Si el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 así lo considera, hoy podría ser el día en que se condene a un histórico dirigente gremial por usar su poder para asesinar a un militante que protestaba contra el trabajo precarizado. El ex secretario general de la Unión Ferroviaria José Pedraza escuchará la decisión de los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi sobre su responsabilidad en el asesinato del joven Mariano Ferreyra y las heridas que sufrieron otras tres personas, hechos ocurridos en el marco del ataque de parte de una patota que recibió un grupo de tercerizados de la línea Roca que intentaba, el 20 de octubre de 2010, reclamar mejoras laborales a través de un corte de vías. En diálogo con Página/12, tanto los abogados que representan a la familia de Ferreyra como los que querellan por los heridos, se mostraron confiados en que durante el debate lograron demostrar su hipótesis acusatoria.

Fueron 75 las audiencias que integraron el debate oral por la muerte de Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez –a quien una bala recibida en la cabeza durante aquel ataque la dejó en silla de ruedas– Ariel Pintos y Nelson Aguirre. Durante ocho meses casi exactos, las dos querellas, la Fiscalía y los defensores de los acusados –diez ferroviarios señalados como instigadores o integrantes de la patota responsable de los delitos y siete policías federales imputados por dejar liberada la zona y no actuar para prevenir los hechos– jugaron el juego que propone cada juicio oral.

Buscaron sostener o desmentir la prueba generada durante la investigación de la causa en etapa de instrucción, aportar nuevos elementos y desacreditar los pasos de los adversarios.

La instrucción

Dos días después de que Ferreyra cayera asesinado en las inmediaciones de la estación Hipólito Yrigoyen de la ex línea Roca, el expediente sobre su muerte y de las personas heridas durante el mismo hecho cayó en manos de la jueza federal Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño, que luego fue designada como secretaria en el Ministerio de Seguridad.

Dos meses después de iniciada la instrucción, siete de los diez ferroviarios que hoy esperan la decisión del TOC 21 ya estaban procesados: Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Salvador Pipito, Jorge González, Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño y Pablo Díaz. Por la celeridad del proceso, Maximiliano Medina, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la familia del joven militante del PO, consideró la instrucción como “sumamente positiva”: “Al cabo de pocos meses no solo se habían procesado a varios atacantes sino que también se había determinado la estructura del ataque y cómo se había conformado el plan” que derivó en la muerte de Ferreyra y las heridas del resto de los militantes.

El segundo paso, entendió Medina, fue “indagar sobre los motivos del ataque”. En febrero –cuatro meses después del asesinato– López detuvo a Pedraza y a Fernández, su número dos en el gremio. En marzo, los procesó junto al delegado Claudio Alcorcel.

En abril, Caamaño solicitó que se eleve a juicio el expediente, hecho que López concretó en mayo. A Pedraza y a Fernández los acusó de instigadores del crimen. A Díaz lo señaló como quien dirigió la patota del ataque en el territorio; Alcorcel fue el nexo entre Favale, los ferroviarios y el lugar de los hechos; Favale y Sánchez, los acusados de disparar y Uño y Pérez, de esconder las armas homicidas. A Pipito y a González los acusó de amedrentar a un equipo periodístico de C5N que trabajaba en el lugar. Para octubre, el expediente ya tenía fecha de juicio oral.

La tercera etapa de la instrucción llegó a la Policía. La investigación viró hacia la actuación de la Federal aquella mañana en Barracas,línea que culminó con el procesamiento de siete policías: Hugo Lompizano, Luis Echavarría, Jorge Ferreyra, Luis Mansilla, Gastón Conti, Rolando Garay y David Villalba. Tanto la querella del CELS como la de los heridos (abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional –Correpi– y de la Asociación de Profesionales en Lucha –APEL–) consideraron necesario y pertinente unificar ambos procesos en un mismo juicio oral, algo que consiguieron. “Era necesario por la acusación de participación necesaria que estuvimos desde un principio”, remarcó Medina.

El debate oral

Tras dos amagues, a principios de agosto de 2012 comenzó el juicio oral y público que, según la querella de los militantes de izquierda heridos, está marcado de “ausencias”. “Denunciamos desde el primer momento la actitud deliberada de la fiscal y del juzgado actuantes en la instrucción de proteger a los policías y de desvincular de la situación a funcionarios del gobierno nacional y a directivos de Ugofe”, empresa gestionadora de la ex línea Roca. Para esa querella, “los tres sectores, Estado, empresa y sindicato, están vinculados en el plan criminal creado para amedrentar a trabajadores”.

Ambas querellas se dieron por plenamente satisfechas a la hora de valorar el resultado de sus trabajos durante las más de 70 audiencias. Tanto los representantes de la familia Ferreyra como los de los heridos solicitaron prisión perpetua contra los ferroviarios y los policías. En cuanto a la patota, entendieron com variaciones de detalles, que los acusados tuvieron las mismas funciones que surgían de la elevación a juicio. En cuanto a los policías, ambos los consideraron a todos partícipes necesarios. Las defensas insistieron, de manera esperable, con la absolución de cada uno de sus acusados, aunque se diferenciaron, en algunos casos de manera llamativa, en los argumentos que utilizaron para sostener sus pedidos.

En ese sentido, Verdú destacó las contradicciones que se dieron entre los alegatos de diferentes defensores. “Lo que queda claro es que no hay una mismo relato contado por las defensas ni una misma posición”, remarcó. La más notable de las rupturas, teniendo en cuenta el desarrollo del juicio, fue la generada por la defensora oficial Florencia Heglin, de Favale, respecto del resto de la patota y de la dirigencia sindical:

“Heglin terminó diciendo que hubo un plan criminal en el que Favale fue el chivo expiatorio”.

Los defensores de los policías, en tanto, prefirieron la estrategia de descargar las responsabilidades sobre sus colegas. “Aprovecharon la estructura jerárquica hacia arriba, alegando obediencia debida, o hacia abajo, desde el principio de confianza”, consideró Verdú. Lo llamativo de la comparación entre las conclusiones de las defensas policiales y las sindicales es que para los primeros los hechos no habrían sido lo suficientemente graves como para que estos actuaran, mientras que para los otros lo sucedido el 20 de octubre fue “una batalla campal”.

El final

Medina destacó “la decisión de avanzar con el proceso de parte de la Justicia pese a los obstáculos, como los múltiples pedidos de nulidad del proceso esgrimidos por las defensas al inicio del juicio, e incluso el pedido de juicio político al tribunal de la defensa de Uño”. También se mostró esperanzado en obtener una definición “a la altura de las circunstancias”.

La abogada de Correpi, por su parte, insistió en que es necesario que las responsabilidades de los acusados se analicen “en conjunto, acorde a como funcionó el armado del plan en general”, ya que “si se analizan las conductas de cada uno de manera singular, siempre va a faltar algo”: “No se trata de las razones que recaen solo sobre Pedraza o Fernández, más allá de que muchas de sus acciones hayan sido probadas. Se trató de un plan criminal en el que participaron varios actores. No se los puede aislar”.