Miembros de la filial de Justicia legítima de las ciudades bonaerenses de La Matanza, Merlo y Morón crearon un proyecto de ley para que el Estado identifique cuántos y quiénes son los magistrados y funcionarios (judiciales) que hayan jurado desempeñar su cargo por los lineamientos establecidos por la última dictadura cívico-militar argentina y sobrepasen los 62 años, y les pida el retiro jubilatorio. “Algunos pasan los 70 años, ¿por qué siguen ocupando cargos, cuando pueden jubilarse con sueldos de más de 40 mil pesos mensuales? ¿Por qué se aferran?”, se pregunta el abogado penalista Enrique Viviano Hidalgo, integrante de Justicia legítima del Oeste y uno de los responsables del proyecto. Apostaron al Poder Ejecutivo de la provincia para convertirlo en ley y por eso lo entregaron en mano al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto.

El proyecto de ley pone el ojo en los eslabones judiciales de la cadena del terrorismo de Estado que actuó en el país entre 1976 y 1983 y en su persistencia dentro de la Justicia durante las democracias subsiguientes.

En su fundamentación, el documento de Justicia legítima del Oeste indica que, desde el 24 de marzo de 1976 el Poder Ejecutivo “fue reemplazado por militares y funcionarios civiles”, y el Legislativo “suprimido”. Sin embargo, “el Poder Judicial ha sido el único poder que no fue tocado por la dictadura, e incluso fue fortificado”, evaluó a este diario Viviano Hidalgo.

¿Por qué?: “En el comienzo de la dictadura se despidió por telegrama a numerosos jueces designados entre 1973 y 1975”, vacantes que fueron cubiertas por “abogados que juraron fidelidad al estatuto del (autodenominado entonces) Proceso de Reorganización Nacional”, argumenta el proyecto, que aventura que “la mayoría de los nombrados y confirmados por la dictadura siguieron en funciones, convalidados por los gobiernos democráticos”.

El objetivo de la iniciativa es, como primer paso, saber quiénes y cuántos son esa “mayoría” planteada en el texto a través de un pedido de informe a la oficina de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. “Sabemos que no son muchos por departamento, pero que están en puestos clave. En nuestro departamento (el judicial de Morón), un territorio plagado de centros clandestinos, el fiscal general actual era fiscal de Cámara puesto por la dictadura. El cómplice necesario de los secuestros en La Matanza, Morón y Merlo. Tiene más de 80 años. ¿Por qué la democracia permite que siga en el cargo el encubridor de los campos clandestinos de detención?”, se pregunta el abogado defensor.

Una vez identificados, el proyecto de ley propone que se invite a acceder a la jubilación a los que están en edad según la ley. Para el colectivo, la ley “debiera, en preservación de la democracia, obligar a jubilarse a todos los jueces y funcionarios que juraron por el estatuto de la dictadura, que tengan más de 62 años y estén en condiciones de acogerse a la jubilación conforme los requisitos de la ley 7918/72”.

Desde el proyecto de ley, el colectivo asegura que quienes juraron por los lineamientos ideológicos de los genocidas “en forma absolutamente consciente o desaprensivamente cooperaron con el funcionamiento del Estado terrorista y siguieron decidiendo la justicia con su formación ideológica desde aquellos años hasta la actualidad”.

“Se trata de aquellos que han gozado de toda inmunidad, que han sido incluso partícipes necesarios de la dictadura”, señaló Viviano Hidalgo, quien se preguntó “¿por qué si tienen tanta edad, hasta 80 años algunos, y tienen la posibilidad de jubilarse con un sueldo de 40 o 50 mil pesos por mes siguen en sus cargos? Su presencia en los puestos que ocupan formatea la mente de los más jóvenes integrantes de la Justicia. Son quienes demuestran que nunca les pasó nada”. El defensor penal apuntó que dejaron en manos del oficialismo bonaerense el recorrido de la iniciativa hasta convertirse en ley, que ya está en manos del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, se lo entregaron durante la jornada de debate sobre la Justicia que se desarrolló a principios del mes pasado en la Universidad Nacional de La Matanza y del que participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.