosa de autoestima, producto de un vacío que excede a su otrora utopía del quereme, querete, alica, alicate, para abarcar a la totalidad del renglón opositor.

Así, el escandalete novelado del acuerdo con Irán ocupa el primer puesto. Los precios, el intermedio. Y las opciones políticas generales, el último. Hay que preguntarse por qué no es exactamente al revés.