Hoy declaran en el juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada tres de los ocho pilotos y tripulantes acusados por los “vuelos de la muerte”. Entre ellos lo hará el piloto Julio Poch, nacionalizado holandés y extraditado por España, del que se espera una indagatoria de unas cinco horas. El primer día de juicio, Poch apareció con un cartel en castellano y holandés en el que decía que las acusaciones en su contra son mentiras, en esa lógica hoy llegará con hinchada propia. La televisión holandesa seguirá la indagatoria en un país donde el piloto viene trabajando una estrategia para ganarse a la opinión pública. En una página web desde donde publican sus “cartas”, una organización llamada “Fundación Justicia para Julio Poch” señala como objetivo “apoyar las actividades en la esfera jurídica en la necesidad de la verdad” de su caso; utilizar los “medios de comunicación” para su causa y entre los puntos principales del “plan” diseñado explican, sin problema, que lo que harán será “atraer la atención para nuestro objetivo y generar donaciones mediante la creación de una Fundación”.

También van a declarar frente a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 Ambrosio Navarro y Mario Pablo Palet. El caso Poch es recordado porque mientras era piloto de la línea Transavia se jactó ante sus compañeros de haber piloteado “vuelos de la muerte”, en una cena en el restaurante “Gado-Gado” de Bali, después de la cual sus compañeros lo denunciaron. Interpol lo detuvo y fue extraditado por España tres años atrás. En estos años basó su estrategia de defensa en dos ejes: 1) negó haber dicho lo que denunciaron sus compañeros y dijo que lo tergiversaron; 2) intenta probar que en su vida militar se especializó en aviones de “caza y ataque”, es decir, aeronaves sin capacidad para transportar personas.

El juzgado de Sergio Torres, que tuvo la primera etapa de la investigación, desacreditó su estrategia y dijo que el “descargo aparece como un mero intento para mejorar su comprometida situación procesal”.

Uno de los puntos más fuertes de la causa es una serie de e-mails que recibieron los primeros denunciantes de parte de “amigos y compañeros” de Poch para pedirles que se retractaran. Torres cuenta en el expediente que luego de viajar al Reino de los Países Bajos para tomar las testimoniales, en 2009, un policía llamado Ariaan Cornelis Versteegt recibió en su correo electrónico “dos mensajes del testigo Reijnoudt-Brouwer a través de los que lo ponía en conocimiento que tanto él como el testigo Tim Weert habían recibido dos e-mails de Hans Dekeers, con el objeto de influir en sus testimonios brindados oportunamente”. En el primero, con fecha 19 de octubre de 2009, Hans Dekeers escribió: “Hiciste una denuncia pública contra nuestro colega Julio (...) Julio tiene una posibilidad real de ser condenado a prisión perpetua (...) creo sinceramente que tienes que considerar adaptar tu declaración. Si usaste palabras con un tenor que sugiere que Julio te ha manifestado haber estado directamente involucrado, debes considerar expresarlo en una forma diferente, con un tenor que sugiere que creías entender de la conversación que Julio tal vez tuvo personalmente un papel en los crímenes o que tal vez los defendía nada más o solamente explicaba estos crímenes en el contexto de la Junta y desde su rol como oficial dentro de las Fuerzas Armadas argentinas”. Enseguida, agregaba: “Es tu declaración, no es la mía obviamente. Cuál es la adaptación que se requiere depende de vos. Pero por la gravedad y la prolijidad necesaria considera una adaptación”, y le sugiere algunas alternativas.

Al testigo Reijnoudt Brouwer, Hans Dekeers le escribió el 27 de noviembre un correo en la misma línea. Señala que recibió una copia de su declaración, le pide diga si dijo lo que dijo, y en todo caso que evalúe cambiarlo: “Si compartís esta observación objetiva, ¿te puedo pedir entonces que, por amor a la prolijidad, redactes una corrección con respecto a tu declaración y que la presentes en la Justicia? (redacción posible: Luego de haber releído atentamente los documentos, me doy cuenta de que el informe del Dr. Torres de la declaración sugiere que el señor Poch me hubiera manifestado literalmente –en primera persona singular– que estuvo involucrado en la ESMA. La verdad me obliga a corregir esto)”.

Para Torres, estos “graves” correos muestran la “intención de parte de amigos o conocidos de Poch de influir nada más ni nada menos que en los testimonios de los testigos presenciales para que modifiquen sus declaraciones y mejorar la comprometida situación procesal”.

El otro eje del descargo de Poch es seguramente sobre el que hoy hablará más tiempo: los aviones que voló. Si bien el juzgado reconoció que Poch se habría especializado en aviones de caza, porque así surge de la cantidad de vuelos que efectuó en las aeronaves T-28, 18, A4Q Skyhawk; MC-32 Aermacchi; TA4-J, todas ellas de caza y ataque, lo cierto es que no fueron las únicas aeronaves en las que integró la tripulación en su carrera naval. Poch intervino como “copiloto” del avión C-45 (Beechcraft C-45 H), “copiloto” del B-80 (Beechcraft 65 B-80 Queen Air) y “piloto” y “copiloto” del U-16 (Grumman HU-16B “Albatros”). Además de las libretas de vuelo, un informe de la Armada del 5 noviembre de 2010 indica que prestó servicios como jefe de la División Personal de la Escuadrilla Aeronaval de Búsqueda y Rescate, en la cual había asignadas las aeronaves Grumman G-64 “Albatros”, con capacidad para transportar carga y arrojarla. En 1981, antes de entrar a Aerolíneas Argentinas, el propio Poch escribió de “puño y letra” haber sido piloto de aviones como el Fennec, el DHC-6 Twin Otter, el BE-80 Queen Air, también el Albatros, un HB-326 Aermacchi (de caza y ataque) y un A4Q Skyhawk: “Nótese que el mismo encausado reconoció haber tenido más horas de vuelo a bordo de un Albatros (395 horas) que de un Aermacchi (345)”.

Poch está patrocinado en Buenos Aires por el abogado Gerardo Ibáñez, que defiende a otros represores. Según declaró su defendido, Ibáñez puede sentirse tranquilo sobre sus honorarios: el piloto indicó que en si “resulta inocente, el Estado holandés afronta los gastos de los abogados”, que hasta 2010 sumaban 70 mil euros.