El Gobierno confía en que el martes próximo se firmará el postergado acuerdo con los gobernadores. Así podrá cumplir con uno de los requisitos que impuso el FMI para otorgar la tan prometida asistencia financiera, y recién entonces, respirar un poco. El optimismo oficial se debe a que la mayoría de los mandatarios están dispuestos a aceptar la última propuesta, cuyo punto principal consiste en la coparticipación de un porcentaje del impuesto a las transacciones financieras. Según los negociadores del Ejecutivo, esto permitiría que se apruebe el presupuesto en una semana.
Si los pronósticos se cumplen, la gestión de Eduardo Duhalde habrá logrado su primer éxito en la compleja relación con los gobernadores, que en su momento sufrieron Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá.
El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, y su par de Economía, Jorge Remes Lenicov, continuaron ayer las negociaciones por el nuevo reparto de la coparticipación. En la reunión de Olivos, que terminó ayer a la madrugada, el Gobierno ofreció el 20 por ciento del impuesto al cheque, que según sus cálculos permitiría mantener el mismo nivel de coparticipación que reciben hasta ahora las provincias. Los gobernadores del PJ pedían el 30 por ciento, pero se mostraban proclives a negociar. El santacruceño Néstor Kirchner, uno de los más duros, lo había reconocido a la tarde: “Hay posibilidad de alcanzar un acuerdo. De uno a diez, se ha llegado a seis, siete”.
De cualquier forma, en el Gobierno reconocían que el avance en la discusión se debía a que Gabrielli les había pedido a los mandatarios del PJ que dejaran a un lado las demandas que no se refirieran a la coparticipación. Es que en la contrapropuesta que sus interlocutores habían elaborado en el CFI contenía varios puntos que el Ejecutivo consideraba imposibles de cumplir, al menos en el corto plazo. Uno de ellos, el pedido de la provincia de San Luis, que quería recuperar sus dólares atrapados en el corralito bancario.
El acuerdo de los gobernadores se concentraba en la supresión del piso de 1180 millones, y a la incorporación de nuevos gravámenes a los fondos coparticipables que se reparten entre la Nación y las provincias. En este aspecto, los mandatarios de la Alianza reclamaban que se incorporaran más impuestos a la coparticipación. “Nosotros lo que planteamos es la eliminación del piso pero la inclusión de toda la masa coparticipable. Queremos que en la masa entren todos los impuestos, y que en función de esto se hagan los porcentajes”, afirmó a Página/12 el gobernador mendocino, Roberto Iglesias. Los hombres del Gobierno no se preocuparon por el desacuerdo de los radicales. “Están presionando por el presupuesto”, argumentó uno de ellos a este diario.
Aunque el punto más conflictivo de la discusión es la pesificación de las deudas provinciales. Las provincias más endeudadas querían que sus débitos se pesificaran a 1 peso, pero el Ejecutivo les hizo saber que esa demanda era imposible. El FMI la vetaría sin ningún tapujo. La oferta del Gobierno consiste en pesificar a 1,40, con una tasa de interés anual del 4 por ciento más la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER), pero otorgando un período de gracia para el pago de capital –que comenzará en el año 2004– y para los intereses, un plazo hasta de septiembre de este año. Las provincias más endeudadas creen que esto es inviable.
El otro tema que ya está consensuado es la eliminación de los bonos provinciales. Según Economía, se implementará un “sistema monetario único” que permitirá que el Ejecutivo absorba los papeles de los distritos, como el Quebracho y el Cecor. Cuando esto se ponga en práctica, no se aceptarán más bonos como forma de pago de los impuestos nacionales. Esta decisión afectará a la provincia de Buenos Aires, cuyos famosos Patacones son los únicos que se están recibiendo para pagar gravamenes de la Nación.