El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, denunció ayer a la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, por “desobedecer” la orden judicial que lo obliga a reacomodar la grilla de canales que ofrece en sus servicios de televisión por cable y a integrar en ella a un conjunto de señales de televisión abierta que hasta ahora no incluye. “Se trata de una empresa de Clarín, el monopolio que habla permanentemente del respeto a la ley y las instituciones y no hace más que violarlas sistemáticamente”, remarcó Sabbatella.

El titular de la Afsca presentó ayer a la mañana en el despacho de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7 de Comodoro Py el escrito en el que denuncia la “desobediencia del artículo 239 del Código Penal” de parte de uno de los elementos del multimedios, producto del “reiterado incumplimiento a la orden judicial de fecha 16 de mayo de 2012 y confirmada el 6 de junio de 2013 consistente en adaptar la grilla de canales a lo establecido en la resolución 296/Afsca/10”, según determina el texto. En este caso, la compañía proveedora de televisión por cable “desobedece” la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el artículo 65 inciso b del decreto 1125 que la reglamenta, y en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de la resolución 296 citada en la conclusión de la denuncia, emitida hace poco menos de tres años por la autoridad federal. En todos ellos se plantea el orden en el que deben ir dispuestas las señales televisivas en las grillas ofrecidas.

No bien se reglamentó la reestructuración de las grillas de todo el sistema de televisión por cable, Cablevisión intentó, a través de amparos que cuestionaron la adecuación de su grilla, desactivar su obligación frente a este punto, y si bien la Justicia no le dio la razón, hizo caso omiso. Aún hoy continúa sin ofrecer a sus usuarios la señal de cine IncaaTV, la infantil Pakapaka, los canales de noticias TeleSur y CN23 TV y el de información general 360TV.

“Al hacer caso omiso a lo que manda la Justicia, Clarín se burla del derecho a la información, de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación de millones de argentinos y argentinas a los que deja sin la posibilidad de acceder a un montón de contenidos audiovisuales” emitidos por las señales que no ofrece, evaluó Sabbatella, quien además calificó la actitud de la empresa que integra el multimedios como “un ataque permanente a las instituciones, a los poderes del Estado y a la democracia”.

En mayo del año pasado, el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 9 ordenó a la compañía, a través de una cautelar, adecuar su lista de canales “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo” en relación con la modificación del orden de los canales. En junio, la Afsca envió una carta documento a la empresa, instándola a que cumpla con lo ordenado por el juez federal Pablo Cayssials. Hacia fines de ese mes, el magistrado se expresó en el mismo sentido e impuso a Cablevisión un límite de 72 horas para adecuar su grilla. Sin reacción alguna, en julio advirtió a la compañía que la persistencia en esa postura implicaría la comisión del delito de desobediencia y la sancionó con una multa de 20 mil pesos por día de retraso en la adecuación a los artículos de la norma.

“¿Quién viola la ley y la Justicia?”, se preguntó Sabbatella al comparar el accionar del Estado y del Grupo Clarín frente a la presencia de una medida cautelar. “Frente a la existencia de una cautelar de Clarín que está frenando la aplicación completa de la ley de medios, el Estado acata lo que manda la Justicia y se mantiene expectante. Clarín, en esa misma situación, decide hacer lo que quiere”, reforzó.

Cablevisión apeló la última decisión de Cayssials, pero fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Tampoco hubo acatamiento. “La empresa desobedeció la orden judicial, manteniendo el orden de los canales conforme su propio interés, sin respetar la grilla dispuesta por el organismo que represento”, planteó Sabbatella en la denuncia radicada ayer, que solicita al fiscal federal Ramiro González que investigue a Cablevisión por un delito que, de probarse, implica entre 15 días y un año de prisión para el responsable. “Clarín podía definir el rumbo de nuestro país con la presión de sus tapas y su poderío mediático. Lo que no aceptan es que no mandan más, no deciden más, porque desde el 25 de mayo de 2003 es el pueblo quien lo hace”, consideró Sabbatella.