Mañana debería empezar en Córdoba un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Es un desprendimiento de la causa por el fusilamiento de seis presos políticos de la UP 1, asesinados el 17 de mayo de 1976 con el falso argumento del “intento de fuga”. Parte de los acusados ya fueron juzgados y condenados en un debate anterior, entre ellos el ya fallecido dictador Jorge Rafael Videla. Este nuevo tramo se inicia para juzgar a dos policías por la responsabilidad en los traslados de los prisioneros. Hasta anoche, sin embargo, no se sabía si el juicio iba a empezar. La querella y la fiscalía pidieron la suspensión. Entre otras razones, objetan un informe médico que le permite a uno de los dos acusados ser apartado del debate por supuestas razones de salud.

“Estamos pidiendo la suspensión de la audiencia porque somos querellantes de dos de las víctimas y no fuimos notificados de los trámites del juicio”, dijo Claudio Orosz a Página/12. “Esta causa es un desprendimiento de la ‘causa Videla’ por el primer asesinato en la cárcel San Martín. En ese tramo del debate había quedado en suspenso la investigación de los choferes que sacaron a los presos del penal. Nosotros nos enteremos de que de los dos acusados sólo uno llega a juicio y el otro que llegó a ser comisario mayor zafó del juicio por las pericias. No estaríamos pidiendo esto si en el juicio al menos estuvieran presentes los dos imputados, pero en esta situación estamos pidiendo la nulidad.”

Los imputados en el juicio son el ex cabo del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia Juan Domingo Ayala, acusado como coautor de los homicidios agravados. Y Jorge Alberto Zalazar, entonces comisario y luego ascendido a comisario mayor.

Cuando la causa pasó a instancia oral, el Tribunal ordenó hacer pericias médicas. Una junta determinó que Zalazar no podía enfrentar el juicio por una incapacidad mental. Entre otras cosas, la querella cuestiona este aspecto. Como durante toda la instrucción nunca fueron tenidos como parte, a la hora de las pericias no pudieron controlar los exámenes con peritos propios.

La fiscal del juicio es Graciela López de Filoñuk, la misma fiscal que actuó en la instrucción y fue convocada para la etapa oral. En total acuerdo con la querella, ella misma anoche preparaba un escrito para adherir a la nulidad.

Las víctimas de la causa son Diana Beatriz Fidelman, Miguel Angel Moze, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Svagusa, quienes estaban presos en la unidad penitenciaria San Martín, UP 1. De acuerdo con los datos del expediente, a las 19 horas del 17 de mayo una comisión policial integrada por efectivos del Comando y del Departamento de Informaciones Policiales (D2) se trasladó hasta la UP 1 para retirarlos y llevarlos a dependencias de la D2. Uno de los vehículos era conducido por Ayala. Los fusilaron en el trayecto. Durante el primer juicio apareció documentación que permitió abrir nuevas imputaciones. Al comienzo eran seis los imputados. Para cuando empezó la instrucción de este tramo de la causa, tres estaban muertos. Un cuarto murió en noviembre del año pasado. Ahora sólo quedan dos. El juzgado de instrucción de esta etapa residual no notificó de las actuaciones a la querella, por lo que técnicamente la dejó afuera. Eso no sólo les impidió, por ejemplo, poner un perito de parte para controlar los exámenes médicos, sino también ofrecer prueba para el debate. La querella de Orozs representa a Moze y Svagusa; el resto de las víctimas no tiene querellantes.