El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer nuevos allanamientos vinculados con la investigación por presunto lavado de dinero que gira alrededor de los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, y decidió destinar personal policial de “consigna” para establecer una “custodia” sobre los cinco lugares requisados. Según trascendió, la mayor cantidad de documentación secuestrada por sus vinculaciones con la investigación se encontró en las oficinas de la financiera SGI, ubicada en el edificio Madero Center, en el barrio porteño de Puerto Madero. El operativo está vinculado con información provista por más de veinte reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Ayer al mediodía, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria regresó al edificio ubicado en la calle Juana Manso 555, donde ya había estado realizando un operativo en el marco de la misma causa el jueves por la noche. Allí, se recopilaron “decenas de documentos” sobre operaciones financieras nacionales e internacionales, que ahora quedarán en manos de los investigadores de la fiscalía a cargo de Ramiro González, quienes se preparaban para analizarlos.

Como parte de esos procedimientos también fue allanada ayer una casa a nombre de Fariña en la ciudad de La Plata. Con lo actuado durante la jornada, “no quedan medidas pendientes” en relación con lo solicitado por el requerimiento formulado el jueves por el fiscal, y ordenado por el juez, que incluyó sendos pedidos de indagatoria para Fariña y Elaskar. El llamado a declarar para ambos financistas quedó supeditado al análisis de la documentación secuestrada en las últimas cuarenta y ocho horas.

El planteo del fiscal González se hizo en base a unas veinte carpetas de Reporte de Operaciones Sospechosas que estaba en curso en la UIF antes de que el caso saltara a la luz pública. De todas formas, la causa cambiará de manos el miércoles próximo, ya que regresará de una licencia Guillermo Marijuán, el fiscal natural del caso. Marijuán instruyó la causa por la que fue condenada la ex ministra de Economía Felisa Miceli.

En tanto, el diputado radical Manuel Garrido –ex Fiscal de Investigaciones Administrativas– solicitó al Banco Central información sobre las características y el alcance de la disposición de suspensión de las operaciones cambiarias de SGI. “Queremos saber cuáles fueron los motivos que dieron lugar a que el BCRA suspendiera las operaciones cambiarias”, exigió el legislador.