En la reunión de la OIT que se está desarrollando en Ginebra, representantes de los trabajadores y de los empleadores están teniendo fuertes debates sobre las atribuciones de los órganos de control del organismo, discusión en la que están en juego, entre otras cosas, los alcances del derecho de huelga.

Este año, el Grupo de los Empleadores es presidido por el argentino Daniel Funes de Rioja. El empresario criticó el trabajo realizado por la Comisión de Expertos que cada año opina sobre las denuncias contra los países miembros acusados de haber incumplido convenios o resoluciones de la OIT. La opinión de los expertos es enviada a la Comisión de Aplicación de Normas del organismo, que luego confecciona una “lista negra” de países denunciados y puede recomendar sanciones.

En su cuestionamiento, Funes de Rioja aseguró que los expertos se han excedido en sus atribuciones. “Ellos sienten, en algunos casos, que son jueces internacionales”, planteó. Agregó que el año pasado esto hizo entrar en crisis al sistema, cuando no hubo lista de países denunciados debido a los desacuerdos en torno de las opiniones de esa comisión sobre los alcances del derecho de huelga.

Sin embargo, para los representantes gremiales que participan de la reunión, detrás de estas discusiones hay un intento de los empresarios de debilitar el sistema de control de la OIT, para poder avanzar así sobre derechos laborales.

“El sector empleador mantiene una posición muy rígida y fuerte contra el derecho de huelga y quiere avanzar sobre el derecho de los trabajadores públicos, negándoles el derecho de huelga y de negociación colectiva”, aseguró Pedro Wasiejko, de la CTA que conduce Hugo Yasky.

Según Wasiejko, esa posición de los empleadores puede esconder un ánimo de “revancha” por tener por primera vez la OIT un director general (Guy Ryder) que fue sindicalista, o bien porque “creen que con determinada normativa generada en el sector privado pueden tender a reemplazar el diálogo social” que se produce en el seno de la organización tripartita de las Naciones Unidas y, de esta forma, “concentrar el poder”. También los representantes gremiales de la CTA que conduce Pablo Micheli consideran que el Grupo de Empleadores está buscando “boicotear y lesionar el sistema de control de la OIT”.

La lista de países cuestionados se conforma a partir de denuncias que pueden provenir de cualquiera de los tres grupos que integran la OIT (trabajadores, empleadores y gobiernos) contra cualquiera de estos mismos tres grupos, juntos o separados, en un país determinado. Este año se confeccionó la lista con denuncias de incumplimientos a los convenios sobre libertad sindical (por ejemplo en Guatemala), discriminación (Irán, Corea y otros), trabajo forzoso (Paraguay), trabajo infantil (Senegal) o política de empleo (España).

Si bien se logró armar el listado, las discusiones fueron muy agudas. Los 25 casos serán evaluados por la Comisión de Aplicación de Normas hasta el lunes 17, cuando comiencen las sesiones plenarias de la conferencia y las recomendaciones sean sometidas a votación.

Gerardo Martínez, titular de la Uocra y miembro del Consejo de Administración de la OIT, aseguró que el Grupo de Trabajadores será “severo” a la hora de evaluar en la Comisión de Aplicación de Normas la persecución sindical que se produce en algunos países de América latina.