El Senado recibió ayer a cinco organizaciones vinculadas con la Justicia y los derechos humanos, que manifestaron cuestionamientos al proyecto del Poder Ejecutivo para regular las medidas cautelares. Durante casi cuatro horas, el CELS, la ACIJ, la ADC, Fores y la Asociación de Abogados Laboralistas plantearon sus objeciones a la iniciativa, que obtuvo dictamen de comisión la semana pasada. Por el kirchnerismo defendieron la propuesta el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. La oposición, que la semana pasada había preferido ausentarse para denunciar la falta de debate, concurrió a la comisión y tuvo una mínima participación. El CELS criticó fundamentalmente que la redacción de las excepciones a las limitaciones a los amparos era demasiado “restrictiva”, y que esto podría perjudicar a sectores vulnerables afectando la tutela judicial efectiva de sus derechos. Según adelantó Alvarez, varias de las propuestas serán introducidas mañana en la redacción final, en la que también se tendrá en cuenta un texto presentado por el colectivo de jueces, fiscales y abogados denominado “Justicia legítima”.

Mientras en Diputados comenzaron a tratarse los otros tres proyectos, el Senado abrió ayer al debate una de las tres iniciativas que integran el paquete de “democratización” del Poder Judicial redactado por el Poder Ejecutivo. El jueves pasado, el plenario de comisiones de Justicia y de Legislación General emitió el dictamen sobre la regulación de las medidas cautelares tras la presencia de los funcionarios del Ejecutivo. Del encuentro no participó la oposición –que realizó sus críticas en conferencia de prensa– ni se convocó a otros especialistas. Sin embargo, las críticas vertidas públicamente por organismos como el CELS hicieron al oficialismo rever su posición y convocar nuevamente a la comisión. Posteriormente se sumaron otras organizaciones interesadas en marcar su postura, aportando más puntos de vista al debate.

“No creemos ni que estos proyectos solucionen todos los problemas de la Justicia ni que estén en peligro las instituciones. Creemos que hay que tener un poco menos de ópera italiana, un poco menos de tragedia española y un poco más de lectura específica de la letra de los proyectos para tratar de perfeccionarlos”, señaló Verbitsky al iniciar su exposición, acompañado de buena parte de la primera línea del CELS, incluidos el ex canciller Jorge Taiana, el titular de la CTA, Hugo Yasky, y los abogados Damián Loreti, Paula Litvachky y Diego Morales. El presidente del CELS rescató la necesidad de la reforma, aunque refiriéndose puntualmente a la regulación de las cautelares consideró que la ley podría traer problemas de constitucionalidad. “Aquí lo que ha habido es, tal vez, una redacción apurada, imprecisa o incompleta. Pero esto no afecta la intención de la reforma sino que la pone a salvo de estas objeciones que habían formulado”, agregó.

El proyecto del Ejecutivo regula las medidas cautelares en las que es parte el Estado, ya sea como demandante o demandado. Establece un límite temporal de seis meses –prorrogable por el mismo plazo– para la vigencia de estas medidas y exige un informe por parte del órgano estatal involucrado previo a su dictado. En caso de que el juez así lo considere, podrá determinar una medida “interina” hasta que el Estado emita ese informe. Una vez enviado, la medida “interina” cae, pudiendo el magistrado dictar una cautelar. Según la redacción original, estas circunstancias quedan exceptuadas cuando “la medida tenga por objeto la protección directa de la vida o la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentario”.

Este fue uno de los puntos más cuestionados ayer, por considerar que se trata de una redacción demasiado “restrictiva” de las excepciones, que podría perjudicar a sectores vulnerables afectando la tutela judicial efectiva de sus derechos. En el debate, el titular del CELS pidió modificar la redacción.

El secretario de Justicia, si bien acordó en la necesidad de modificar la iniciativa en el mismo sentido, no estuvo de acuerdo con la propuesta puntual. “Se meten acá otras discusiones que no son tales, y que permiten que la patria zocalera después diga las barbaridades que dice cuando habla de las cajas de seguridad, de los derechos de los jubilados, etcétera, que nada tienen que ver con este proyecto de medidas cautelares”, sentenció Alvarez, quien le recriminó al CELS no haber planteado antes sus cuestionamientos. Verbitsky respondió que no estaban al tanto de los proyectos y que se enteraron con al anuncio presidencial.

Recogiendo algunas de las críticas, el secretario de Justicia propuso reemplazar el término “protección directa de la vida...” por la “protección de la vida digna...”, ampliando así sus alcances. Por otro lado, se incluiría un párrafo en el que se establece “el deber de procurar una mayor celeridad” por parte del juez para definir la cuestión de fondo y así evitar que venza el plazo de la cautelar (doce meses máximo), sin la resolución definitiva. Además, en caso de medidas de fuerza de trabajadores, el Estado sólo puede solicitar una medida cautelar para que retomen sus tareas en caso de que se trate de garantizar el funcionamiento de “servicios mínimos”.

Luego del debate, siguió el turno de las otras organizaciones, que plantearon cuestionamientos en un sentido similar al CELS y que también esbozaron reparos respecto de los proyectos de modificación del Consejo de la Magistratura y de creación de tres tribunales de Casación que hoy se tratarán en el recinto. “Las restricciones a las medidas cautelares están muy lejos de consagrar el derecho a la vida”, señaló León Piasek, representante de la Asociación de Abogados Laboralistas. “Estamos dejando abierta la puerta para que en el futuro se puedan generar serios abusos a la defensa de los derechos humanos”, insistió Alvaro Herrero, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “Este proyecto no puede ser analizado sin hacerlo en conjunto con el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. El juez que tenga a cargo esas medidas cautelares podría ser removido por una mayoría simple”, advirtió Ezequiel Nino, de ACIJ. Desde el oficialismo, el senador Miguel Pichetto respondió que los sectores vulnerables quedan excluidos de las restricciones para obtener una medida cautelar y remarcó que la Corte Suprema, en el caso Clarín, determinó que las cautelares deben tener un “plazo razonable”. “Hay un lineamiento general, la Corte frente a ese tipo de medidas dijo que no puede durar eternamente. Hay una preocupación del máximo tribunal”, insistió Pichetto.

Tras el debate, la redacción definitiva quedará en manos de los legisladores, que el jueves tratarán el tema en el recinto.