El fiscal Félix Crous insiste en esta idea: hoy no existe una política criminal específica para que los fiscales investiguen el narcotráfico y hay que inventarla de cero. No es algo menor, dirá, ya que los fiscales federales dedican la mayor parte de sus expedientes a estos delitos y lo hacen sin atacar la “narcocriminalidad” como industria, en toda su complejidad. En todo caso, según su evaluación, “cada fiscal adopta la posición que se le ocurre” y posiblemente persigue “con la misma energía” a los consumidores de drogas –último eslabón de la cadena– que a toda la maquinaria que hace que esas sustancias lleguen a sus manos. A menudo las pesquisas quedan bajo el dominio policial o condicionadas por otras áreas del Estado que son parte de la trama delictiva. Crous está desde ayer al frente de una nueva Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), donde lo acaba de designar la procuradora Alejandra Gils Carbó. Aquí explica cuáles serán los ejes de su trabajo y analiza las peculiaridades del fenómeno que se vislumbra en Santa Fe, con peleas territoriales entre narcos y la militancia de base.

–¿Por qué hacía falta una procuraduría especializada en narcotráfico, fallan las investigaciones?

–Hace falta desarrollar una política criminal específica, propia del ministerio público (las fiscalías). La cuestión de drogas es la que ocupa la mayor parte de la tarea de los fiscales federales. Hasta ahora no hay una decisión unificada sobre cómo abordar las causas dentro del espectro de la ley de drogas, dentro de la cual no es todo lo mismo. No hay política que diga cómo distribuir esfuerzos, cómo tener un abordaje integral ni un relevamiento de información cuantitativa profunda.

–¿Tienen algún diagnóstico sobre cuál es la situación de drogas (y toda la maquinaria que la rodea) en el país?

–No. Tenemos que empezar de cero, con un relevamiento intrainstitucional. A la vez hay otras instancias del Estado de las que nutrirnos y con las que articularnos, como la Sedronar, el Ministerio de Seguridad y también instituciones de la sociedad civil. No tiene ninguna racionalidad que cada fiscal en cada lugar del país tenga la posición que se le ocurra o la posición personal que crea.

–A simple vista pareciera que la tendencia es perseguir a los consumidores, pero fallan los controles e investigaciones sobre las organizaciones de narcos. ¿Es así?

–No sería justo decir que toda la energía está puesta en los consumidores. Pero es cierto que a veces queda todo focalizado en el consumidor, porque es más sencillo cortar la investigación en un determinado momento. Uno tiene la sospecha de que algunos procedimientos son simples castigos o represalias de sectores del Estado a aquellos que no cumplieron algún acuerdo con el sector que los persigue; y, además, porque lógicamente es mucho mayor la capacidad de corrupción y la dificultad de investigación y es menos visible la etapa superior del narcotráfico. Entonces tenemos que sobre ciertos fenómenos que producen un estrago social, con drogas de alto nivel de destrucción que matan a chicos pobres, hay un abordaje policial. En vez de abordar esto desde la perspectiva de cómo salvar a esos pibes.

–Usted hablaba de la complicidad o complacencia estatal con el narcotráfico. ¿Hay fiscales involucrados?

–No partimos de la hipótesis de que lo estén, aunque es una posibilidad, como la corrupción de cualquier funcionario público. Vamos a controlar que los fiscales trabajen bien, con una política criminal unificada, y garantizando que la política criminal en materia de drogas sea soberana.

–¿Qué quiere decir “una política criminal soberana”?

–Que la decida la Argentina. Necesitamos decidir quién capacita a nuestros fiscales y para qué los capacita, con qué contenido.

–¿Algo así como que no quieren fiscales de la DEA?

–Es un buen ejemplo. No queremos fiscales que un día se suban a un avión porque se los paga Nepal, se pasan quince días en Nepal capacitándose sobre cómo perseguir narcotraficantes en Katmandú y vienen a la Argentina y aplican esos saberes como si fueran los dueños de la política criminal del estado argentino. No queremos que la Certal del narcotráfico le pague los viajes a nadie (lo dice en alusión a la entidad ligada a directivos de Clarín que invitó a jueces que debían fallar sobre la ley de medios a una cumbre en Miami).

–Además de tratar de unificar la tarea de los fiscales y reforzarla, ¿la procuraduría va a investigar? ¿Cómo aspira a conseguir resultados?

–Tenemos facultades para investigar. Y no descartamos hacerlo selectivamente y ampliar esa capacidad de intervención. Pero tenemos prioridades. Hoy tenemos una demanda concreta que es Santa Fe.

–¿En qué se diferencia Santa Fe de otros lugares?

–No sé si es un fenómeno particular o un síntoma más evidente de algo alarmante, que se está haciendo visible, que es la disputa territorial por parte de organizaciones de narcocriminalidad a la política. Antes se decía que el narcotráfico podía financiar la política o que los intendentes recibían recaudación asociados con la policía o con el crimen organizado, pero ahora tenemos otra cosa: un reverdecer masivo de la militancia política, juvenil, territorial, de sectores humildes, de donde se sustraen recursos que podrían ir hacia la criminalidad organizada. Esto genera enfrentamientos entre la militancia política de base y el crimen organizado. La descomposición social es un caldo de cultivo para la ausencia del Estado y el crecimiento del narcotráfico. El paso siguiente es que los grupos narcos empiecen a sostener los comedores y las escuelas. Es imprescindible que no haya un Estado bobo, primero en la provincia y después en la nación.

–¿Y qué puede hacer el Ministerio Público al respecto?

–Primero tenemos que ir rápidamente a un sistema donde los fiscales conduzcan la investigación penal preparatoria, y que no sea tonta, como pasó en Rosario, y que los jueces no sean burócratas que discuten por galimatías procesales. Los fiscales tenemos que tener una actitud vigorosa e inteligente, independiente de la policía, que no sea obsecuente con ninguno de los otros poderes del Estado.

–¿Por qué cree que no se logra reformar la ley de estupefacientes y por qué sería, o no, necesario?

–La ley de drogas vigente es muy represiva. Está en sintonía con la línea internacional, que apunta a los eslabones más débiles de la cadena. La Corte ha vuelto a la política liberal garantizadora que tuvo la primera Corte democrática, que la menemista dejó de lado. El planteo de despenalización va de la mano de dos cosas: garantizar derechos constitucionales y poner los recursos donde hay que ponerlos. El consumo, el abuso o la adicción hay que quitarlos de la mirada prohibicionista para tratarlos como lo que son: un problema de salud y libertades. El argumento de que hay que llegar al vendedor por el consumidor es profundamente inmoral e hipócrita. Y el tema del cultivo de marihuana, a nivel doméstico o familiar, para consumo personal, es más bien una forma de autopreservación. Es disparatado perseguirlo. ¿Para qué, para que vayan y compren? Perseguirlo favorece el narcotráfico, es evidente.

–Entonces ¿cómo intentará orientar la persecución al narcotráfico?

–En sus etapas superiores, de tráfico y producción. Entendiéndolo como una industria y una actividad financiera ilícita de alta rentabilidad, que habrá que desentrañar. Pero también entendiendo que produce un serio problema de salud pública. Y que ahora amenaza a la democracia y el Estado de derecho, porque afecta el ejercicio de la política cuando se disputa en el territorio el poder a quienes pretenden hacer política en la base. Los fiscales tienen que entender el fenómeno desde su perspectiva global.