“Esta democracia está por cumplir treinta años y qué mejor momento para llevar democracia a ese poder que no ha discutido sus estructuras, que está encriptado y de espaldas a la sociedad”, dijo Ricardo Forster, referente de Carta Abierta, en el encuentro de intelectuales, científicos y académicos que se realizó ayer para apoyar las reformas en el Consejo de la Magistratura impulsadas por el Gobierno. “Es un enorme y positivo indicio que esto forme parte de la construcción colectiva, hago votos para que este debate se profundice, en ese sentido la facultad está abierta y ojalá el Ministerio de Justicia también lo propicie”, dijo como anfitrión Sergio Caletti, decano de Ciencias Sociales de la UBA, en cuyo subsuelo de la sede de Constitución se concretó la reunión. Ubicado detrás de Forster y Caletti pudo verse al rector de la UBA, Ruben Hallu.

“Rectores, decanos, académicos y científicos acompañamos los lineamientos fundamentales de la reforma judicial en tanto apunta a garantizar en los tres poderes del Estado el principio de la soberanía popular, en este caso garantizarla en el Consejo de la Magistratura”, arrancó Forster. “Celebramos la ampliación del número de académicos, los concursos públicos, el acceso de los ciudadanos a las causas judiciales y a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, la agilización del sistema de Justicia con la creación de nuevas cámaras y la regulación de las medidas cautelares”, agregó el filósofo y ensayista. A su criterio, “la sociedad está madura para abrir el debate sobre el Poder Judicial”, y destacó que los académicos “somos ciudadanos de a pie que creemos que también los jueces y los fiscales son ciudadanos de a pie”.

Por su parte, el especialista en criminología Juan Pegoraro ponderó la ampliación del debate de la problemática de la Justicia y agradeció que “nos hayan considerado a los académicos”. Tras cuestionar los rituales de la “familia judicial”, que es “un poder que se mira a sí mismo”, enfatizó que “no puede haber justicia en un orden social injusto, por eso son bienvenidos los cambios que abren el espectro”. En tanto, para Dora Barrancos, miembro del directorio del Conicet, “la academia también debe expresarse como estado de ciudadanía”, y destacó los tres tercios proporcionados en que quedaría dividido el Consejo según los estamentos que lo integran. Barrancos dijo que este Poder Judicial “no interpreta los nuevos derechos que ampliaron ciudadanía”, y aclaró que “los actos super corporativos son dañinos”, incluso si provinieran del ámbito académico o universitario. “Necesitamos una apertura democrática de todos los sistemas de este país. El derecho se hizo para los seres humanos, por eso toda la sociedad debe participar”, concluyó.

A su turno, el historiador Gabriel Di Meglio afirmó que “el bicentenario de la Asamblea del año XIII no es sólo una efeméride escolar, sino un intento de salir de las lógicas del clero, los cabildos, los militares que se juzgaban a sí mismos, de terminar con los títulos de la nobleza y de romper con la sociedad colonial, y aunque la llamada Justicia republicana lo justifica con el argumento de la idoneidad, la realidad es que se formó en aquellos viejos modelos de corporación con un funcionamiento autónomo y de cooptación negativos respecto de la función que debe cumplir”. Luego de reconocer que el Poder Judicial es el más débil de los poderes, el último en formarse y el más vulnerable a los embates de los demás y que en la cultura anglosajona del checks and balances (controles y contrapesos) y la lógica republicana del equilibrio de los poderes está para equilibrar a los otros, Di Meglio planteó que el problema consiste en cuál es el balance interno de ese poder. “Al quedar en manos de una misma corporación, por más heterogénea que pueda ser, puede amparar otro tipo de cuestiones, como dicen, no nos vamos a pisar la sábana entre fantasmas”, acotó disculpándose por la referencia “poco académica”. El historiador afirmó que “así como el Poder Judicial no funciona y sus miembros pretenden que nada cambie, claramente el Consejo de la Magistratura tampoco funciona, y por eso su modificación es algo sano y casi urgente”.

Antes del cierre, el físico Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, leyó los argumentos con los cuales el proyecto de ley oficial eliminó el requisito de ser abogado para el estamento de los académicos aspirantes a integrar el Consejo. “Los conflictos que allí se dirimen involucran a toda la población” y por eso propone “el abordaje interdisciplinario para enriquecer las soluciones y respuestas posibles”. Y mencionó que la Constitución misma es la que habilita a hacerlo, en su artículo 24, en respuesta a los cuestionamientos opositores de inconstitucionalidad. “El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un comité de ética que aborda asuntos técnicos, pero en su composición hay un jurista y un escritor, porque justamente se pensó que había que incorporar otras miradas para tratar temas tan complejos”, ejemplificó.

Por último, habló el rector de la Universidad de Cuyo y presidente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), Arturo Somoza, quien opinó que quienes se oponen a la reforma lo hacen por “oportunismo político”. En su visión, “para el sistema universitario es natural la mirada interdisciplinaria, empezando con su sistema de gobierno integrado por los distintos estamentos, por lo tanto en la lógica del funcionamiento del Consejo de la Magistratura los que participen no tienen por qué ser todos expertos en derecho”.

Estuvieron presentes, además, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Glenn Postolski; la decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, y la socióloga María Pía López, de Carta Abierta. Y fue notoria la presencia de rectores, decanos y profesores de universidades de todo el país. Algunos otros referentes del ámbito académico habrían preferido no participar hasta tanto no quedaran plasmadas las objeciones que planteó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la iniciativa oficial que apunta a restringir las medidas cautelares que se debatía ayer en el Senado.