La Paritaria Nacional Docente (PND) cerró por segundo año consecutivo sin acuerdo entre las partes: cinco gremios o centrales y el gobierno nacional. Como marca la normativa, el Estado definió unilateralmente cuál será el incremento en el sueldo básico inicial. La suba se escalona en tres etapas, esa modalidad fue uno de los puntos más resistidos por la dirigencia docente. Tan es así que el Gobierno considera que el aumento ofrecido superó el 22 por ciento. En cambio, los gremialistas lo ponderan en un 18 por ciento real, deflactando las cifras hasta enero de 2014, fecha en que se hará efectivo el último tramo del aumento.

La solución, queda dicho, es legal pero también insatisfactoria. Hasta 2011 inclusive siempre se había cerrado trato. La repetición marca un retroceso y hasta un riesgo a futuro. La medida, un gran avance reivindicativo de los maestros y un salto de calidad institucional, se diluiría si la excepción se transformara en regla o en costumbre.

La primera consecuencia cantada es el comienzo del año lectivo signado por la conflictividad. Las tratativas son febriles y sería una frivolidad jugarse un tute sobre cuántas provincias arrancarán con huelgas. Hasta aquí sólo dos han firmado un acuerdo para 2013. Buenos Aires asoma como la más conflictiva. Es ocioso destacar que su volumen descompensa cualquier balance general.

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La PND se legisló durante la presidencia de Néstor Kirchner, plasmando un sostenido reclamo de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Es uno de los varios medios establecidos por el kirchnerismo para suturar los daños causados por la fragmentación “federalista” del sistema educativo.

La dispersión y desigualdad de los sueldos, derivada de la asimetría entre las provincias, encontró un importante correctivo. La PND estipula un piso nacional, un salario mínimo de bolsillo, llamado al principio “de dignidad”. El sueldo básico inicial para un maestro con dedicación parcial. Los acuerdos entre provincias y gremios deben respetarlo y pueden mejorarlo.

Su fijación es un piso y una señal de largada, preludio de las negociaciones en cada una de las 24 provincias. Desde luego, los gobernadores están muy atentos al cierre y, en general, tratan de influir para contener los aumentos.

El Estado nacional, pues, no es el pagador de los sueldos que se fijan. Los alrededor de 970 mil docentes concernidos reciben su paga de las provincias.

El Estado central sí se hace cargo de las retribuciones de quienes trabajan en las universidades nacionales, que superan los 110 mil (cuyas variaciones suelen ser calcadas o similares a la de la PND). También sigue pagando el Fondo de Incentivo Docente, que este año no fue aumentado: son 255 pesos por maestro, lo que redondea alrededor de 4 mil millones de pesos. Y subsidia a las diez provincias con salarios más bajos a través del Programa de Compensación Salarial, que asciende en 2013 a 1300 millones de pesos.

El interés del Gobierno es mantener un salario digno, en tensión con evitar tirarles un fardo muy pesado a las provincias. También, desde el año pasado, ha cambiado mucho su lectura acerca de la inflación y sus causas. Reconoce el problema, tras haberlo subestimado largo rato. Y piensa que los incrementos de salarios en cascada pueden agravarla. Una traducción de “la puja distributiva” que cambió en el imaginario oficial a finales de 2011.

Del otro lado, los gremios patalean porque el sueldo de 2012 quedó muy bajo, porque la inflación carcome los salarios. Y hacen cuentas que no computan sólo los sueldos iniciales, sino toda la escala.

El disenso no pudo zanjarse, en una tratativa que se hace contrarreloj, muy encima del comienzo de las clases. Esa “estacionalidad” es una de las dificultades que trae la PND “de fábrica”.

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La PND siempre hizo sudar la gota gorda a los funcionarios que la trajinan. Se hace a las apuradas, para dejar un margen de tiempo a las negociaciones en las provincias.

El básico inicial, subrayan en Educación, es percibido por el 8 por ciento de los maestros y sólo en diez provincias. Las demás superan el piso. Desde los gremios replican que esa referencia corrobora que el principal saldo de las negociaciones debe ser incidir en mayor igualdad en todos los niveles del escalafón, en todas las provincias. La cuestión es ver cómo la PND impacta “hacia arriba” en la escala. Añaden que casi todas las provincias traducen el “piso” de la PND como un techo o casi.

Los gobernadores alegan que el pacto con los docentes influye en los reclamos de otros empleados provinciales, incluidas las fuerzas de seguridad.

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En cualquier convención colectiva hay decenas de items que permiten correcciones parciales, mejoras no ostensibles a los aumentos generales: incentivos, presentismo, compensaciones... El Estado nacional no tiene ese “juego” que permite presentar un guarismo general y pintar una paleta de grises en su interior.

En la dinámica política es un tópico medir los porcentajes de aumento de sueldos para sopesar la influencia de los gremios, la combatividad de sus dirigentes, las proyecciones sobre la economía en general. Que una paritaria tan atípica esté fechada al principio de ese complejo proceso condiciona a los dirigentes y al Gobierno. Aquellos se cuidan de quedar como abdicantes, muy a la zaga del porcentaje (por ahora virtual) que consigan otros sindicatos, incluidos los de la actividad privada.

El Gobierno teme que el “piso” para las provincias funja de lo mismo para otras convenciones colectivas.

Este año suma un dato relevante, tras las divisiones de la CTA y de la CGT. Las representaciones de los trabajadores que se retiraron disconformes revistan en centrales obreras afines al oficialismo. Cuatro en la CGT que lidera Antonio Caló. La Ctera en la CTA que comanda Hugo Yasky. Una señal de la compleja trama de los acuerdos colectivos, de que la representatividad no se agota en los acuerdos con el Gobierno y de la gravitación de los reclamos de las bases.

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La coincidencia política general y la falta de consenso para acordar son leídas de distinto modo en los dos lados de la mesa. Funcionarios de primer nivel rezongan porque “los compañeros” no comprenden el esfuerzo realizado en toda la década ni las dificultades de la economía nacional y mundial. Piden un mayor compromiso con “el modelo” traducido en más transigencia.

Los sindicalistas resaltan los aumentos del costo de vida y el deterioro del valor adquisitivo de los sueldos, tergiversado por las estadísticas oficiales. En voz más baja, agregan que el Gobierno viene retaceando medidas a favor de los trabajadores en general. Se renuevan debates del año pasado o de data aún más larga. Puntean las asignaciones familiares, cuyo número de beneficiarios se reduce año a año. Y señalan que el aumento del mínimo no imponible de Ganancias, que regirá desde marzo, será absorbido por los incrementos de este año.

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La PND integra un combo de acciones reparatorias, entre las que resaltan el aumento del presupuesto educativo (6,47 por ciento del PBI el año pasado contra 3,64 en 2003) y el Fondo de Incentivo Docente.

La matrícula en colegios primarios roza el 100 por ciento. La educación secundaria, ahora obligatoria, muestra luces y sombras. Hay más alumnos, la repitencia y la deserción bajaron. El porcentual de egresados en tiempo y forma es del 44 por ciento de los alumnos. El problema es un clásico del siglo XXI en todas las latitudes, lo que no le quita importancia ni releva de buscarle soluciones.

El flujo constante de inversiones (lo importante no es el guarismo del PBI en un año, sino su continuidad y acumulación) irá sedimentando mejoras. Las políticas sociales inclusivas son parte de las movidas profundas para mejorar el sistema. La pobreza y la desigualdad se reparan, en parte, con la educación, aunque dialécticamente también dificultan su acceso y el tránsito en relativa paridad de condiciones.

El gobierno nacional ha concretado logros notables, quebrado una tendencia y amojonado el camino de horizontes mejores.

Al mismo tiempo, en un nuevo estadio cuesta sostener las innovaciones, corregir ciertos errores, aportar mejoras o cambios. Es una etapa cualitativamente superadora que por eso mismo crea exigencias nuevas y crecientes. Establece pisos que hubieran sido una fantasía años atrás. La paritaria docente, la que generó uno de esos pisos, forma parte de los desafíos que se deben afrontar. El saldo de este cierre fue un paso atrás, sus consecuencias y el reparto de responsabilidades se medirán durante todo el año.

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